Nunca más con la nuestra
Resulta vergonzoso y escandaloso el decreto de Alberto Fernández para que, con dinero de todos, se custodie a exmandatarios que viajen o vivan en el exterior
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En lo que fue uno de los últimos actos de gobierno –coronado por su tristísimo y deslucido papel en el acto de toma de posesión del presidente Javier Milei–, Alberto Fernández modificó un decreto propio de diciembre de 2019 y amplió las funciones de la Casa Militar para que pase a cuidar a todos los exmandatarios y a sus familiares directos en todo el mundo y en forma vitalicia. Se trata de una irritante medida sobre un privilegio que hasta ahora se otorgaba solo dentro del territorio nacional, y que introdujo también un cambio de jurisdicción de quienes estén a cargo de la tarea, que ya no dependerán del Ministerio de Seguridad.
El decreto 735/2023, publicado en el Boletín Oficial el día previo a la asunción de Milei con la firma el entonces jefe de Gabinete Agustín Rossi y de Fernández, modifica otros decretos de 2004; de diciembre de 2019, y de 2020, para cambiar algunos de los objetivos de la Casa Militar de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación.
El nuevo decreto señala que los efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) asignados a la División Custodia Presidencial, División Custodia Vicepresidencial y Unidad Custodia Ex Mandatarios actuarán bajo control operacional de la Casa Militar, a través de la Agrupación Seguridad e Inteligencia. También se establece que “en los casos de desplazamientos terrestres dentro y fuera del país, la custodia del presidente de la Nación, del vicepresidente de la Nación, de los exmandatarios y sus familiares directos estará a cargo de la División Custodia Presidencial, de la División Custodia Vicepresidencial y de la Unidad Custodia Ex Mandatarios respectivamente”. Sin límites ni condiciones específicas.
En consecuencia, el decreto determina que el servicio de custodia se ampliará a todos los países donde vivan o se trasladen quienes hayan ejercido alguna vez la presidencia y la vicepresidencia, al igual que a sus familiares directos, sin tiempo límite para su aplicación.
La medida de Alberto Fernández refleja el nivel de irresponsabilidad de quienes dejaron su función el pasado domingo y la falta total de empatía con las preocupaciones ciudadanas
Esta modificación, a medida de las necesidades del peor presidente de la historia –que ayer desmintió que se vaya a vivir a España y denunció una operación de prensa en su contra– y que también favorece a la exvicepresidenta Cristina Kirchner, próxima a viajar a Italia, obliga a poner la lupa sobre los costos de una medida que se extiende también a otros exmandatarios, vicepresidentes y familiares directos que decidieran viajar al exterior en el futuro.
De acuerdo con la flamante reforma, los gastos derivados de cubrir las 24 horas del día pasajes de avión, traslados, hospedaje, alimentación y viáticos del personal de custodia, entre otros, deberán ser soportados por el Estado argentino; es decir, con el dinero de los contribuyentes, sin límite de tiempo. Otro verdadero disparate que vuelve a reflejar el nivel de irresponsabilidad de quienes dejaron su función el pasado domingo y la falta total de empatía con las preocupaciones ciudadanas.
Anteayer, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, había anunciado la derogación de aquel vergonzoso decreto. Hasta ayer, sin embargo, tal derogación no había sido publicada en el Boletín Oficial porque estaría siendo reevaluado su alcance.
Es de esperar que en virtud de lo expresado por el presidente Milei, en cuanto a reducir el costo de la política y el déficit fiscal que se genera por el despilfarro generalizado de gastos, se derogue sin demoras la reforma solapadamente introducida para provecho propio por el expresidente Fernández y se vuelva al criterio que hasta ahora primó y que no presentó objeciones a lo largo del tiempo.
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