Manteros y espacio público
Hace pocos días, el gobierno porteño desalojó a más de 2000 manteros del Parque Centenario. Ante los reclamos de vecinos y comerciantes, más de cien inspectores y efectivos policiales actuaron en defensa del espacio público y de quienes cumplen con sus obligaciones fiscales.
Muchos creen que el espacio público puede ser usado por cualquiera con cualquier fin. La reiterada violación de las normas –en este caso, la instalación de puestos de venta en lugares no permitidos– no permite invocar derechos adquiridos.
Desde el inicio de la gestión de Jorge Macri se vienen llevando a cabo distintos desalojos de ocupaciones ilegales en la ciudad, como la feria de la calle Perette, en la estación de ómnibus de Retiro, que funcionaba hacía más de cinco años y donde se vendía todo tipo de productos de procedencia desconocida. Lo mismo ocurrió con los manteros del Parque Patricios en un operativo que no tuvo detenciones. Las situaciones se repetían en las ranchadas del aeropuerto Jorge Newbery, en Plaza de Mayo, en la Plaza Lavalle, en la vereda del Congreso o en la zona de Plaza Constitución.
La venta callejera impacta sobre el pequeño, mediano y gran comerciante. Su magnitud representa una competencia absolutamente desleal frente a aquellos empresarios e industriales que trabajan en el marco de la ley. Además, el negocio se nutre de mercadería robada, falsificada y de contrabando, lo que ocasiona también un severo perjuicio económico al Estado.
El derecho a trabajar no puede esgrimirse como argumento para transformar en legal lo que no lo es. Los trabajos, como cualquier otra actividad, deben desarrollarse según las normas establecidas por las autoridades competentes. Emprendedores, artesanos o feriantes genuinos pueden tramitar su participación en las ferias de la ciudad.
La administración, utilización, mantenimiento, recuperación, conservación y protección del espacio público físico es un aspecto clave en la calidad de vida de los habitantes.
Debe sostenerse en el tiempo la acertada y oportuna decisión adoptada por el gobierno de la ciudad para impedir que siga propagándose una actividad al margen de la ley que genera una abierta injusticia en desmedro de los comerciantes legítimamente establecidos.
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