Más que la deuda, el problema son los dirigentes
La Argentina no resolverá su crisis de endeudamiento sin un programa económico serio y con declaraciones que defenestren a nuestros acreedores
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LA NACION
A las ya de por sí difíciles circunstancias en que el gobierno nacional debe encarar la renegociación de las deudas con el Club de París y el Fondo Monetario Internacional (FMI), hay que añadir la permanente y sonora campaña de los sectores de la coalición gobernante afines al kirchnerismo en contra del cumplimiento de los compromisos internacionales de la Argentina. Aun cuando desde despachos oficiales se pueda ver estas acciones, ricas en cuestionamientos al organismo financiero internacional, como una presión hacia los propios acreedores, tendiente a negociar desde una posición de fortaleza, nada de esto puede ayudar a mejorar nuestra imagen y la confianza en el país por parte del mundo.
El próximo lunes 31 vencerá el pago de unos 2400 millones de dólares que la Argentina les adeuda a los países integrantes del Club de París. El presidente Alberto Fernández ha hecho en los últimos días gestiones ante distintos líderes europeos, que concluyeron ayer con una videoconferencia con la alemana Angela Merkel, para que ese pago pueda ser diferido, sin que se ejecuten cargos extras. Simultáneamente, el ministro de Economía, Martín Guzmán, viene gestionando con el FMI la posibilidad de una renegociación de la deuda argentina por unos 44.000 millones de dólares, con la expectativa de alcanzar un acuerdo de facilidades extendidas, que según el estatuto del organismo internacional puede llegar a tener diez años de plazo.
Anteayer, en coincidencia con la celebración de un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, unos 2000 referentes del ámbito político, social, económico, gremial y judicial, identificados con el kirchnerismo, emitieron un documento con la proclama “Primero la salud y la vida, después la deuda”, en el que trazaron la que a su juicio debe ser una hoja de ruta para la renegociación de la deuda. Su primer paso no sería otro que la inmediata suspensión de los pagos al FMI y al Club de París, mientras se prolongue la pandemia de coronavirus.
Entre otras cosas, reclaman que el FMI no solo acepte un plazo de renegociación acorde con las posibilidades de la Argentina, sino también una quita de capital y una disminución de los intereses “a manera de compensación por las faltas cometidas en el otorgamiento del préstamo” concedido al gobierno de Mauricio Macri. Asimismo, rechazan que el organismo financiero pretenda auditar las cuentas públicas del país.
Del mismo modo, demandan apoyar la querella criminal iniciada por el Gobierno contra quienes actuaron en la obtención del crédito stand-by otorgado por el FMI; investigar el destino de los fondos de dicho préstamo para identificar a los responsables de la fuga de capitales, y “determinar y diferenciar la deuda legítima de la ilegítima”.
Más allá de que es absolutamente sabido que el Estado argentino no está en condiciones de abonar la deuda con el FMI en las actuales condiciones –razón por la cual el Gobierno está buscando una renegociación–, la citada declaración está plagada de falacias. En efecto, la fuga de capitales dista de ser un delito, en la medida en que no implique una evasión de impuestos. ¿O acaso un bonista que invirtió en el país en su momento y que recibió el capital o los intereses al vencimiento de sus bonos no puede resolver invertirlos en el exterior? Respecto de la identificación de los responsables de la fuga de capitales que se reclama, habría que recordarles a los firmantes de la proclama que no hace mucho trascendieron los nombres de quienes sacaron dinero del país, y que entre ellos había no pocos referentes y empresarios amigos de los gobiernos kirchneristas.
Lamentablemente, poco ayudan declaraciones como estas a la comprensión de los problemas de la Argentina por nuestros acreedores. Traslucen, más bien, una falta de voluntad para honrar compromisos o, en el menos malo de los casos, la intención de patear el tablero internacional y de no admitir que quien le presta al país pueda auditar sus cuentas públicas.
El problema central no es otro que la carencia de un programa económico serio. Sin planes de reformas para mejorar la competitividad de nuestra industria, ni para modernizar la legislación del trabajo y el mercado laboral, ni para llevar a cabo las reformas estructurales que permitan disminuir el gasto público y el déficit fiscal, no habrá posibilidad alguna de recuperar la solvencia. Y mientras Cristina Kirchner y el Instituto Patria sigan teniendo la última palabra en materia de políticas económicas dentro de la coalición gobernante, el país no podrá dejar atrás sus problemas.
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