Otra muerte evitable
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LA NACION
Lo peor que puede hacer una sociedad y su dirigencia política es naturalizar un problema demasiado grave como el de la inseguridad. Lamentablemente, muchas personas que se levantan cada madrugada para trasladarse a su lugar de trabajo en zonas como el conurbano bonaerense saben que se exponen a lo peor: desde ser asaltados para quedarse con su celular hasta morir a manos de un delincuente que actúa bajo los efectos de estupefacientes y para quien ni su vida ni la de su prójimo tienen algún valor. Pero anteayer la delincuencia se cobró en Lanús la vida de una niña inocente, de solo 11 años, que caminaba hacia su escuela, como Morena Domínguez, y la conmoción se expandió, a tal punto que la totalidad de los candidatos que participarán en las elecciones primarias de este domingo suspendieron sus actos de cierre de campaña.
El dolor crece cuando se advierte que se trató de una muerte evitable. Los dos delincuentes imputados del crimen –dos hermanos de 28 y 25 años– tenían abundantes antecedentes penales. Uno de ellos había sido liberado en junio, tras siete meses de prisión, y tenía una orden de captura que no se hizo efectiva.
La Legislatura bonaerense había sancionado en mayo de 2019 una norma para prohibir en forma parcial la circulación de dos personas en una mismo moto. Fue una manera de acotar una de las modalidades de robo más utilizadas y temidas. Sin embargo, no se avanzó en su reglamentación. Se impuso una vez más el gatopardismo: cambiar algo para que nada cambie.
Una frase del ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, da cuenta de la ausencia del Estado a la hora de prevenir el delito: “Fue la crónica de una muerte anunciada”. Quedó demostrado que, como funcionario, Berni quedó autorrelegado al papel de comentarista de la triste realidad dentro de un gobierno, como el de Axel Kicillof, en el que la lucha contra la inseguridad fue siempre uno de sus puntos más flojos.
Los gobiernos kirchneristas se han caracterizado tradicionalmente por su afán por victimizar a los delincuentes antes que por proteger a la población. La absurda decisión de la administración del presidente Alberto Fernández de liberar a miles de delincuentes presos con el pretexto del coronavirus es uno de los peores ejemplos.
Las inconsistencias del derecho procesal penal y la ideología “garantista” que anidan en el oficialismo hacen el resto. La reincidencia en el delito debería ser una condición agravante de la pena que, entre otras cosas, mantenga en prisión a un delincuente considerado peligroso, pero sus defensores, amparados en la inexistencia de sentencias firmes por la lentitud de la Justicia, podrán imponer muchas veces su liberación por la vía de la puerta giratoria, y facilitar que aquel siga delinquiendo.
Es de esperar que la muerte de Morena sirva esta vez para algo, aunque poco podrá hacerse sin real voluntad política para desmontar el entramado corrupto entre el crimen organizado y parte de una dirigencia política cómplice, responsable de tantas zonas liberadas y de que el narcotráfico siga destruyendo familias.
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