Más perversiones en pandemia
Es vital que la Justicia investigue la posibilidad de un abuso de autoridad detrás de la extensión de las restricciones del gobierno de Alberto Fernández
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Las críticas de Daniel Gollán, diputado nacional de Unión por la Patria, fueron lapidarias. “La perversidad de este gobierno no tiene límites”, “motosierra inhumana e irresponsable”, fueron algunas de las frases que utilizó quien precisamente no tuvo un desempeño ni siquiera decoroso cuando fue ministro de Salud bonaerense en tiempos de pandemia.
En campaña por la provincia junto al gobernador Axel Kicillof, Gollán criticaba a la oposición y volvía a cargar contra los medios al tiempo que insistía en elogiar la gestión del peor gobierno de la historia durante la pandemia. Increíble hipocresía.
Martín Guzmán, ministro de Economía de entonces, acaba de poner el tema en el candelero cuando comentó que, ante la grave afectación de la economía de la gente, en aquellos aciagos días pedía explicaciones y se topaba reiteradamente con un “no, no, no se puede” relajar la cuarentena. El exfuncionario admitió sin tapujos que “era la administración de la pandemia lo que hacía fuerte al gobierno”. Reconoció que se erigió a la cuarentena como una bandera política, extendiéndola más de lo que se debió sin argumentos técnicos o científicos que lo justificaran.
Distintos analistas comparten esa visión. El inepto Alberto Fernández estiró escandalosamente el aislamiento pretendiendo asegurarse que su decisión salvaguardara al protegido de Cristina Kirchner Axel Kicillof, al frente de la densa provincia bonaerense, en lugar de acelerar los procedimientos para la llegada de vacunas de los Estados Unidos.
El encierro, anunciado en marzo de 2020, cosechó inicialmente apoyos masivos. La imagen presidencial trepaba alcanzando números récord, robusteciendo a Fernández en el sostenimiento de las restricciones impuestas vía DNU. A fines de junio de ese año, con unos 1200 fallecidos en el país, se anunciaba un endurecimiento del aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO) en el AMBA por tres semanas, con el mantenimiento del cierre de los establecimientos educativos, limitaciones para transitar y trabajar, y para visitar o despedir a familiares enfermos. En septiembre, los recortes en los fondos de coparticipación de la CABA eran transferidos a la provincia en un afán por evitar el colapso de los hospitales, una medida en claro apoyo al gobernador y pichón de la vicepresidenta.
Pero la derrota en las elecciones legislativas de 2021, que condujo a la renovación de su gabinete, obligó también a Fernández a liberar notablemente el cuestionado encierro. Guzmán mencionó que quisieron endilgarles a él y al supuesto ajuste fiscal todas las culpas por el traspié electoral.
Alberto Fernández sigue así sumando causas judiciales por su actuación en pandemia, ahora también acusado de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, “abuso de autoridad” y “privación ilegítima de la libertad”. El fiscal Guillermo Marijuan, uno de los denunciantes junto con el legislador porteño Yamil Santoro, ya había accionado penalmente en 2021 contra el pésimo exministro de Salud Ginés González García y otros involucrados en el vacunatorio vip, reconociendo también que las decisiones estaban en manos del Poder Ejecutivo y no tan solo de un ministro. Por su parte, Santoro destacó que las medidas impuestas en pandemia fueron usadas como herramientas de marketing político, como surge del testimonio de Guzmán, y que esto constituye “un abuso de poder que debe ser investigado y sancionado”.
El fiscal federal Carlos Stornelli sumó otro frente de tormenta, al pedir una serie de medidas de prueba dirigidas a investigar si Fernández extendió las restricciones impuestas en la pandemia por motivos estrictamente políticos. Reunirá todas las normas dictadas entonces, información estadística sobre los alcances de medidas sanitarias en otros países, notas periodísticas sobre las consecuencias de aquellas decisiones en la población y reportes de economistas y miembros de cámaras empresariales que ahonden en el impacto económico de las medidas, así como estadísticas sobre la evolución de la nómina laboral pública y privada de entonces. Solicitó también al Poder Ejecutivo que informe si hubo encuestas encargadas para medir el éxito de las restricciones.
Cierto es que muchos que hasta ahora guardaron un silencio cómplice con el último gobierno hoy se proponen hacer leña del árbol caído, prácticas deleznables a las cuales nos tienen acostumbrados numerosos dirigentes. Lejos estamos de defender la gestión de quien desde esta columna editorial señalamos como el peor presidente de la historia. Enterarnos ahora de que pudo haber supeditado decisiones trascendentales como el ASPO a la construcción de capital político es escalofriante. En el juego de la silla, todos están dispuestos a correr en la dirección necesaria para asegurarse un lugar, tan afectos a reciclarse para seguir viviendo del Estado. Los dramáticos efectos de la pandemia obligan a revisar cada decisión tomada y a juzgar a cada quien según sus conductas y responsabilidades. Hay demasiadas cosas que son imperdonables. Lo más saludable siempre será que la Justicia caiga con todo su peso sobre quienes corresponda.
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