Los narcos van ganando la batalla
La escalada de violencia ya no se reduce a Rosario, sino que está extendiéndose por el país ante la mirada cómplice de funcionarios que sacan rédito del delito
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LA NACION
En septiembre próximo se cumplirán diez años del inicio de la llamada “guerra narco” en Rosario con la aparición en la escena pública del crimen por encargo. La ejecución de Martín Paz por parte de la banda Los Monos en pleno centro de la ciudad y a plena luz del día marcó lo que una década más tarde se impuso como un engranaje aceitado del negocio narco: la lucha entre bandas criminales montada sobre una violencia permanente, que provocó 2104 asesinatos en todo ese período, según cifras oficiales. Esa imparable ola de crímenes, sin embargo, no se circunscribe a Rosario. Como en un dominó, la violencia extrema se ha ido desparramando por el país. El conurbano bonaerense es una muestra acabada de que no se está haciendo lo correcto para evitar males aún mayores. Basta la connivencia del Estado, a través de las fuerzas de seguridad, la Justicia y la política para que estos sectores del crimen organizado se cuelen por las grietas y ganen poder.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, planteó acertadamente que el narcotráfico será el “principal problema de la Justicia” en los próximos años. Y fue contundente al opinar que “la batalla se está perdiendo”.
Desde que comenzó el corriente año 20 personas fueron asesinadas en un contexto de máxima tensión en Rosario. La principal sospecha es que esos crímenes fueron cometidos por sicarios tras fuertes amenazas a raíz de la detención de la viuda y de un hijo adolescente de Claudio Cantero, exlíder de la banda Los Monos. A madre e hijo les secuestraron 23 armas, autos, motos, joyas, droga y 4 millones de pesos.
La inusitada violencia que aterra a los santafesinos adquiere formas cada vez más sofisticadas, transformándola en un poder mafioso que afila sus métodos para generar pánico, con extorsiones a empresarios y comerciantes, inversiones económicas espurias y balas, muchas balas.
Los narcos están sustituyendo al Estado en la prestación de servicios esenciales, uno de los problemas más graves de la falta de políticas en todos los niveles de poder
En la ciudad de Buenos Aires fue asesinado ayer por la espalda un joven de 27 años, en Barracas. Previamente, dos hombres incendiaron un local en Palermo en lo que se presume que fue un mensaje homofóbico y, en Villa Urquiza, varios ladrones intentaron robar en una empresa de logística, pero no pudieron concretar el atraco porque fueron reducidos por los propios trabajadores. Otros dos hombres asaltaron una heladería y amenazaron con matar a los empleados en San Justo y, en Lomas de Zamora, un grupo de delincuentes asaltó en pleno día a una familia para robarle el vehículo. Rapiñas, escruches, salideras y robos de celulares están a la orden del día. Resulta preocupante, también, que ante la inercia oficial, mucha gente esté tratando de hacer justicia por mano propia.
No son episodios aislados ni “una sensación de inseguridad”, como le gustaba decir al verborrágico Aníbal Fernández, quien hoy conduce dudosamente nada menos que el Ministerio de Seguridad de la Nación.
El caso de Rosario, sin dudas, es dramático. Las últimas investigaciones sobre juego clandestino que encabezaron los valientes fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery pusieron luz sobre la connivencia política de sostén de esa estructura mafiosa, que, en gran parte, se gerencia desde las cárceles, otro fenómeno nuevo en el país. La vergonzosa e inadmisible reacción de sectores políticos cómplices, encabezada por el senador peronista provincial Armando Traferri, fue denunciar a los investigadores.
Recientemente, el fiscal Edery fue amenazado por la viuda de Cantero durante el desarrollo de una audiencia y, al día siguiente, fue atacada, una vez más, la sede de Asuntos Internos del Servicio Penitenciario de Santa Fe, lo que llevó a la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional a condenar los hechos y a alertar sobre su imparable escalada.
El Centro de Estudios sobre Seguridad Hemisférica, Terrorismo y Criminalidad Financiera de la UBA, que reunió recientemente a expertos en seguridad –en su mayoría exfuncionarios y fiscales federales y provinciales– para analizar el problema del crimen organizado en Rosario, describió una situación más que preocupante.
“El diagnóstico expone una situación crítica y de larga data, donde se constatan prácticas mafiosas que, amalgamando el narcotráfico con otras acciones del crimen organizado, como el juego clandestino, la extorsión, el sicariato, la corrupción y otros delitos graves, han alcanzado la capacidad de cooptar diversos estamentos estatales a efectos de garantizar no solo los beneficios económicos de sus negocios ilícitos, sino también la protección, estabilidad e impunidad de los beneficiarios últimos”, señala un documento firmado, entre otros, por el director del centro de estudios, el abogado Juan Félix Marteau.
Uno de los elementos que esos expertos analizaron fueron precisamente “las debilidades institucionales del Estado en todos sus niveles y poderes, carencias del proceso de democratización e incidencia de una corrupción transversal a la sociedad y los partidos políticos en todos sus estamentos”. También hallaron “pobres niveles de profesionalización de las fuerzas de seguridad, localización geográfica estratégica vinculada al comercio terrestre y fluvial –incluida la explotación de la Hidrovía–, la degradación sistémica de la calidad de vida en las periferias urbanas y, más recientemente, los efectos que la pandemia de Covid-19 ha producido sobre los mercados ilícitos”.
En el lapidario documento se llega a la conclusión de que “el encarcelamiento de los jefes de las organizaciones criminales más relevantes, así como la segmentación actual en grupos o bandas narcocriminales más pequeñas y autónomas, no ha conducido a la disminución de los altos índices de violencia en Santa Fe” (...) “Tampoco ha menoscabado su capacidad de sustituir al Estado en la prestación de servicios esenciales, lo que implica uno de los aspectos más graves a la hora de hacer un balance sobre los resultados alcanzados en las políticas de intervención estatal sobre este fenómeno”.
Entre las estrategias de lucha contra estos eslabones del crimen organizado se pone bajo la lupa “la investigación financiera y patrimonial –complementaria a la investigación sobre el delito primario de comercio ilícito de estupefacientes–, que resulta imprescindible para debilitar la rentable economía ilícita que genera el narcotráfico y, así, resguardar la integridad del sistema financiero formal, teniendo particularmente en cuenta el uso distorsivo de las finanzas digitales y las nuevas tecnologías por parte de estos grupos criminales”, por lo que los expertos reclaman la reorganización del sistema de inteligencia criminal, a nivel provincial y federal, como una tarea urgente e imprescindible, que exige la creación de centros de fusión de inteligencia que permitan una mayor racionalidad en la actuación estatal contra actores criminales que tienen la capacidad de infiltrar el sistema gubernamental de toma de decisiones.
Se menciona, además, la necesidad de fortalecer y reinstitucionalizar el servicio penitenciario –incluido su sistema de inteligencia al interior de las cárceles– como otra medida de prioridad inmediata, ante la constatación de que los jefes narcos continúan operando sus negocios, ordenando los homicidios de sus rivales y testigos y amenazando a los actores del Poder Judicial y del Ministerio Público.
Si la lucha contra el narcotráfico no se convierte, de una vez por todas, en una política de Estado, la tragedia que desde hace años vive Rosario y que se extiende aceleradamente por el resto del país comprometerá aún más gravemente el futuro. Para ese entonces, ya será demasiado tarde.
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