Pantalones largos para la Justicia bonaerense
Los jueces de la provincia deben ponerse a la altura del actual momento y no demorar la resolución de escandalosas causas, como la de Insaurralde
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LA NACION
Mientras la crisis económica impacta con fuerza arrolladora sobre los argentinos, pocas cosas son capaces de reconciliarnos por unos instantes con la dura realidad. Que se sigan destapando las ollas en las que tantos abrevaron por largo tiempo siempre es un buen motivo de celebración, valioso por cierto si la Justicia avanza a fondo y sin demoras imponiendo ejemplaridad en los castigos.
El escándalo de Martín Insaurralde sembró pánico en el kirchnerismo en plena campaña electoral, a fines de septiembre último, cuando se conocieron detalles de sus obscenas vacaciones de lujo en Marbella. A partir de al menos cinco denuncias en diferentes juzgados del país, se lo investiga por los supuestos delitos de enriquecimiento ilícito de funcionario público, contrabando, evasión fiscal, defraudación a la administración pública y lavado de activos. Las más avanzadas serían las actuaciones que se tramitan ante el Juzgado Federal Nº 2 de Lomas de Zamora a cargo del juez federal platense, el subrogante Ernesto Kreplak. Federico Villena, el magistrado que recibió la primera denuncia por el caso, debió apartarse por su amistad con Insaurralde y porque la primera esposa del tres veces intendente de Lomas de Zamora es prosecretaria de su juzgado.
A Insaurralde le resulta imposible explicar su fastuoso nivel de vida. La fiscalía antilavado emitió un lapidario informe dando por probado su enriquecimiento injustificado
Con ingresos mensuales de unos 1800 dólares como jefe de Gabinete bonaerense, a Insaurralde le resulta imposible explicar su fastuoso nivel de vida. La fiscalía antilavado emitió un lapidario informe dando por probado su enriquecimiento patrimonial injustificado. Se detectó también que empresas contratistas del municipio lomense estaban ligadas a bienes que él usaba como propios. Del informe que realizó la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo de Diego Velasco, se desprende la “aplicación de los fondos resultantes al mercado económico formal con apariencia de licitud y con la interposición de personas jurídicas y humanas para disimular el origen ilícito de los fondos, constitutivo de un esquema de lavado de activos”.
Sobre la base de la ampliación de pruebas solicitada, el buen trabajo del fiscal federal Sergio Mola permitió confirmar que solo el año pasado el exintendente de Lomas de Zamora gastó 82.000 dólares en pasajes aéreos, incluido el viaje a Marbella con la modelo Sofía Clérici, con quien compartió travesía en el exclusivo yate Bandido, por cuyo alquiler abonó más de 13.000 euros. En esa escandalosa semana gastó unos módicos 57.000 dólares. Según surge de la investigación, hubo pasajes aéreos abonados con tarjetas de crédito emitidas en Estados Unidos a nombre de la empresa Forest Travel Agency Inc., de Miami, y Forest Travel LLC, maniobras habituales para ocultar el origen del dinero.
La batería de 18 pruebas solicitadas por el fiscal incluyó exhortos a Estados Unidos, Suiza y España, allanamientos, valuaciones fiscales y declaraciones de testigos. A partir de todo esto, podrán pedir la indagatoria. En la mira de Mola está incluso el fastuoso casamiento del exdiputado del Frente de Todos con la modelo Jésica Cirio en 2014. Ha pedido asimismo el levantamiento del secreto bancario, fiscal y bursátil de la empresa Kideza, dedicada a proveer de luminarias de varios municipios del Gran Buenos Aires, y procedimientos en media docena de compañías más (Revilier SA, Viani SA, Doio SA, Sasaxa Libero SA, EMA, Servilium UTE), y ha allanado la administración del country en la localidad de San Vicente donde Insaurralde está actualmente refugiado, a pesar de no figurar en su declaración jurada de bienes, así como un departamento en Puerto Madero que también ocupó, y la casa de Clérici en Nordelta, evaluando que podrían haber sido comprados “en secreto” y no a título personal. Bajo la lupa está también la coqueta oficina en Arroyo y Suipacha, vecina de la de Juan Pablo Peredo, personaje ligado al mundo del juego al que Insaurralde ubicó en el estratégico Tribunal de Cuentas de la provincia. Insaurralde negó en la Justicia tener un lujoso penthouse en Miami, en el que se vio a su exesposa Cirio, cuyo propietario sería un abogado que dice no conocerlos.
Mientras los dineros de todos van a parar a los bolsillos de los ladrones de turno, a Kicillof no le alcanza el presupuesto y aumenta los impuestos
A todo esto, la Cámara Federal de Casación Penal ya confirmó la inhibición general de bienes sobre Insaurralde, Clérici y Cirio. Los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo declararon inadmisible el recurso interpuesto por la defensa de su exesposa.
Mucho tiempo pasó desde la época en que el suegro de Insaurralde, Hugo Toledo, fue un poderoso ministro de Obras Públicas durante la gobernación de Eduardo Duhalde. A su amparo comenzó un derrotero de vastas ramificaciones, ligadas para muchos al juego y también al comercio ilegal, dos actividades que mueven fortunas. Más recientemente, tampoco pudo desentenderse del millonario sistema de recaudación detectado en la Legislatura bonaerense que aguarda resolución judicial. Apenas algunas puntas conocidas de un entramado tan oscuro como rentable que ofende y convive con millones de bonaerenses que carecen de la atención sanitaria que necesitan, muchos obligados a comer de la basura, víctimas de una rampante inseguridad, inundados sin remedio y, sobre todo, sin la educación que les asegure a ellos o a sus hijos el mejoramiento de sus condiciones de vida.
Cuando hablan de combatir la pobreza, pareciera que muchos funcionarios solo se refieren a la propia, capaces de ostentar riquezas sin ninguna vergüenza ni disimulo. Desgraciadamente, la conveniente falta de educación en la que décadas de desgobierno sumieron a la población sirvió también para alimentar esos funestos modelos aspiracionales, capaces de asegurarles un triunfo en las urnas a personajes como Axel Kicillof, tan responsable como sus subordinados, o a Federico Otermín, dilecto discípulo de Insaurralde que se hizo de la intendencia lomense.
La ciudadanía espera de la Justicia agilidad, probidad y coraje, no complicidad
Mientras los dineros de todos van a parar a los bolsillos de los ladrones de turno, a Kicillof no le alcanza el presupuesto y aumenta los impuestos. Nadie duda de que solo una ínfima parte de cientos de escandalosas situaciones salen a la luz, mientras los botines quedan debidamente resguardados en paraísos fiscales. Un ciudadano debe explicar con qué dinero accedió a comprar un monopatín mientras ellos se apropian de recursos públicos para comprar propiedades, autos de alta gama y objetos suntuarios sin control alguno. ¿Y alguien puede todavía preguntarse por qué triunfó Javier Milei?
La Justicia bonaerense no puede demorar la resolución de causas emblemáticas y debe garantizar el fin de la impunidad para tantos siniestros personajes, una verdadera burla a quienes a diario trabajan con esfuerzo por un país mejor. Tiene que ponerse a la altura del momento histórico que transitamos. La ciudadanía espera de ella agilidad, probidad y coraje, no complicidad. Solo una Justicia de pantalones largos puede devolvernos la confianza en las instituciones de la república castigando a quienes descaradamente roban para deshonra del mandato ciudadano.
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