Pagar por los derechos de autor

La revolución digital ha cambiado la velocidad, el ritmo, los modelos de negocios y, hasta para algunos responsables de la dirección de medios, la percepción sobre cómo debe configurarse el universo informativo que cabe difundir sin perder estilo ni identidad. Esto se sabe en los diarios y también en revistas, radios y canales de televisión.

Hay en ese sentido un pasado que quedó atrás y sobre el que no habrá retorno. Hoy estamos flotando sobre una nueva ola de cambios imparables, que después de años de amagar con tomar forma, comenzó a desenvolverse en marzo de 2019, con la directiva del Parlamento Europeo sobre derechos de autor en el mercado digital.

Tal superestructura nacional delegó en los parlamentos de los países miembros la aprobación de leyes destinadas a regir en la materia dentro de sus respectivas jurisdicciones. Francia, que se había adelantado a muchos países en el mundo en debatir estas cuestiones, dictó en octubre del año último una ley en el sentido establecido por el Parlamento Europeo. Y, ahora, la autoridad francesa de defensa de la competencia ha reconocido el derecho de los editores de medios a percibir remuneraciones de los agregadores de noticias -Google, Facebook o la organización que fuere, después de una negociación entre partes, por las noticias, las fotografías, las imágenes, los videos y cualquier otro tipo de contenidos que hayan usufructuado sin pagar por la creatividad periodística de aquellos.

Los grandes agregadores han desarrollado políticas de apoyo e inversión en los medios periodísticos actuantes en el mundo digital. Lo recuerdan casi a diario y es verdad lo que dicen. Han tenido en los tiempos más recientes, acosados en el Congreso norteamericano aunque por distintas razones, una política inteligente, pero de efectos parciales. Parecería que empiezan a comprender que el uso gratuito de los contenidos producidos por los medios se corresponde a una etapa fundacional que no puede prolongarse por más tiempo.

La flamante resolución de la autoridad administrativa francesa dice que Google debe pagar por usar las noticias generadas por los medios, previa etapa de negociaciones sobre la remuneración que corresponda en cada caso abonar. Advierte que las negociaciones deberán ser hechas de buena fe y otorga tres meses para finiquitar el trámite. Hace retroactivos los alcances de la resolución al 24 de octubre del año último, advierte que Google se habría aprovechado de una posición dominante término jurídico emparentado con el concepto de monopolio, y que ese punto se resolverá cuando llegue el momento de juzgar sobre la cuestión de fondo de la controversia.

No ha impedido esto a la autoridad francesa hablar de "un ataque grave e inmediato a la prensa". Ha conminado a Google a presentar informes mensuales sobre el desarrollo de las conversaciones a que la instó a mantener con los demandantes: el sindicato de editores que integran, entre otros, Le Figaro, Le Monde y Les Echos, más la agencia France-Presse.

A pesar de que las diferencias han tendido cada vez más a ventilarse en los tribunales, los medios y Google preservaron una política de cordialidad y búsqueda de coincidencias en temas delicados como el de la publicidad en las plataformas digitales. Pero una cosa es contar con la buena voluntad de los agregadores de replantear las relaciones después de tantos años de aprovechamiento gratuito de los contenidos periodísticos de los medios y otra, bastante distinta, que esa política se instrumente por imperio de la ley y la interpretación que de esta hagan los jueces y no por concesiones graciosas de quienes disponen de posiciones dominantes.

En ese sentido la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) ha realizado en el plano legislativo, judicial y político un esfuerzo de esclarecimiento del que han tomado nota otras organizaciones periodísticas del continente. Lo ocurrido en Francia aporta un impulso decisivo a la etapa que se abrió con vacilaciones justificables en medio de una revolución de las comunicaciones, que no cesa de aportar novedades.

Vamos, entonces, hacia una era en que los creadores de textos, de fotos, de obras de arte y de libros tanto como de música hallen en la eficacia de la ley el reconocimiento de los derechos de autor en plataformas inexistentes en los tiempos de las primeras legislaciones que los ampararon.