Malas noticias para Insaurralde
Tras la confirmación de la competencia federal del “yategate”, es de esperar que la Justicia actúe con celeridad para que no siga reinando la impunidad
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El 1° de marzo pasado, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la inhibición general de bienes de Martín Insaurralde. Está siendo investigado desde octubre de 2023 por presunto lavado de dinero, un delito federal, y enriquecimiento ilícito, un delito dentro de la órbita provincial o municipal. Aunque el sistema democrático debería garantizar la independencia de los tres poderes, está visto que en la práctica el enunciado no se cumple cuando el poder coopta competencias y simpatías; por ejemplo, tras haber impulsado designaciones de jueces y fiscales afines. Tanto es así que, convencido de su ascendencia sobre la justicia del pago, el exintendente de Lomas de Zamora presionaba para que la investigación se mudara a dicho distrito desestimando las acusaciones por lavado.
Por su parte, la Cámara Federal de La Plata confirmó la competencia federal del caso del yate Bandido en el que navegara con Sofía Clerici el año pasado en aguas del Mediterráneo. El juez Carlos Vallefin, en su fallo, justificó que “la complejidad de las maniobras denunciadas, la naturaleza federal de una de las hipótesis que se investigan –lavado de activos–, el estado incipiente del proceso, así como razones de mejor administración de justicia, determinaban el rechazo de la declinatoria parcial de competencia” del juez subrogante federal en Lomas de Zamora Ernesto Kreplak. Agregó que el lavado “debe ser considerado delito autónomo contra el sistema financiero nacional y que constituye un serio riesgo para la estabilidad de los sistemas democráticos”. La Unidad de Información Financiera (UIF) se constituyó también en querellante.
Insaurralde había recusado al fiscal Sergio Mola por “arbitrariedad y enemistad”, cuestionando la “persecución penal” contra su pequeña hija por indagar sobre el pago de aranceles del colegio y de cuotas de asistencia, así como sobre su primera esposa y sus otros dos hijos, además de poner el foco en su fastuosa boda con Jesica Cirio, efectuada en 2014. Kreplak volvió a rechazar el apartamiento del fiscal Mola, por lo cual este podrá pedir la indagatoria de Insaurralde, Clerici y Cirio, entre otros imputados.
Las medidas llegan cuando ya ha transcurrido todo un año de investigaciones y mientras el principal acusado, supuestamente recluido en su casa de Banfield, retoma encuentros políticos como el que reunió recientemente a varios peronistas bonaerenses en el cumpleaños del intendente de Pilar. Ya todos conocemos la increíble e intolerable capacidad de algunos para burlarse de la Justicia y volver al ruedo estrenando nuevas responsabilidades.
La fiscalía cuenta con documentación probatoria de tan costosos como numerosos viajes del exjefe de Gabinete bonaerense, incluidos los gastos del paseo europeo –que involucró el alquiler del yate en cuestión– por más de 50.000 euros, así como la compra de una casa en un country inscripta a nombre de una sociedad, todo esto muy por encima de su nivel de ingresos. Muchos de los pagos ni siquiera figuran a su nombre y se suman a otras evidencias, como media docena de vehículos que serían propiedad de su exesposa Jesica Cirio.
Sofía Clerici está inscripta como monotributista categoría A con ingresos mensuales por 800.000 pesos. Había afirmado vender ropa y tener productoras de TV como empleadoras, aunque en un escrito presentado dijo cobrar altos honorarios como “acompañante de viajes”, aclarando que, al no estar oficialmente reconocidas las trabajadoras del sexo y actividades relacionadas como recomienda la Organización Internacional del Trabajo (OIT), no puede pagar los impuestos correspondientes. Se quejó de ser cosificada por la “moral patriarcal” y pidió ser sobreseída argumentando que sus ganancias no pueden considerarse como un hecho delictual. Los objetos de lujo exhibidos en el yate –carteras, relojes y anillos de costosas marcas– y los secuestrados en su casa superan ampliamente su nivel declarado de ingresos.
Entre 2009 y 2021, Insaurralde fue intendente de Lomas de Zamora –el segundo municipio bonaerense más populoso– y luego diputado, pero también manejó otra tan cara como oscura caja, el Instituto Provincial de Loterías y Casinos, desde 2000.
El fiscal Mola pidió el levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil tanto para Clerici como para Insaurralde. Ambos habrían comprado sus casas “en secreto” y la Justicia investiga si son producto del delito. Ya había dicho Vallefin en su fallo que “el patrimonio denunciado no se condice con los ingresos propios de las actividades declaradas por los imputados”.
Cabe recordar también las denuncias contra Juan Pablo de Jesús, exjefe comunal del Partido de la Costa, con buena cantidad de propiedades sin declarar. Padrino de bodas de Insaurralde con Cirio y de la hija del dirigente, se investiga si podría ser también su testaferro.
“Bandido con la plata de Lomas”, decía el cartel de la caravana que parodió el lujoso paseo del exintendente a poco de conocerse el escándalo. La Justicia tiene la palabra y es de esperar que la emita con celeridad.
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