Massa y el uso de fondos públicos para la campaña
Urge que la Justicia investigue las numerosas denuncias contra el ministro-candidato por malversación de las arcas del Estado en su beneficio electoral
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LA NACION
El uso y abuso está a la vista. Con desparpajo, el ministro-candidato Sergio Massa insiste en recurrir al dinero de todos los contribuyentes para financiar su campaña electoral con vistas al balotaje. En rigor, el contendiente de Unión por la Patria, que enfrentará al libertario Javier Milei, ha venido ejercitando esa tan nefasta como ilegal práctica desde hace tiempo, por medio de instrumentos como el vulgarmente llamado “plan platita”, que no ha sido otra cosa que manotear las arcas públicas para solventar medidas de gobierno tendientes a favorecer a determinados sectores sociales a fin de procurar ganarse sus votos.
Como consecuencia de esa vil estrategia, Massa ha sido eje de una media docena de denuncias por violar el Código Electoral, abuso de autoridad, fraude en perjuicio de la administración pública y malversación de caudales públicos, entre otros delitos.
Firman una de ellas el abogado constitucionalista Daniel Sabsay; la exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF) María Eugenia Talerico; Julián Marcelo Curi, exfuncionario de la Dirección Nacional Electoral, y la abogada María Elsa Nercellas. La jueza federal María Servini de Cubría delegó en el fiscal Ramiro González la unificación de los distintos expedientes.
“No hay dudas de que Massa ha violado esos deberes y no por errores ni por negligencia o imprudencia o por riesgos propios de la función o circunstancias ajenas o en miras a disponer medidas y acciones, sino por un temerario actuar y violación flagrante de los deberes a su cargo”, afirman los denunciantes en un duro y fundamentado escrito de 25 páginas, en el que agregan que el ministro-candidato no obró con prudencia ni tuvo ningún condicionamiento, sino que asumió una gestión económica irresponsable y especulativa en pro de sus objetivos presidenciales. La denuncia apunta decididamente a la defensa y cuidado de los roles institucionales. Pareciera que vale todo, pero no es así”, sostuvo Talerico a LA NACION.
Aclaran esos denunciantes que no persiguen judicializar la política económica ni mostrar una mera disconformidad, sino advertir y reclamar las correspondientes sanciones ante esa brutal mala praxis que se ha ido intensificanda después de las PASO.
Camuflar mensajes electorales en actos de gobierno ha sido otra de las infames estrategias de Massa. La difusión de propaganda política enmascarada en anuncios oficiales está prohibida por la ley. El Código Electoral Nacional prohíbe ese tipo de publicidad hasta 25 días antes de las PASO y de las elecciones generales. Si bien no menciona el balotaje, la Cámara Nacional Electoral determinó que deben establecerse las mismas condiciones. Tratando de explicar lo inexplicable, el Gobierno intentó desmentir esa clara violación diciendo que Massa solo informa novedades administrativas de planes vigentes. Otra burda explicación que subestima la inteligencia de los ciudadanos.
Lo mismo ocurre con la grosera manipulación de información que hacen los medios de difusión públicos para favorecer a Massa. Un flagrante ejemplo de ello lo expone un monitoreo realizado por Transparencia Electoral, que determinó que, entre el 30 del mes pasado y el viernes último, en el noticiero nocturno, la cobertura dedicada al candidato opositor en la Televisión Pública fue abrumadoramente negativa. El reporte, titulado “El contexto importa: el efecto cancha inclinada en las elecciones 2023″ denuncia no solo el uso de los medios públicos para favorecer a la candidatura oficialista, sino la forma en que también se enmascaran y direccionan muchos recursos estatales con ese objetivo.
“Todo el descalabro de los 15 meses desde que asumió Massa sucede a la par de innumerables casos de corrupción que son vox populi” y en los que se encuentran comprometidos punteros y referentes del oficialismo, dice Talerico. Es de esperar que la Justicia haga precisamente eso: justicia con quienes creen que son dueños del Estado.
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