Nicaragua: Ortega profundiza la dictadura
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La Asamblea Nacional de Nicaragua, bajo el control del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) aprobó una nueva reforma constitucional que busca dar visos de legalidad al poder absoluto de Daniel Ortega. Además de ampliar el poder presidencial de cinco a seis años con opción a reelección indefinida, eleva a su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, a la figura de copresidenta, convierte a la Presidencia en la coordinadora de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de la autoridad electoral y del Ejército, y aumenta el control de los medios para evitar que sean sometidos a intereses extranjeros. Los copresidentes podrán nombrar vicepresidentes sin que sean elegidos por el voto popular, en un paso que además convierte al régimen en una dinastía al estilo de la pasada dictadura de los Somoza, pues abre el camino para asegurar una sucesión de la familia en el poder nombrando a sus hijos.
Con el voto de la mayoritaria bancada sandinista el paquete de reformas fue aprobado en primera legislatura. Según la Constitución nicaragüense, las reformas a la Carta Magna deben ser aprobadas en dos periodos legislativos antes de que entren en vigor. La actual legislatura finaliza en diciembre y la siguiente inicia el 10 de enero de 2025, cuando la reforma quedaría aprobada de forma total.
La enmienda, llamada oficialmente “Ley de protección de los nicaragüenses ante sanciones y agresiones externas”, busca también limitar la libertad de expresión a cuando esta no transgreda el derecho de otra persona, de la comunidad y los principios de seguridad, paz y bienestar establecidos en la Constitución nicaragüense. Su aprobación definitiva permitirá ordenar la intervención del Ejército en apoyo a la Policía Nacional cuando la estabilidad de la República lo requiera, y autorizar a policías y militares a ocupar cargos temporalmente en el ámbito ejecutivo.
Consigna la reforma que los traidores a la patria pierden la nacionalidad nicaragüense, tal y como ya ha hecho la dictadura con unos 450 políticos, empresarios, periodistas, intelectuales y religiosos que fueron expulsados de Nicaragua y despojados de su ciudadanía tras las protestas de 2018. Además, convierte a la bandera del FSLN en el símbolo patrio nicaragüense.
Las críticas a la reforma no se hicieron esperar. La Organización de Estados Americanos (OEA) calificó la medida como una aberrante forma de institucionalización de la dictadura matrimonial y reiteró que el país necesita elecciones auténticas, legítimas, universales y libres.
El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Tür, manifestó que estos cambios supondrán el golpe de gracia para las libertades fundamentales y el Estado de Derecho en Nicaragua, y reducirán aún más los frágiles controles y equilibrios que quedan sobre el Poder Ejecutivo.
Brian Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de los Estados Unidos, aseguró que la enmienda aprobada por la dictadura nicaragüense aislará aún más al país de la comunidad internacional y permitirá al régimen de los Ortega reprimir a los nicaragüenses.
Por su parte, el dirigente opositor Juan Sebastián Chamorro expresó que la reforma convertirá a Nicaragua en la nueva Cuba, al que definió como un país totalitario instaurado para centralizar el poder en la figura de los Castro y actualmente en la de Díaz-Canel.
Las voces de la oposición dentro y fuera de Nicaragua, como así también de organismos internacionales, han manifestado que la reforma impulsada por la dictadura nicaragüense constituye un ataque frontal a la democracia y un claro intento de perpetuar el control del régimen autoritario de los Ortega.
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