Narcotráfico: para muestra, un criminal botón (Parte I)
Resulta insostenible la ola de violencia y muerte desatada por los traficantes de drogas y sectores del poder político decididamente funcionales
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LA NACION
“Rosario sangra” fue la consigna de los familiares de las víctimas de la violencia para visibilizar, en una multitudinaria marcha en 2016, su tremendo dolor por los crímenes que sacuden a esa ciudad desde 2012. Rosario sigue desangrándose por los enfrentamientos entre bandas narco que se cobran también vidas inocentes sin solución de fondo a la vista, en una sucesión de fracasados abordajes.
Con más de 130 homicidios y unos 500 heridos de bala en lo que va del año, Rosario es apenas un botón de muestra de lo que podría terminar siendo la Argentina si persisten la indiferencia, la ineficacia y la complicidad de las actuales autoridades nacionales ante la gangrena del narcotráfico, tan asociada a muchos otros delitos graves como la trata de personas, el lavado de dinero, el contrabando y la financiación del terrorismo.
La asunción de Aníbal Fernández como ministro de Seguridad de la Nación, tras el resultado de las PASO, no permite vislumbrar el cambio que urge provocar en este sistema de complicidades entre la política y el narcotráfico, cuyo crecimiento viene siendo exponencial. Y no lo permite por varias razones. La principal: porque en sus anteriores gestiones como funcionario no solo ha hecho la vista gorda frente al avance de la droga, sino que se lo asoció directamente con ese mortal comercio ilegal que derivó, por ejemplo, en el asesinato de tres empresarios en General Rodríguez, ocurrido en 2008, en la causa por el tráfico de efedrina, año en el que Aníbal Fernández se desempeñaba como ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación.
Lamentablemente, no son los rosarinos los únicos testigos del surgimiento del sicariato como una suerte de inconfesable salida laboral, al igual que la venta de drogas. Vastas zonas del área metropolitana de Buenos Aires exhiben idénticos fenómenos. Las espantosas cifras de la actividad criminal en Rosario comenzaron a replicarse en algunos municipios del conurbano bonaerense donde días pasados un policía fue detenido como “gestor” de bandas narco.
La asunción de Aníbal Fernández en Seguridad no permite vislumbrar el cambio que urge provocar en el sistema de complicidades entre la política y el narcotráfico, que viene creciendo de manera exponencial
A principios del corriente mes y en menos de 24 horas se cometieron seis asesinatos en Rosario, perpetrados en todos los casos por sicarios, que reciben órdenes desde las cárceles. Uno de esos crímenes fue el de Carlos Argüelles, un “arrepentido” de una banda narco que debía tener protección –a pesar de que se negaba a entrar en los programas del Ministerio de Justicia– porque su testimonio era clave en el juicio que se realizará contra su exjefe, el narco Esteban Alvarado.
A Argüelles habían intentado matarlo tres veces. El 6 de agosto, tres asesinos a sueldo lo consiguieron. Cumplieron con las amenazas. Las autoridades asistieron atónitas al sangriento desenlace y esgrimieron como único argumento que el “arrepentido” había rechazado ingresar al Programa de Protección de Testigos, caso que desnuda las deficiencias del Estado para combatir el narcotráfico al dejar que sus líderes cumplan con matar a quien deseen.
El narcotráfico genera ganancias como ningún otro rubro de la economía criminal. Los grupos narco necesitan lavar el dinero para introducirlo en el circuito formal y, sobre todo, para multiplicar los dividendos. En una economía con una informalidad que ronda el 50% es siempre más sencillo ubicar los excedentes que provienen del submundo del tráfico de drogas.
Es imprescindible que, en el combate contra el crimen organizado, el foco esté puesto en las estructuras de todo tipo que sirven para que las millonarias ganancias provenientes de estos eslabones del narcotráfico ingresen en la economía formal.
En varias causas judiciales que se tramitan en Santa Fe y Rosario, comenzó a aparecer con mayor claridad el nexo entre el mundo criminal y el mundo financiero al margen de la ley. Un caso que muestra estas relaciones es el que llevó a que la Fiscalía de Rosario ordenara el 23 de marzo pasado el allanamiento y la detención de los directivos de la empresa Cofyrco, una casa de cambios sospechada de lavado de dinero del narcotráfico. Allí adquiría dólares de manera frecuente Marcelo “Coto” Medrano, asesinado exbarrabrava de Newell’s –club de internas sangrientas con candidatos amenazados– , de lazo con Los Monos, cuyo celular condujo a los engranajes financieros de lavado utilizados.
En allanamientos realizados en septiembre pasado, se secuestró una bolsa con documentos de identidad que se utilizaban para adquirir los billetes verdes por vía legal. En el Organismo de Investigaciones entrevistaron a 88 de los 175 titulares de los DNI, que en su mayoría coincidieron en que no habían realizado operaciones cambiarias y que habían extraviado sus documentos. Lo que se sospecha es que hubo una logística para conseguirlos, utilizados luego para estas maniobras que infringían la ley cambiaria.
Otra financiera de Santa Fe quedó bajo la lupa de la Justicia Federal, luego de un extraño crimen ocurrido el 12 de febrero de 2020, cuando fue asesinado el titular la casa de cambios Hugo Oldani, un caso que terminó en un escándalo en el Ministerio Público de la Acusación, luego de que desapareciera de la escena del crimen el dinero que había en la empresa. Esto llevó a que la fiscal Cristina Ferraro fuera desplazada del caso. La funcionaria habría permitido que los familiares de la víctima se llevaran el dinero, calculado en más de un millón de dólares. Las sospechas apuntan a que a esa “cueva financiera” llegaba el dinero negro de sectores políticos, gremiales y de la propia policía de Santa Fe. El exministro de Seguridad provincial Marcelo Sain presentó una denuncia que investiga el fiscal federal Walter Rodríguez y que ya suma diez personas procesadas.
Más recientemente, por orden del juez federal Carlos Vera Barros, personal de la Gendarmería realizó una serie de allanamientos, entre ellos, uno en la sede social del club Echesortu de Rosario, a partir de una serie de denuncias que destacaban la existencia allí de una mesa de dinero en la que se lavaban activos. Esa cueva era parte de una compleja organización en la que volcaban dinero conocidas bandas narcocriminales rosarinas.
Lamentablemente, hasta ahora no se ha activado ningún freno a estos crecientes hechos de violencia y muerte. Solo hay para destacar la labor de varios funcionarios judiciales que tramitan delicadas causas. Entre otros, el juez penal de Cámara José Luis Mascali, quien declaró la inconstitucionalidad de los fueros absolutos de los legisladores de Santa Fe, que impedían que la Justicia los investigara, y las notables actuaciones de los fiscales de la Unidad de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos Luis Schiappa Pietra y Matías Edery. Estos dos últimos actuaron en la causa en la que se condenó a la violenta banda Los Monos y en la investigación sobre el juego clandestino en la que resultó imputado el senador provincial peronista Armando Traferri, en tanto se aprestan a juzgar al jefe narco Alvarado. Según pudo saberse, policías de la Brigada de la División Judiciales, creada durante el gobierno socialista en la provincia, jugaban para Alvarado en “desmedro” de Los Monos: un descarado reparto del territorio entre facciones criminales con la participación de funcionarios que debieron haberse dedicado a garantizar la seguridad y la justicia de los ciudadanos y no la de los narcos.
La ausencia de políticas de Estado, firmes y sostenidas, que trasciendan a los gobiernos, para enfrentar el flagelo del narcotráfico seguirá provocando la expansión de este vil delito, la sangrienta estela de violencia y muerte asociada y la impunidad de sus responsables. Cruzarnos de brazos es entregar el futuro de la Nación, renunciar a la institucionalidad y a la soberanía para ceder ante la corrupción, las mafias y la inseguridad. No podemos mirar hacia otro lado. Debemos librar esta batalla sin más demoras y recurrir a toda la fuerza disponible antes de que sea demasiado tarde.
Mañana: Narcotráfico: un negocio con políticos, jueces y policías
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