Más espacios verdes
La planificación urbana debe contemplar el irreversible impacto de proyectos que impiden sumar metros cuadrados saludables para vecinos y visitantes
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Habiendo pasado 30 años de su concesión, cerró el Driving Golf de Costanera Norte. En ese lugar se instalará un parque con acceso directo al Río de la Plata. Se trata de un primer paso en la reconversión de Costa Salguero, que incluye una cuestionada venta de tierras públicas, frenada por la Justicia. En diciembre de 2020, la Legislatura porteña aprobó la venta de los predios de Costa Salguero (17 hectáreas) y Punta Carrasco (14 hectáreas) profundizando una peligrosa tendencia a la urbanización del espacio público porteño. La Justicia la declaró inconstitucional, medida celebrada por numerosas organizaciones ambientalistas que denuncian que más de 47 hectáreas ribereñas pasaron ya a manos privadas, la mitad en el último lustro.
Finalmente, este año, el Masterplan costero del gobierno porteño consiguió luz verde con la aprobación de la Agencia de Protección Ambiental de la ciudad. Tanto la Defensoría del Pueblo porteña como el Observatorio del Derecho a la Ciudad, entre otras organizaciones, denuncian que el proyecto es “inexistente” y que mal se puede entonces otorgar un permiso con tantas imprecisiones y dudas sobre el futuro uso de los concesionarios. También la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) rechazó el proyecto de construir conjuntos habitacionales debido al peligro que implica la cercanía del Aeroparque.
Lentamente, el gobierno de la ciudad avanza en el control de las valiosas tierras que limitan con el río, al argumentar que se trata de predios que no eran accesibles para vecinos y visitantes y cuyo aprovechamiento sumará unas 13 hectáreas verdes, el 74% de la nueva superficie. Otras cuatro hectáreas se destinarían a edificios de uso mixto que no superarán los 29 metros de altura.
Es necesario incrementar el número de espacios verdes de acceso libre y gratuito; recuperar el uso común de zonas costeras; garantizar la integridad de parques, reservas plazas y plazoletas, y desmercantilizar la utilización de las áreas públicas
El proyecto urbanístico Parque Salguero surgió de un concurso que convocó más de 100 propuestas arquitectónicas. Se propicia una extensión del Distrito Joven, un “barrio joven” que ocupará el 26% de ese sector de la costanera con viviendas, oficinas, locales gastronómicos y comerciales, en contra de la opinión de quienes entendemos que se trata de un contrasentido social, urbano y ambiental que privatiza un espacio que debería ser ciento por ciento verde y ribereño, de uso común, tal como fija el artículo 8 de la Constitución porteña.
El mes próximo se iniciaría la primera etapa de las obras por inaugurarse en mayo de 2023, con un presupuesto estimado de 465 millones de pesos, y que también incluye un patio de juegos para niños, tres lagunas y un estacionamiento.
En 2020 se inició en subastas públicas la venta del predio de 12 hectáreas fraccionadas que ocupaba el Tiro Federal, en Núñez. A valores inferiores a los del mercado, a pagar en pesos y en cómodas cuotas por los compradores, el gobierno porteño supuestamente destinará los millonarios ingresos a la construcción del Parque de la Innovación, que ocupará parte del predio, a obras de urbanización, infraestructura, salud, educación y seguridad. Por su parte, el Tiro Federal recibe 13 hectáreas de la Costanera para su usufructo por 150 años. La aprobación de convenios urbanísticos con los que el Estado otorga derecho sobre el espacio público exige 40 votos y no los 31 que demanda el cambio de una norma urbanística. Además, el Plan Urbano Ambiental, que exige defender el interés público, no siempre se respeta.
Las demandas ciudadanas destinadas a que la ciudad cuente con más espacios verdes no cesan. Los desarrollos inmobiliarios parecen agotar lentamente la disponibilidad de terrenos o áreas que podrían parquizarse y que muchas veces terminan en diseños en los que predomina el cemento. Se estima que por lo menos unas 150 hectáreas se perdieron desde 2008. La lista es larga. Cuando los estándares internacionales recomiendan entre 10 y 15 metros cuadrados de superficie verde por habitante, en la Capital Federal apenas se llega a seis en promedio, con lugares que no superan el metro cuadrado.
La inclusión de más espacios verdes no puede quedar fuera de la planificación urbana. Muchos playones ferroviarios de la ciudad que podrían haberse aprovechado para parques fueron vendidos. De igual forma, el distrito podría reconvertir en espacios verdes públicos inmuebles ociosos o abandonados.
Asuntos del Sur y el Observatorio del Derecho a la Ciudad formularon una ley marco de espacios verdes para el distrito con el fin de garantizar los espacios verdes públicos acordes con la distribución demográfica porteña; incrementar aquellos de acceso libre y gratuito en cumplimiento del principio de progresividad; recuperar y asegurar el uso común de zonas costeras; garantizar la integridad de parques, reservas, plazas y plazoletas, y desmercantilizar espacios verdes.
Al tratarse de decisiones sobre las que no se puede volver, entregar bienes de dominio público ha dejado de ser una alternativa saludable para la ciudad. Mucho menos cuando no se evalúa debidamente el impacto, no de cada proyecto aislado, sino el acumulativo de las distintas obras y se priorizan intereses muchas veces alejados del bien común.
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