No a la corrupción, sí a la transparencia y a la seguridad
El Gobierno y el Congreso deberían avanzar en la sanción de leyes claves para el país y dejar de insistir en la indefendible candidatura del juez Lijo para la Corte
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Dos de las principales preocupaciones ciudadanas quedaron sin ser resueltas legislativamente en 2024 y todo indica que seguirán esperando si el Presidente no habilita las sesiones extraordinarias e incluye en ese temario los proyectos que apuntan a legislar sobre ellas.
Se trata de prohibir que se presenten como candidatos a cargos electivos quienes cuentan con una doble condena firme judicial y de terminar con lo vulgarmente conocido como “puerta giratoria”, es decir, que un delincuente pueda cometer delitos una y otra vez porque el sistema no tiene en cuenta ni sus antecedentes ni su peligrosidad. En efecto, han quedado en medio del tira y afloje político la sanción de las leyes de ficha limpia y de reiterancia. También la denominada ley antimafia, que ya cuenta con la sanción de Diputados, pero espera ser aprobada en la Cámara alta.
A la caída del tratamiento de la primera norma contribuyeron legisladores de casi todos los bloques, abortando en dos oportunidades por falta de quorum el debate en el recinto de la Cámara baja. La primera vez faltó un solo legislador de los 129 necesarios para lograrlo. En la segunda oportunidad se ausentó más de una decena, incluidos representantes de La Libertad Avanza, una de las fuerzas que habían convocado a sesionar, pero que desistió a último momento de sentar a sus diputados en las bancas. El Gobierno justificó esa defección en que, si bien está de acuerdo con que los corruptos doblemente condenados no accedan a cargos públicos, tal como proponía la iniciativa original de Pro, falta pulir el texto de la norma de modo tal que “tenga los reparos suficientes para que en esos lugares los malos no venzan a los buenos inventando denuncias y haciendo que estos no puedan participar” en elecciones, según explicó el vocero presidencial, Manuel Adorni.
Con posterioridad a ese fracaso parlamentario, el Gobierno anunció la creación de una comisión para elaborar un nuevo texto superador de ficha limpia y designó asesor al abogado Alejandro Fargosi. Por el momento se desconocen el contenido del trabajo y la fecha de presentación de la iniciativa presidencial sobre el tema.
Al caer aquella sesión, tampoco pudieron debatirse otros temas que estaban habilitados; entre ellos, los de reincidencia, reiterancia y los cambios a la unificación de condenas y concurso de delitos.
Presionar con la postulación de Lijo, impugnado por su ineficiencia, parcialidad y falta de ética, constituiría un error histórico de gravísimas consecuencias, además de una pésima señal para quienes desempeñan con honradez y profesionalismo su trabajo en el Poder Judicial
La propuesta de modificación del Código Penal consensuada entre La Libertad Avanza y Pro se centra en redefinir la reincidencia y establecer la reiteración delictiva como un factor clave en el proceso judicial. La iniciativa define la reincidencia para “toda persona que ha sido condenada dos o más veces a penas privativas de libertad, siempre que la primera condena sea firme. En caso de unificación de condenas, la pena resultante se calculará como la suma de las penas impuestas”. En tanto, denomina “reiteración delictiva” cuando se refiere a situaciones en las que una persona enfrenta múltiples procesos penales simultáneamente. A partir del primer llamado a declarar, se considera a la persona imputada, lo que puede llevar a la imposición de medidas de coerción más estrictas.
La Legislatura porteña cuenta ya con una ley de reiterancia que agrava la situación procesal penal de los imputados con “reiteración de delitos”, al habilitar a los jueces para que puedan dictar medidas cautelares, como la prisión preventiva, cuando existan procesos pendientes o condenas anteriores. Es decir que si un delincuente es detenido y tiene una causa judicial abierta, cuya pena no es excarcelable, tendrá que esperar el juicio preso. Según datos oficiales de la ciudad de Buenos Aires, cerca de la mitad de los delitos denunciados en el distrito son cometidos por delincuentes reincidentes.
En tanto el proyecto oficial antimafia, que espera su sanción en el Senado nacional, introduce nuevas herramientas y procesos de investigación para los delitos perpetrados por organizaciones criminales, como el narcotráfico, el terrorismo, la trata de personas y el lavado de activos, endureciendo las penas. La principal promotora de esta ley es la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Entre sus principales ejes, la iniciativa dispone procesar y condenar con la pena del delito más grave que se le impute a un acusado a todos los integrantes de una organización criminal. Con esta medida, el Gobierno pretende que los cabecillas de las bandas paguen por los crímenes, como en el caso del homicidio, cometidos por sus subordinados. Establece también la creación de una zona de investigación especial, con el fin de agilizar los procedimientos y permitir la colaboración entre las fuerzas de seguridad y las Justicias federal y provinciales. La escala penal prevista es de 8 a 20 años para quien “tomare parte, cooperare o ayudare a la formación o al mantenimiento de una asociación ilícita”.
Cabe destacar que en todas las iniciativas mencionadas existieron duras oposiciones principalmente de parte del kirchnerismo y de legisladores de izquierda, quienes opinan que lo que el Gobierno y sus aliados buscan es “estigmatizar” a las personas en conflicto con la ley, algo que no debería asombrar dado el grado de abolicionismo que profesan ambos sectores claramente abocados a priorizar los derechos del victimario por sobre los de las verdaderas víctimas: los desprotegidos ciudadanos.
Respecto de ficha limpia, han usado hasta el cansancio la excusa de la proscripción de Cristina Kirchner, gastado argumento que no hay ya cómo sostener. Otras fuentes en fricción con el oficialismo lo hacen responsable del fracaso de esa norma en el entendimiento de la supuesta conveniencia de Javier Milei de tener como principal antagonista pública este año a la exmandataria, quien aspiraría a presentarse como candidata a legisladora nacional, con lo que volvería a tener los fueros que, en una interpretación totalmente falaz de ese instrumento, la protejan de ir presa.
A esa maraña de dimes y diretes se suman las trabas impuestas por muchos gobernadores para que no avanzara en el Congreso la sanción del presupuesto de gastos de la administración nacional 2025, ya que no consiguieron la respuesta esperada en la obtención de beneficios para sus terruños. En respuesta a ello, el Presidente decidió prorrogar por decreto el presupuesto 2023 y sus modificatorias, una postergación por dos años consecutivos de la que no se tenía registro en el país.
En cuanto al llamado a sesiones extraordinarias, es poco lo que se ha dejado trascender. Los cruciales temas mencionados, salvo alguna versión no traducida aún en hechos, no aparecen al tope de la agenda que debería ser de tratamiento inmediato. En cambio, el Poder Ejecutivo podría incluir en él la derogación de las PASO, una propuesta que también genera numerosas rispideces. Un sector transversal de la política estaría dispuesto a suspenderlas solo para las elecciones de medio término de este año, pero no a derogarlas. Por otra parte, insistir en la nominación de Ariel Lijo como juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación constituiría un error histórico de gravísimas consecuencias. Poner en semejante sitial a quien ha sido impugnado por su ineficiencia, parcialidad y falta de ética representa un gravísimo riesgo para la seguridad jurídica, la llegada de inversiones y el combate del crimen organizado. Paralelamente, sería una pésima señal para quienes desempeñan su trabajo con honradez y profesionalismo en el Poder Judicial.
Hoy el Congreso está casi vacío. Sectores de la oposición protestan por “actitudes en exceso discrecionales” del Gobierno, pero han dejado caer –junto con representantes del oficialismo y aliados varios– el debate de temas trascendentes que preocupan a la ciudadanía. Hoy la palabra la tiene el Presidente. Él y solo él está habilitado para llamar a extraordinarias y definir qué se trata. Tanto la oposición como el oficialismo siguen en falta.
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