Moneda sin respaldo, derechos de papel
De poco sirve la creación de nuevos derechos si, de la mano del impuesto inflacionario, nuevas angustias aquejan a sus eventuales beneficiarios
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LA NACION
Multitudes laboriosas en el Estado Nacional dedican esfuerzos contradictorios, unos para crear derechos y otros para esterilizarlos, en un juego de suma cero. Unos 2100 empleados de la Imprenta y la Biblioteca del Congreso pretenden justificar su sueldos con supuestas tareas de soporte a la labor parlamentaria de 329 legisladores, más sus empleados y asesores. Otros 1100 empleados de la Casa de la Moneda se afanan en la impresión de billetes que malogran, cada día, la efectiva vigencia de los derechos creados por aquellos, con igual diligencia.
En su afán por emular a su mentora, el presidente Alberto Fernández expresó su deseo de “ganarle a Cristina” y “dar más derechos de los que dio ella”, rematando el halago al sostener dudosamente que el “primer gobierno de Cristina fue el más progresista que ha tenido la democracia a la hora de otorgar derechos”. Sin duda, se refiere a numerosas leyes sancionadas durante ese período, algunas conflictivas, como la legalización del aborto, la ley de identidad de género, la patria potestad compartida, el matrimonio igualitario, el cupo femenino para cargos electivos y el llamado “voto joven”, entre otros. Además de los múltiples planes sociales, las jubilaciones sin aportes y los nuevos derechos surgidos del nuevo Código Civil y Comercial. Pero el Presidente debería tener una visión más abarcativa y realista del concepto de “progreso” social y económico.
La proliferación de billetes y la ausencia de moneda han provocado niveles de pobreza nunca vistos. Ese fenómeno, originado en el déficit fiscal, se engarza con el deterioro de los derechos de “primera generación”, base de creación de riqueza de una nación.
Quienes han interrumpido un embarazo, u obtenido una nueva identidad, o contraído un matrimonio igualitario, consideran esos logros como partes de un plan de vida, que requiere un sustento material mínimo para hacerlos realidad. Al amanecer del día siguiente, necesitan ingresos regulares y suficientes para alimentarse, abrigarse y sanarse. Para sostener su autoestima, consolidar vínculos y proyectar para el futuro.
Nada de eso es posible, cuando la inflación corroe los ingresos y destruye los ahorros. Hace una década, la actual vicepresidenta sostenía que “la Argentina tiene el salario mínimo vital y móvil más alto de Latinoamérica” y actualmente, luego de ese aluvión de derechos, es el más bajo, solo por encima de los de Haití y Venezuela.
La inseguridad jurídica y la falta de confianza están en el núcleo del proceso inflacionario. El empleo formal, la fortaleza del salario, la dignidad de las jubilaciones, el acceso a la vivienda, la existencia de crédito y la inclusión de los excluidos solo son posibles con crecimiento económico.
Debe existir armonía entre la creación de nuevos derechos y el respeto por los derechos “alberdianos” o individuales, de rango constitucional, que configuran las vigas maestras de toda la estructura económica de la sociedad. Poco o nada valdrán los nuevos derechos si nuevas angustias aquejan a sus beneficiarios. De nada valen, si sus condiciones de vida empeoran cada vez más. Si no tienen empleo, ni vivienda, ni ingresos suficientes para alimentarse, ni para mantener a sus familias.
Los niveles de inflación indican el grado de discrepancia. El Estado otorga derechos, pero el mercado debe proveer los recursos para hacerlos posibles o para no malograr su disfrute. Y el mercado solo funciona donde existen derechos de propiedad, se respetan los contratos y rige la seguridad jurídica, con división de poderes e independencia del Poder Judicial. Cuando esas condiciones no existen, la Casa de la Moneda convierte los nuevos derechos en papeles sin respaldo.
Los países escandinavos, modelos del presidente Fernández, han construido sus sistemas igualitarios sobre la base de economías que funcionan y crean riqueza abundante para sufragar derechos que pueden sostener. Allí no hay inflación, ni corrupción política, no hay empresarios prebendarios; los funcionarios son austeros y los tribunales, independientes.
En Cuba y Venezuela, países totalitarios, afines a la ideología del Instituto Patria, la carencia de derechos individuales, tanto políticos como económicos, ha convertido en letra muerta las rimbombantes declaraciones de sus respectivas constituciones, por carecer de empresas privadas, únicas fuerzas capaces de generar riqueza verdadera.
Los fracasados experimentos socialistas, en ausencia de flujos productivos, siempre recurren al consumo de algún stock propio o ajeno para financiar sus necesidades. Como la extracción de recursos naturales, la explotación del campesinado, la expropiación de activos privados o al apoyo de alguna potencia, como fue la URSS y ahora es China.
En la Argentina, el kirchnerismo, en su empecinado combate contra el capital, sigue el mismo camino. Pretende reemplazar frutos regulares de una inversión privada tan obstaculizada como desalentada, con exacciones de lo que encuentra a su alcance: las cajas de YPF, las AFJP, AYSA o la Hidrovía; los salarios misérrimos y las jubilaciones minúsculas; la ilusión de Vaca Muerta o la esperanza del litio; las retenciones al campo, la apropiación de depósitos bancarios, el impuesto a la riqueza y la presión fiscal más alta de la región. Y, dada su condición de país errante y solitario (“standalone”), apostando a las oscuras alianzas con países donde se violan los derechos humanos.
Después de tantas experiencias utópicas fracasadas, la izquierda progresista debería saber que conciliar crecimiento con igualdad, en contextos de pobreza creciente, es un desafío que no se resuelve con expresiones de deseos, aunque tengan formato legal. Si Alberto Fernández quiere “ganarle a Cristina” dando “más derechos de los que dio ella” debería aprender el ABC de la prosperidad, fortaleciendo los antiguos derechos que (a diferencia de Cuba y Venezuela) ya tiene en su Constitución Nacional.
Los 35 artículos de sus Declaraciones, Derechos y Garantías, contienen todo lo que se requiere para poner a la Argentina de pie, utilizando sus propias fortalezas, sin recurrir a pactos espurios con las peores dictaduras, confiando y alentando a quienes invierten, trabajan y estudian, dentro de las fronteras de este maravilloso país.
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