Otro golpe a la calidad institucional
LA NACION
La UIF ha caído en manos de quienes solo buscan utilizarla para fines políticos y se ha convertido, una vez más, en una amenaza para la República
No nos cansaremos de advertir sobre la importancia de mantener la independencia de los organismos de control. En las repúblicas modernas, emplazados dentro de cada poder del Estado, estos ejercen contrapesos adicionales y contribuyen a limitar cualquier abuso de autoridad. Para resultar eficaces precisamente en su función de contrapeso, deben ser independientes con el fin de protegerse de la indebida injerencia de la política o de los funcionarios de los gobiernos.
Entre los organismos internos de control, la Unidad de Información Financiera (UIF) es quizás uno de los más relevantes. Su función es prevenir e impedir el lavado de activos y evitar la financiación del terrorismo; es decir, los delitos que comprometen la estabilidad e integridad del orden económico y financiero establecido. Dichos delitos ponen en riesgo tanto la seguridad pública como la seguridad nacional, afectando gravemente la convivencia pacífica de los argentinos y contaminando la calidad institucional, pues jaquean el Estado de Derecho y la solidez de la democracia.
Es la UIF la responsable de prevenir e impedir que estos delitos se concreten y cuenta para ello con facultades excepcionales a la hora de regular, supervisar, sancionar, acceder a información, realizar inteligencia financiera y querellar penalmente a sus responsables. Sin una sana autonomía e independencia operativa, por las facultades extraordinarias que ostenta, más que en el guardián de la integridad financiera que debiera ser, la UIF se convierte en un auténtico peligro para la sociedad.
Que una UIF viole el secreto e informe a un presidente sobre operaciones de una empresa que se pretende expropiar es un gravísimo acto delictivo
El valioso intercambio internacional de información en materia de antilavado y de financiación del terrorismo se sustenta sobre una base de confianza que requiere de organismos como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), dedicados a la evaluación periódica, en nuestro caso el próximo año, de las operatorias locales. Vulnerar los principios y compromisos globales asumidos podría incluso agravar la situación económica nacional, por efecto de las consecuencias de mercado que una sanción internacional en estos temas acarrea.
La UIF estuvo, hasta enero de 2020, en manos de Mariano Federici y María Eugenia Talerico, quienes supieron devolverle su perdida credibilidad, ajustando los métodos de trabajo a los estándares y mejores prácticas internacionales. En julio de 2019, Federici había sido designado por sus pares en el mundo para presidir el prestigioso Grupo Egmont, que nuclea a las 165 UIF a nivel internacional. Su designación fue avalada por unanimidad y representó un voto de confianza sin precedente para la Argentina en esta materia. Uno de los aportes más importantes de Federici durante su mandato al frente del Grupo Egmont fue, precisamente, su trabajo dirigido a fortalecer la comprensión respecto del correlato entre la autonomía e independencia operativa de las UIF como fundamento de su efectividad.
Sin embargo, en diciembre último, Alberto Fernández anuncio que Federici y Talerico serían desplazados y propuso para su reemplazo al abogado Carlos Cruz, amigo suyo y representante legal del sindicalista de los encargados de edificios y presidente del PJ porteño, Víctor Santamaría. Es vital recordar que Santamaría había sido denunciado precisamente durante la gestión de Federici y Talerico por lavado de activos luego del hallazgo de una cuenta millonaria en Suiza sin declarar.
La designación de los titulares de la UIF exige el cumplimiento de un proceso de consulta en el que las candidaturas pueden ser respaldadas o impugnadas por la ciudadanía. Tanto Cruz como su segunda, Mariana Quevedo, fueron impugnados en este trámite por no reunir los requisitos de idoneidad exigidos por la legislación vigente para garantizar la autonomía del organismo. Por el contrario, surgió con claridad que el único mérito de los candidatos era precisamente el que no debía ser, es decir, la amistad y cercanía política con el Presidente y la vicepresidenta de la Nación, además del titular del PJ porteño.
En el documento sobre autonomía e independencia operativa de las UIF, el Grupo Egmont destaca taxativamente que el proceso de designación del conductor de ese órgano "debe ser apolítico y realizado de manera oportuna y sobre la base del mérito, debiendo implementarse mecanismos para garantizar que el jefe de la UIF no les deba nada a los individuos o al organismo a cargo de su designación. La designación –añade– no debe estar sujeta a ningún tipo de afinidad personal o afiliación política, y debe realizarse en función de calificaciones relevantes, habilidades profesionales y experiencia demostrada y documentada". Las designaciones de Cruz y Quevedo violentan el espíritu y la letra de estas sanas recomendaciones globalmente reconocidas.
Como era de esperar, las consecuencias de la degradación de una institución que nuevamente ha caído en manos de quienes solo buscan utilizarla para fines políticos la han convertido, una vez más, en una amenaza para la República. Bajo la gestión de Federici-Talerico, la UIF emitió un promedio de 700 informes anuales de inteligencia vinculados a corruptos, narcotraficantes y otros tipos de lavadores. En los primeros seis meses de su gestión, Cruz no ha emitido más de 10 informes de inteligencia, una producción por demás pobre que confirma o bien la falta de idoneidad del funcionario o sus compromisos políticos, o incluso ambos. Podría decirse que la tranquera ha sido dejada convenientemente abierta para que corruptos, narcotraficantes y lavadores operen con total libertad en el sistema económico-financiero argentino. No sorprende pues que el foco de Cruz haya estado puesto más bien en perseguir al ciudadano común que busca proteger sus ahorros con operaciones legales, como el contado con liquidación, o a intensificar la persecución política, haciendo la vista gorda a los millonarios desmanes que los propios gobernantes le ocasionan a la economía argentina.
La actual conducción del organismo formuló una denuncia contra el expresidente Macri, el extitular del BCRA Guido Sandleris y el extitular del Banco Nación Javier González Fraga por créditos otorgados a Vicentin. En su afán por sumar razones para la inconstitucional medida, el jefe del Estado agregó que había decidido la expropiación de Vicentin al enterarse de que habría incurrido en operaciones sospechosas. Cabe preguntarse cómo se enteró Alberto Fernández de que la UIF contaba con reportes de operaciones sospechosas vinculados a Vicentin. La ley vigente establece que estos deben mantenerse en secreto y que un presidente jamás debería tener acceso a ellos, menos aún cuando este tipo de reportes expone peligrosamente a las fuentes de información que lo remitieron. En la presentación judicial que realizó la UIF no se hizo referencia alguna a reportes de operación sospechosa, por lo que todo hace suponer que, de existir tal informe, Fernández lo recibió indebidamente, en clara transgresión a la ley.
Que una UIF viole el deber de secreto para informar al Presidente de un país que existen reportes de operaciones sospechosas sobre una empresa que el Estado pretende expropiar constituye un gravísimo acto delictivo que evidencia la peligrosidad para la sociedad de una UIF sin autonomía. Que además lo haga para perseguir a un expresidente y adversario político del Gobierno es una conducta cuando menos obscena que merece ser repudiada por representar una grave amenaza al orden democrático. Es de esperar que se investigue toda conducta delictiva involucrada para sancionarla severamente. No se puede permitir ningún nivel de connivencia entre un gobierno y las autoridades de una UIF indebidamente afín sin violentar las estrictas normas que deben regir su acción. Atentar de manera tan evidente contra la autonomía e independencia operativa con las que, de acuerdo con la ley argentina y estándares internacionales, la UIF debería comportarse, no solo tendrá efectos institucionales internos sino que, además, nos dejaría en condiciones de recibir sanciones internacionales. No parece desacertado pensar que esa sea precisamente la intención para eliminar cualquier atisbo de sano control interno o externo sobre la acción gubernamental.
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