Nicaragua: ataques a la prensa
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LA NACION
Junto a extravagantes y esotéricos proyectos, tales como la propuesta de creación de una Secretaría de Asuntos del Espacio Ultraterrestre, la Luna y otros Cuerpos Celestes, pese a gobernar el tercer país más pobre de América Latina, el gobierno nicaragüense, encabezado por el dictador Daniel Ortega, viene dictando normas que imponen nuevos cepos a la libertad de prensa. La ley de regulación de agentes extranjeros, por ejemplo, pretende controlar “las operaciones financieras y las actividades que realicen organizaciones nacionales o extranjeras, para poner fin a la injerencia extranjera en los asuntos internos de Nicaragua”.
La Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), entidad dedicada a velar por la libertad de prensa y el acceso a la información en ese país, al igual que otras ONG nicaragüenses, ha anunciado el fin de sus operaciones, al confirmar que no están dispuestas a cumplir con una ley que las obliga a registrarse como “agentes extranjeros” y a verse sujetos a un control o reporte de gastos de las donaciones que reciben para su funcionamiento.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) se expresó en duros términos contra la ley, a la que calificó como un “nuevo golpe contra la libertad de expresión”, y añadió que, con el cese de actividades de la FVBCH, Nicaragua pierde “una de sus voces más potentes a favor del periodismo libre y la libertad de expresión”.
En octubre último había sido sancionada la ley especial de ciberdelitos, conocida por los opositores y la prensa no oficial como “ley mordaza” o “ley bozal”. La norma prevé castigar con la cárcel a “quienes usando la tecnología de la informática y de la comunicación publiquen o difundan información falsa y/o tergiversada que produzca alarma, temor, zozobra en la población, o a un grupo o sector de ella o a su familia”.
Desde el inicio de las protestas cívicas, en abril de 2018, el gobierno en manos de Ortega y Rosario Murillo ha ejercido una represión sistemática de las voces disidentes, particularmente contra los medios de comunicación independientes, hasta llegar a la confiscación de instalaciones donde estos operaban.
La presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Antonia Urrejola, señaló que “seguir haciendo periodismo independiente en Nicaragua es un acto de coraje y de heroísmo”.
Los ataques contra periodistas se han intensificado en los últimos días en Nicaragua, en el contexto del tercer aniversario de la Rebelión de Abril, y podrían incrementarse en vísperas de las elecciones previstas para noviembre próximo. La comunidad internacional debe sumar su apoyo a la sociedad nicaragüense para cerrar filas en torno al periodismo libre, sin transigir con las restricciones que se le pretende imponer, a menudo, por vías directas o indirectas, desde el poder político. Toda imposición autoritaria contra el periodismo encubre siempre un ataque a la democracia y una pretensión de controlar y anular los derechos de los ciudadanos.
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