Otra decisión que abre las puertas a los delincuentes
Al derogar las últimas modificaciones a la ley migratoria, el Gobierno está dando vía libre al ingreso al país de personas con antecedentes penales
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LA NACION
La República Argentina se forjó, en gran medida, con la llegada a estas tierras de millones de extranjeros que decidieron empezar una nueva vida lejos de su hogar de origen, cobijados por nuestra amplia y benévola Constitución nacional.
Es así como todos los habitantes de la Tierra de buena voluntad que desearan habitar nuestro suelo pudieron hacerlo y gracias a eso se erigió nuestra nación.
También es una realidad que, en los últimos años, nuestras fronteras se han mostrado demasiado permeables y porosas, lo que representa una importante alerta ante los peligros latentes de operaciones de narcotráfico, terrorismo y trata de personas, entre otras expresiones delictivas.
Por tal motivo, es muy preocupante que el presidente Alberto Fernández haya derogado modificaciones llevadas adelante por el gobierno anterior, mediante las cuales se habían impuesto controles más estrictos para evitar el ingreso de delincuentes extranjeros y se habían agilizado los trámites de expulsión de inmigrantes con antecedentes penales.
El decreto de necesidad y urgencia 70/2017, firmado por el entonces presidente Mauricio Macri, tenía como objetivo acortar los tiempos para definir la expulsión de un extranjero con antecedentes penales. Establecía una regulación de condiciones más estrictas respecto de las causas que impedían el ingreso y la permanencia de extranjeros en el país cuando se encontraran alcanzados por condenas penales, contaran con antecedentes relacionados con ilícitos, o hubieran incurrido o participado en actividades ilícitas.
Uno de los impedimentos para el ingreso y la permanencia de extranjeros en el territorio nacional que establecía la ley migratoria era “haber sido condenado o estar cumpliendo condena, en la Argentina o en el exterior, o tener antecedentes por tráfico de armas, de personas, de estupefacientes o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas o delito que merezca para la legislación argentina pena privativa de la libertad de tres años o más”.
Luego, con la modificación del gobierno de Macri, se sumó la distinción entre los delitos comunes, por un lado, y, por otro, los delitos de tráfico de drogas, personas, armas, órganos y tejidos, lavado de dinero e inversiones ilícitas.
El decreto determinaba que se entendía como antecedente penal “un acto de procesamiento firme, el cierre de la investigación preparatoria o acto procesal equiparable”.
También se incorporaba otro elemento novedoso: si un inmigrante pagaba para que lo trajeran, a pesar de que esto infringiera la ley, podía pedir la residencia y evitar la expulsión si colaboraba para dar con el traficante de personas.
La reciente derogación de estas medidas por parte del actual Ejecutivo envía un mensaje totalmente negativo, por cuanto abre las puertas al narcotráfico y favorece el ingreso irregular de delincuentes al país, decisión no solo criticada por dirigentes de la oposición, sino también por el propio secretario de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, quien al cuestionar la decisión del Ejecutivo destacó que “las cosas buenas hay que mantenerlas y potenciarlas”.
En este sentido, el exministro del Interior de la anterior administración, Rogelio Frigerio, sostuvo que con el decreto de Macri vigente se radicaron en el país 800.000 extranjeros, pero también “se aceleraron los procesos, se aumentaron significativamente las cifras de expulsiones a personas con antecedentes penales y bajaron los índices delictivos”.
El gobierno nacional, con la derogación de las modificaciones a la ley migratoria, lo que hace es incorporar un ingrediente más a la inseguridad y a la incertidumbre que se vive en el país, porque facilita la llegada a la Argentina de delincuentes con antecedentes penales y abre las compuertas al crecimiento de organizaciones delictivas.
La decisión de las actuales autoridades resulta, por otro lado, apresurada, por cuanto la Corte Suprema de Justicia tiene en sus manos un recurso extraordinario interpuesto por el anterior gobierno frente a un fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, que había declarado inconstitucional el decreto de Macri. Hubiese sido lo más razonable que el examen de legalidad lo hubiese hecho el máximo tribunal de la Nación y no el Poder Ejecutivo.
El decreto de Alberto Fernández convoca a la conformación de una junta de expertos para redactar un proyecto de nueva ley migratoria. Es de esperar que, esta vez, se conforme una comisión plural, que analice la seguridad en nuestras fronteras, precisamente donde prevalecen el silencio y la anomia.
La Argentina tiene una larga e histórica tradición de fronteras abiertas para quienes deseen convivir en paz, asentar a sus familias, trabajar y forjar su futuro. Esto no podría ser de otra manera porque nuestra nación, en una gran proporción, fue erigida por inmigrantes. Sin embargo, era imprescindible ponerles un freno real a los narcotraficantes, criminales y delincuentes que, viniesen de donde viniesen, buscaran operar y echar raíces en nuestro territorio.
Por eso resulta incomprensible esta derogación. El presidente Alberto Fernández se equivoca. No todo es lo mismo. Al dar vía libre al ingreso de personas con probados antecedentes penales, está poniendo en serio riesgo a millones de familias argentinas y extranjeras que conviven pacíficamente en nuestro suelo, del mismo modo que se lo hizo con la excarcelación de numerosos delincuentes peligrosos que tuvo lugar el año pasado con el pretexto de la pandemia.
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