Ortega, contra la Iglesia
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LA NACION
El vínculo entre el gobierno del dictador nicaragüense Daniel Ortega y la Iglesia sigue viviendo momentos de gran tensión, marcados por la expulsión y encarcelamiento de sacerdotes, la prohibición de actividades religiosas y la acusación a los líderes católicos de actividades delictivas, incluidos supuestos intentos por derrocarlo.
Entre otros arteros ataques, el gobierno de ese país ordenó, por ejemplo, congelar la cuenta bancaria de la Conferencia Episcopal de Nicaragua que administraba fondos para los sacerdotes retirados: pensiones de 300 dólares mensuales para los sacerdotes de 75 años o más y de 150 dólares para los que tengan o superen los 65 años.
Anuló también la personalidad jurídica de la Asociación casa ave María, que funcionaba desde hace 33 años; la expropiación de otras organizaciones católicas, entre ellas, la Fundación Fraternidad Pobres de Jesucristo, que se dedicaban al servicio de los más necesitados suministrándoles alimentos, vestuario y oración, y de la Asociación Hijas de Santa Luisa de Marillac en el Espíritu Santo, que administraba un colegio religioso.
Como si eso no bastara, anuló también la personería jurídica de 18 organizaciones sin fines de lucro, entre las cuales hay varias de carácter religioso, como la Fundación cristiana niños joyas de cristo, la Asociación iglesia de Dios en Cristo Jesús, la Fundación visión nuevo sol, Dios con nosotros, y la Asociación misión el poder del espíritu santo fe, esperanza y amor.
Prohibió la entrada al país, además, a dos sacerdotes que habían participado de la Jornada mundial de la juventud, en Portugal, evento que fue presidido por el papa Francisco, según lo denunció la investigadora nicaraguense exiliada Martha Patricia Molina.
Por otro lado, la Universidad Centroamericana de Nicaragua (UCA), la institución educativa privada más importante del país, anunció la confiscación de todos sus bienes inmuebles y activos por parte del régimen de Ortega por señalamientos infundados de que esa casa funcionó como un centro de terrorismo.
El matrimonio presidencial de Ortega-Rosario Murillo ostenta una lamentable marca: hasta el 7 de junio pasado había obligado a 77 religiosos a abandonar el país desde que estalló la crisis sociopolítica en esa nación, en abril de 2018, incluido el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, Silvio Báez, y varias monjas extranjeras.
Al menos 40 religiosos han sido expulsados en los últimos cinco años, entre ellos, el sacerdote panameño Donaciano Alarcón. Otros 17 se marcharon al exilio alegando razones de seguridad, a 12 le han prohibido la entrada al país, y otros ocho han sido desterrados, declarados apátridas y prófugos de la Justicia, acusados de delitos considerados traición a la patria.
La obsesión de Ortega con la Iglesia demuestra que su profundo arraigo en el pueblo y su autoridad moral son, hoy por hoy, el único freno efectivo a una deriva totalitaria que empobrece y lleva a la catástrofe a la nación nicaraguense.
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