Odisea en la Riccheri
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LA NACION
Si bien dista de ser algo inédito en un país como la Argentina, donde el deterioro institucional nos brinda lamentables ejemplos día tras día, resulta inconcebible que dos decenas de personas puedan cortar totalmente el tránsito de una autopista durante casi cinco horas, provocando un caos vehicular, momentos de enorme tensión y serias demoras en vuelos que debían partir del aeropuerto de Ezeiza.
Anteayer, entre las 9.50 y las 14, la autopista Riccheri quedó cortada en el kilómetro 14,2, a la altura de la localidad de Villa Madero por una manifestación de veinte vecinos que protestaban por un allanamiento judicial a una vivienda en La Matanza, en el que se buscaba una pistola y en el que, según los denunciantes, efectivos policiales que intervinieron en el operativo habrían robado una suma de dinero de los moradores.
El piquete desató la furia de no pocos automovilistas que veían impedido su paso y la situación estuvo a punto de pasar a mayores cuando algunos de ellos amagaron con hacer justicia por mano propia frente a los manifestantes que se habían adueñado del espacio público.
Lo más insólito del episodio fue que los efectivos policiales y los patrulleros de la Gendarmería Nacional, en lugar de dispersar al puñado de piqueteros para garantizar la libre circulación vehicular, solo se cruzaron en la autopista con la intención de separar a los manifestantes de los automovilistas que habían quedado varados. Como si estuviesen más preocupados por proteger a los ocupantes ilegales de la ruta que por los derechos de quienes necesitaban trasladarse hacia el aeropuerto o a sus trabajos u hogares. Entretanto, la fila de vehículos detenidos se extendía a lo largo de unos tres kilómetros.
La explicación para tanta inacción policial fue que ninguna autoridad judicial había emitido una orden de desalojo de los manifestantes, a pesar de encontrarse frente a un flagrante delito. La inoperancia quedó en evidencia desde el momento en que ni siquiera los supuestos guardianes del orden público fueron capaces de liberar un carril para que los autos pudiesen avanzar.
Fue un indicador más de un Estado ausente para garantizar elementales derechos de la ciudadanía.
Resulta inadmisible que se siga vulnerando impunemente el derecho constitucional de los habitantes de la Nación de transitar libremente por las rutas del país.
Ningún grupo puede arrogarse la facultad de privar a otros de un derecho que la ley suprema les reconoce expresamente. Más grave aún es que quienes tienen la responsabilidad de preservar el orden público, impidiendo las usurpaciones arbitrarias del espacio público, consientan semejante atropello.
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