Otra mafia sindical desbaratada
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LA NACION
Las extorsiones en el ámbito sindical son, lamentablemente, hechos usuales. A lo largo del tiempo, se pueden coleccionar ejemplos de “aprietes” a empresarios por parte de grupos de choque de la llamada burocracia sindical.
La Unión Obrera de la Construcción (Uocra) ha sido uno de los gremios en los que más se han revelado este tipo de manejos violentos por parte de patotas sindicales.
Está muy fresco el recuerdo del accionar del extitular de la Uocra de La Plata Juan Manuel “Pata” Medina –cuya excarcelación se revocó semanas atrás–, quien durante años fue una verdadera pesadilla para los empresarios de la construcción platense. Tras numerosas denuncias, en septiembre de 2017, el avance de las causas judiciales en su contra lo llevaron a atrincherarse en su sindicato hasta que debió entregarse a la Justicia.
La ciudad de Bahía Blanca fue centro de disputas históricas entre diferentes fracciones del gremio de la construcción, que llegaron incluso a enfrentamientos con armas de fuego; más recientemente, fue noticia porque la Justicia condenó a un grupo de dirigentes de ese sindicato por manejar una red de extorsiones.
El juez Eugenio Casas, presidente del Tribunal Oral N°2 bahiense, dictó el veredicto condenatorio a los 13 imputados y, además de imponer penas de entre 4 y 15 años de prisión, estableció inhabilitaciones para que los condenados no pudieran ejercer la actividad gremial.
Cuando en enero de 2018 la policía bonaerense allanó la lujosa casa de Humberto Monteros, el secretario general de la seccional de la Uocra en Bahía Blanca, secuestró 5,2 millones de pesos y 511 mil dólares en efectivo, de injustificado origen.
Para la Justicia, ese dinero fue el producto de una serie de al menos 50 casos de extorsión, concretados por la asociación ilícita que comandaban Monteros y su adjunto en la conducción de la Uocra bahiense, José Bernardo Burgos.
Durante la investigación que terminó con las condenas, se determinó que los acusados aplicaron la violencia para mantener el férreo control del sindicato. Y puertas afuera recurrieron a aprietes, amenazas y extorsiones mafiosas para obtener ventajas económicas mediante cobros de importantes sumas de dinero a cambio de no paralizar las obras. Imponían la contratación de empresas proveedoras de los servicios de catering, transporte, baños químicos e indumentaria que pertenecían a familiares de los gremialistas. Un modelo de turbios negocios que encuentra semejanzas con el denunciado en otros gremios, como el de camioneros, que lidera Hugo Moyano.
Monteros, detenido en 2018 y muerto al contagiarse de Covid-19, tenía una empresa de combis e imponía la contratación de esos vehículos para transportar a los obreros que se desempeñaban en construcciones de Bahía Blanca. Armó también una compañía dedicada a la venta de indumentaria, a la que las empresas debían comprar la ropa de trabajo, porque de lo contrario sufrían la paralización de las obras.
En el caso de su adjunto, Burgos, los investigadores determinaron que su familia poseía una empresa que proveía el servicio de baños químicos en todas las obras iniciadas en Bahía Blanca, sin posibilidad de que una firma competidora participara del negocio.
En definitiva, se trataba de una red consolidada de negocios mal habidos usufructuados por los gremialistas, sus familiares o amigos, a partir de procederes propios de una mafia.
Con este fallo, es posible sostener que, aunque con cierta parsimonia, el sistema judicial funcionó e hizo lo que le correspondía, poniendo un freno al accionar de las mafias sindicales.
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