Narcotráfico: el futuro en juego (Última parte)
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LA NACION
Reavivar el debate sobre la legalización o no del uso de la marihuana, como está ocurriendo hoy, plantea una discusión tan banal como extemporánea y distractiva ante el impresionante avance del narcotráfico y la ausencia de una política de Estado que, entre otros aspectos, ponga tras las rejas a los mafiosos y a sus cómplices. Y que sea capaz también de impedir que sigan manejando desde las cárceles este tan mortal como millonario negocio que suma cada día más víctimas inocentes. Los problemas que suscitan tanto la connivencia político-policial-judicial-penitenciaria con los narcotraficantes como también la anomia, cuando no el rotundo fracaso, de los distintos gobiernos para decidirse a dar pelea frontal a estos delitos se confirman también en la facilidad con que esas bandas se proveen de armamento en el mercado negro.
A falta de estadísticas confiables, se difunden operativos en los que se secuestran grandes cantidades de droga o se encarcela a consumidores, pero casi nunca a los jefes narco. Es la crónica periodística la que aporta los datos que reconstruyen una radiografía que muchas autoridades minimizan o esconden. La pregunta sobre si se secuestra más droga porque se hacen más operativos o porque esta circula más a nuestro juicio se responde rotundamente que circula muchísima más. Muy poco sabemos de la suerte de quienes acopian, comercializan y exportan la droga desde lo más alto de la pirámide, poderosos invisibles de esta siniestra trama.
Aunque la tasa estimada extraoficialmente de 16 homicidios cada 100.000 habitantes correspondiente a Rosario –ciudad que desde hace décadas se desangra como consecuencia del avance narco– resulta mayor que la que se registra en el Gran Buenos Aires, los datos de la realidad revelan que el poblado conurbano bonaerense sigue peligrosa y aceleradamente los pasos de la ciudad santafesina.
La falta de controles y de operativos, la trasmutación del delito durante la cuarentena y el reclutamiento cada vez mayor de menores de edad son indicadores por demás elocuentes del agravamiento de la situación bonaerense, con un sostenido aumento de los casos de enfrentamientos entre bandas narco.
En ese siniestro contexto y frente a la desafortunada designación de Aníbal Fernández como ministro de Seguridad de la Nación, el mismo que hizo desaparecer durante años las estadísticas del crimen en el país cuando sostenía eufemísticamente que la inseguridad era solo una sensación y durante cuya anterior gestión la Argentina pasó de ser un país de tránsito de droga a producirla, la realidad indica que el Gobierno no está dispuesto a combatir este flagelo. Es harto conocido el turbio currículum del flamante viejo funcionario, plagado de fracasos en la lucha contra el narcotráfico y hasta sospechado de haberlo facilitado en gestiones con delincuentes.
Por lo demás, resultan tan llamativos como ridículos los dichos de autoridades de la provincia de Buenos Aires que reducen a “ajustes de cuentas” los crecientes episodios delictivos en ese distrito. No habría ajustes de cuentas entre narcos si estos no existieran o si su poder se viera menguado como producto del imprescindible combate estatal.
Se plantea también como paradigmático el caso de la mujer detenida por drogas, monitoreada por tobillera electrónica en su casa de Villa Zavaleta, en la ciudad de Buenos Aires, quien gerenciaba un quiosco de venta de marihuana y cocaína ante la más absoluta indiferencia estatal. La crisis económica favorece el desarrollo de estas actividades en muchos centros urbanos del país con bandas que se disputan violentamente el territorio. Al ofrecer rápido acceso a dinero fácil para gente de toda edad, niños y jóvenes en particular, reclutados como soldaditos o sicarios, corrompen cada día más el entramado social, acelerando la espiral de violencia y muerte, y pujando por instalar un Estado narco dentro del propio Estado.
Villa Rudecindo, en Florencio Varela; Itatí, en Quilmes; 9 de Julio, Loyola y La Rana, en San Martín; Centenario, en Lomas de Zamora; San Petersburgo, Puerta de Hierro y Palito, en La Matanza, y Cuartel V, en Moreno, constituyen algunos de los muchos barrios bonaerenses con sectores críticos donde el Estado no ingresa y las organizaciones criminales desarrollan sus actividades con la complicidad de policías, provocando una interminable lista de muertos entre delincuentes, pero también entre personas inocentes atrapadas en medio de tiroteos.
Miembros de fuerzas de seguridad, jueces, fiscales, legisladores, periodistas y testigos protegidos no pueden quedar librados a su suerte cuando con valentía ponen en riesgo sus vidas y las de sus familias para dar batalla al crimen organizado.
La ciudadanía debe agradecer y apoyar al procurador general de la Nación, Eduardo Casal, y al secretario de Coordinación Institucional del Ministerio Público Fiscal, Juan Manuel Olima. Al director de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Diego Iglesias, y al juez penal económico Pablo Yadarola, junto al camarista federal de Apelaciones de San Martín Néstor Barral, quienes son solo algunos de los muchos magistrados que en todo el país hacen frente desde el valiente desempeño de sus funciones a las organizaciones criminales. Apoyar y garantizar la seguridad de quienes se juegan la vida en este combate desigual es un compromiso que la ciudadanía y sus dirigentes debemos asumir sin dilaciones.
Constituye un hecho inconcebible que la dirigencia política siga demorando los esfuerzos dirigidos a diseñar un plan integral de combate al narcotráfico. Basta ya de anunciar mediáticos planes y programas de corto alcance, pero nula efectividad.
Comenzar por poner fin a la trama de complicidad entre tantos nichos corruptos de distinto origen es fundamental. Es harto sabido que si se facilita el negocio no se puede pretender simultáneamente combatirlo. “Hay que dejar de hacer lo que se viene haciendo hasta ahora”, insistía con razón el diputado provincial santafesino Carlos del Frade, integrante de la lista negra de un violento grupo por sus investigaciones.
Una vez más, urge tomar conciencia y emprender sin más dilaciones la lucha contra este mal para desarticular las redes de connivencia mafiosa que facilitan la proliferación de narcodelitos.
No hay tiempo que perder. Es demasiado lo que está en juego.
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