Los tenebrosos vínculos del fiscal Scapolan
El Tribunal de Enjuiciamiento bonaerense tiene la responsabilidad de resolver una causa en la que quedó expuesta una feroz connivencia para delinquir
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LA NACION
El pasado 22 de diciembre, el Tribunal de Enjuiciamiento de la provincia de Buenos Aires admitió la acusación de la Procuración General, al entender que las escandalosas conductas que se le endilgaban al entonces fiscal bonaerense Claudio Scapolan constituyen mal desempeño del cargo, y dispuso su inmediata suspensión, dando continuidad al jury para evaluar su destitución. El debate oral se llevó a cabo a fines de marzo y el tribunal se pronunciará el lunes próximo.
“¿Qué le cabe a la sociedad si quienes tienen la obligación de velar por el cumplimiento de la ley y de perseguir el delito son los que lo cometen? No solo eso, lo planifican, lo organizan y lo ejecutan”, fueron las expresiones del fiscal general de Pergamino, Mario Gómez, designado por el procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, a cargo de la acusación, al comenzar su alegato en el juicio político contra Scapolan. En su defensa, el acusado interpuso cuestiones procedimentales, imputó arbitrariedades a sus acusadores, deslindó responsabilidades en la policía y apuntó a la coacción a un testigo.
Scapolan ya había sido licenciado el 1º de agosto de 2020 por la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires y apartado preventivamente por decisión del Tribunal de Enjuiciamiento el 4 de mayo de 2022.
Es conocida, además, la fuerte protección política con que cuenta Scapolan, especialmente del hoy ministro de Economía, Sergio Massa, por viejos favores que el entonces fiscal le hizo a la familia Massa-Galmarini cuando asaltaron su vivienda, en 2013, una relación que había comenzado previamente a ese hecho, pero que se fortaleció aún más con motivo del robo.
“¿Qué le cabe a la sociedad si quienes tienen la obligación de velar por el incumplimiento de la ley y de perseguir el delito son los que lo planifican, lo organizan y lo ejecutan”, se preguntó el fiscal general de Pergamino, Mario Gómez, durante su alegato en el juicio político a Scapolan
Las denuncias contra Scapolan incluyen persecución de manera maliciosa a un juez de cámara, entorpecimiento de una investigación penal, tráfico, transporte y comercialización de estupefacientes e incumplimiento de la obligación de investigar. Scapolan estaría asimismo implicado en una banda delictiva que extorsionaba a personas mayormente vinculadas con el narcotráfico para obtener dinero o bienes de manera ilegítima, en una red conformada por policías, funcionarios judiciales, abogados y civiles.
Como producto de investigaciones fraguadas, fue denunciado por ejecutar allanamientos –muchos de ellos sin orden de un juez y dispuestos de urgencia por el mismo fiscal– amenazando a los propietarios con plantarles estupefacientes en sus casas si no entregaban dinero. Durante el debate fueron confirmándose, prueba tras prueba, graves irregularidades, así como su participación directa principalmente en los siguientes procesos judiciales:
La causa Anacona. Una llamada anónima a una comisaría de Quilmes, que nunca se concretó según pudo ser verificado, denunciaba que una camioneta iba a transportar una carga de droga desde el partido de Moreno hasta San Isidro. Se argumentó que la fuerza dio aviso a Scapolan, quien ordenó un procedimiento de urgencia que derivó en la incautación de media tonelada de cocaína. Con la causa ya en juicio oral, numerosas irregularidades condujeron a la nulidad de todo lo actuado y a liberar a los involucrados. La investigación posterior demostró que el proceso estuvo viciado desde su comienzo, cuando no le correspondía a esa dependencia policial intervenir, incluyendo que hubo además falsos testigos, sistemas de rastreo ilegales y un supuesto informante que trabajaba para la policía bonaerense. La droga secuestrada superaba en una tonelada lo declarado, habiendo dispuesto el fiscal y la policía de la diferencia para su reventa.
La causa Bustamante. A partir de otra llamada anónima que denunciaba a dos supuestos vendedores de droga, Scapolan ordenó una investigación. Plagada de irregularidades, la causa tuvo el mismo destino que la anterior. Se descubrió que, en los allanamientos, se había amenazado a numerosos testigos con implantar droga en sus casas si no entregaban dinero.
La causa Santellán. En el allanamiento del domicilio de Sergio Santellán se lo habría extorsionado para que evitara realizar ese mismo procedimiento en las casas de su concubina y de su expareja. Santellán entregó 30.000 dólares y quedó involucrado, junto con familiares, amigos y vecinos, en una causa por tráfico de estupefacientes. Su cuñado sufrió el robo de su vehículo, con cámaras de seguridad que registraron cómo policías plantaban droga en el lugar para justificar su secuestro, entre otras escandalosas comprobaciones.
La causa Acosta. Luego de un allanamiento en San Isidro en busca de estupefacientes, tras un llamado anónimo, Scapolan dispuso allanar de urgencia dos domicilios fuera de su área de competencia, una maniobra conocida como “rulo”, que sirve para justificar su intervención. En uno no se encontraron elementos de interés para la causa mientras que en el segundo se detuvo a su morador por tenencia de estupefacientes. La investigación de la fiscalía federal constató irregularidades y amenazas, y que, además de lo que les robaron, los segundos moradores pagaron para que no les implantaran droga en su domicilio evitando quedar detenidos.
La causa Ortellado Céspedes. Si bien no quedó acreditada la participación directa de Scapolan en un hecho ilícito, se advirtieron numerosas irregularidades que guardaban relación con el modus operandi desplegado en ocasiones anteriores. Llamada anónima, allanamiento de urgencia sin detenidos y otro “rulo” para intervenir en jurisdicción ajena. Tiempo después del allanamiento realizado por Scapolan, se encontró en el mismo predio numerosa cantidad de cocaína, lo cual hace sospechar fuertemente la existencia de un acuerdo para evitar la detención de los involucrados.
Mientras la ciudadanía contempla con espanto la feroz multiplicación de actos delictivos vinculados a organizaciones criminales relacionadas con el tráfico de estupefacientes, los integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento bonaerense tienen la responsabilidad de resolver una causa en la que se han desnudado los alarmantes y tenebrosos vínculos del fiscal Scapolan. Su fallo será clave y ejemplificador. Necesitamos recuperar la confianza en una Justicia valiente dispuesta a terminar con la impunidad.
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