Nefastos personalismos provinciales
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LA NACION
La pandemia ha puesto ante los ojos de todos el nivel de autoritarismo, de miseria y violación de los derechos humanos que padecen muchísimos formoseños
El gobernador vitalicio de Formosa, Gildo Insfrán,denuncia que los medios nacionales independientes atacan a su provincia, aunque las más de las veces no los dejan ingresar. Siempre que un autócrata, un dictador o un caudillo autoritario es criticado por sus atropellos al derecho y a las libertades, los oiremos alzar la voz para quejarse de que se agrede a sus Estados y a sus pueblos, en otra muestra más de una concepción totalmente alejada de la república democrática. Son los dirigentes que confunden su persona con el Estado que gobiernan, al punto de creer que son lo mismo. Por esa misma razón, desconocen la distinción entre fondos públicos y propios, asumiendo una noción patrimonialista del poder, más propia de la Edad Media o de algunos emiratos petroleros de Medio Oriente.
Les cuesta soportar la más mínima crítica. Son renuentes a que se revele la verdad de los hechos. No están acostumbrados, pues en los feudos que gobiernan controlan los medios de comunicación tanto como la Justicia y ahogan de mil maneras, incluso con el temor, cualquier potencial disidencia. Es lo que sucede en provincias donde el Estado no solo es el principal empleador, sino, también, el destinatario del trabajo del sector privado, que provee de bienes y servicios al gobierno.
Hace tiempo que Formosa es noticia por las demasías de un régimen caudillista anacrónico y feudal. Violaciones de los derechos humanos, aprietes, secuestros de documentos nacionales de identidad, padrones inflados con la carga de ciudadanos nacidos –e incluso residentes– en Paraguay y contratos de consultoría truchos como los celebrados con el exvicepresidente Boudou son solo algunas de las incontables irregularidades. No es casual que Lázaro Báez y Cristóbal López hayan recibido contratos con sobreprecios por obras públicas –mal hechas o sin concluir– en el feudo formoseño.
El senador Mayans, el secretario Pietragalla y el propio Presidente ponderan y avalan desvergonzada y escandalosamente el manejo dictatorial de Gildo Insfrán
Desde 1995, esa provincia es gobernada por el veterinario Gildo Insfrán, quien previamente había ocupado la vicegobernación durante el mandato de Vicente Joga. Cualquiera que sea el juicio de valor sobre su gestión, ofende al espíritu republicano que una persona rija los destinos de un Estado durante un cuarto de siglo. Uno de los valores democráticos es, sin duda, la limitación de la permanencia en el poder. También, la sana alternancia.
No vale ninguna comparación como la que algunos hacen con líderes europeos que han dirigido sus países por más de diez años. En ese caso, se trata de sistemas parlamentarios en los que distintas personas ocupan una jefatura del gobierno, siempre ligada a la duración de los períodos o a la renovación del voto de confianza de los parlamentos. Sin perjuicio de que, a diferencia de los nuestros, ninguno de ellos –Angela Merkel, Margaret Thatcher y Felipe González, entre muchos otros– ha llegado a gestionar semejante cantidad de años.
Algunos pretenden defender esa permanencia en el poder argumentando que es producto de la voluntad popular. Hay mucho de cinismo en esa afirmación, cuando se sabe que hay en Formosa una mayoritaria dependencia del empleo público y de subsidios y planes sociales. Una mayoría de ciudadanos que están atrapados en las redes de la burocracia y acostumbrados a callar los atropellos por temor a represalias.
Insfrán se jacta de que su provincia registra pocos contagios por coronavirus. Sin embargo, muy lejos está de poder ser considerado un ejemplo sanitario cuando tiene el mayor índice de mortalidad infantil del país y disputa con Santiago del Estero la primacía en muertes de mujeres durante el parto. No son mejores los índices educativos ni los relacionados con la provisión de servicios públicos básicos, como agua potable y cloacas.
Como en otras provincias que comparten graves falencias institucionales, la pandemia no ha hecho más que iluminar los graves excesos que se cometen en Formosa, potenciando incluso el autoritarismo y acentuando la violación de derechos humanos. Tuvo que fallar la Corte Suprema para terminar con un arbitrario cierre de fronteras dispuesto por el gobernador como si la provincia fuera un Estado autónomo. Claro que Insfrán nunca las cierra a la hora de recibir los aportes nacionales para contar con un presupuesto financiado en un 95% por la recaudación nacional.
Como destaca el politólogo Carlos Gervasoni, Formosa, como otros Estados norteños, se beneficia del rentismo fiscal, de la transferencia de recursos desde las provincias de mayor calidad institucional y, por ende, mayor desarrollo económico. Formosa recibe por habitante siete veces más fondos que la provincia de Buenos Aires o Mendoza. La pobreza no se reduce porque no se invierte en desarrollo, sino en promover el clientelismo, cuando no se vuelca a obras suntuarias de nula rentabilidad social.
El cierre fronterizo dejó por largo tiempo a la intemperie, en los límites interprovinciales, a miles de formoseños que regresaban a trabajar o que volvían de recibir tratamientos médicos. Lamentablemente, también se registraron muertes, como la de un joven de 23 años que, desde Chaco, pretendió cruzar a nado el río Bermejo para ver a su hija de dos años. Había pedido permisos a las autoridades formoseñas durante meses, pero siempre le fueron negados.
La pandemia por coronavirus fue la excusa perfecta que encontró Insfrán para llevar a límites insospechados su accionar autoritario, haciéndolo recaer sobre personas aisladas por la fuerza, lejos de sus hogares, en condiciones humillantes y receptoras de un maltrato típico de las peores de las cárceles. Las vejaciones se extienden, incluso, a familiares de los contagiados.
Las imágenes difundidas por diversos medios de prensa en los últimos tiempos no dejan lugar a dudas. Insfrán no tiene cómo explicar la tragedia que provoca.
Fue muy claro el senador nacional por esa provincia, José Mayans, cuando expresó que en Formosa no hay derechos en pandemia, aunque después haya querido justificar sus dichos en la necesidad de una protección estatal paternalista. Fue también tremendamente funcional a los atropellos el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla,supuestamente enviado a Formosa a comprobar las denuncias y a actuar en consecuencia. Según Pietragalla, en esa provincia todo funciona perfectamente. Ante los reclamos airados de los formoseños, los chicaneó con frases como: "¿Te pensás que estoy acá disfrazado para el Carnaval? (por ir con barbijo y máscara)" o "No soy el hermano de Jesús", al tiempo que adjudicó a la prensa hacerse eco de noticias falsas.
Pietragalla ha dado ya sobradas muestras de arbitrariedad y de falta de ecuanimidad. A mediados del año pasado fue denunciado por la oposición política por desatender casos de violencia institucional en varias provincias, además de haber solicitado a la Justicia –aparentemente de forma inconsulta– la prisión domiciliaria para Ricardo Jaime, un pedido totalmente infundado y violatorio del principio de igualdad.
No es de extrañar que el secretario de Derechos Humanos haya pronunciado aquellos conceptos sobre la situación en Formosa. Van en línea con lo expresado por Alberto Fernández, en su paso por ese distrito el año último: "Insfrán –había dicho el Presidente– es uno de los mejores políticos y seres humanos".
A todas luces, ese gobernador es el prototipo de caudillo del atraso, un personaje parecido a los de las novelas de Augusto Roa Bastos, Miguel Ángel Asturias o Mario Vargas Llosa, cuyo modelo parece ser el antiguo dictador paraguayo Alfredo Stroessner. Es llamativo, a la par de doloroso, que ni los más activos organismos de derechos humanos ni el Inadi hayan puesto la mirada sobre las barbaridades cometidas en Formosa.
El reciente apoyo del Partido Justicialista a Insfrán es otra muestra del poder que se esfuerza por mantener el nefasto elenco de gobernadores feudales que atrasan al país y condenan a la miseria a sus pueblos, pisoteando las instituciones y enriqueciéndose a su costa.
