México: la Justicia no se vota
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El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, comenzó a transitar su último mes en el poder tras seis años de mandato no sin antes impulsar, en el inicio de las sesiones del nuevo Congreso, una polémica reforma judicial que despertó severas críticas por considerar que eliminará la independencia de la justicia. Ello suscitó paros laborales del sector, protestas y numerosas críticas nacionales e internacionales por los riesgos que puede suponer para el Estado de Derecho, el comercio internacional y las inversiones.
Los cambios aprobados modificarán el Poder Judicial para convertirlo de un sistema basado en la capacitación y las calificaciones a uno en donde los votantes elijan jueces y en el que haya menos requerimientos para competir. El aspecto más controvertido es aquel que determina la destitución de todos los miembros actuales del poder judicial federal de México, incluidos todos los magistrados del Tribunal Supremo, y luego se los sustituiría mediante elecciones masivas, por realizarse en 2025 y 2027.
También resulta cuestionable la figura de los jueces anónimos, incluida en la ley con el objeto de proteger a los magistrados que lleven casos de delincuencia organizada, pero que ha dado lugar a abusos que las asociaciones civiles y los organismos internacionales han documentado y denunciado, pues viola el derecho a un juicio ante un tribunal independiente, imparcial e idóneo.
López Obrador y la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, afirman que el objetivo de la reforma es suprimir la corrupción en el Poder Judicial. Sin embargo, la realidad señala que, a raíz de la oposición a las políticas más criticadas del presidente mexicano y de su partido, Morena, la finalidad perseguida es desmembrar la actual composición del Poder Judicial.
La nueva norma contempla cambios en 16 artículos de la Constitución y plantea un nuevo diseño para el sistema judicial en su conjunto. Uno de los aspectos más relevantes contempla reducir de 11 a 9 el número de miembros del Suprema Corte de Justicia y su permanencia en el máximo tribunal que será de 8, 11 y 14 años, en función del número de votos obtenidos por cada uno: los más votados se mantendrán en el cargo durante un periodo mayor.
Diversos analistas y muchos de los jueces mexicanos reconocen que se requieren cambios para hacer frente a la corrupción en el sistema judicial, pero aseguran que la reforma aprobada no está diseñada para atacar los problemas más profundos de corrupción ni los altos niveles de impunidad de los delincuentes.
El empresariado se manifestó en contra de la ley al expresar que con esa modificación México perdería certeza jurídica y crearía un ambiente de inversión adverso. Las calificadoras de riesgo han encendido sus alarmas toda vez que los riesgos para invertir serán mayores y los mercados sufrirán mayor volatilidad.
México enfrenta el grave desafío de las mafias del narcotráfico. Si los magistrados van a ser elegidos conforme la nueva ley, no es difícil presumir que esos grupos se ocuparán de financiar campañas para colocar a sus candidatos en los tribunales para lograr impunidad de sus acciones. La reforma podría dejar en la práctica un Poder Judicial débil y sumiso a los vaivenes políticos y del crimen organizado.
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