Los Moyano: impunidad encarnada
Versátiles frente al poder, los jefes del gremio de camioneros son un modelo de marginalidad que desnuda el verdadero problema del país: la impunidad
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Con tres movilizaciones en diez días, Pablo Moyano sigue la ruta abierta por su padre. Recurre al apriete a las autoridades en beneficio del propio gremio y exige una “Justicia democrática”. A juicio del clan que domina con mano dura un vasto sector sindical, esa es la justicia que sobresee sin pruebas y sin juicios orales a los acusados de delitos gravísimos contra la administración pública y de encubrimiento, tal como ocurrió con Cristina Kirchner. De esa Justicia hablan quienes, como Pablo Moyano, encabezaron el 1º de este mes el acto contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Dos días después de aquella movilización de tintes claramente desestabilizadores, Camioneros realizó otra marcha. Esa vez, frente a la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT), para exigir que se sigan cubriendo automáticamente los tratamientos por Covid, a pesar de estar vencido el decreto presidencial que lo disponía. Y anunció otra marcha para hoy hacia el Ministerio de Salud con el mismo reclamo, al tiempo que amenaza con un paro de actividades en todo el país de no ver cumplidas sus demandas.
A los Moyano los definen la violencia, las barras bravas, las amenazas, las extorsiones, las contrataciones sospechosas, los bloqueos a empresas, las operaciones de lavado y los aprietes
A pesar de ese accionar coercitivo, de los numerosos inconvenientes a los que se ven sometidos el resto de los trabajadores, que padecen constantemente los piquetes y la falta de suministro que significaría un nuevo paro, el Gobierno sigue premiando a Camioneros con “concesiones”. Tal es el caso del programa del Ministerio de Transporte tendiente a crear una red de áreas de servicio en ruta para que sea gestionada solo por Camioneros. Serían 67 paradores dispuestos a una distancia promedio de 180 kilómetros entre uno y otro. El Gobierno interviene así en un mercado que ya funciona de manera privada poniendo a Camioneros a cargo del rentable negocio beneficiándolo en su violento y cuestionable accionar. Una absurda intervención oficial que solo puede explicarse por el pago de algún favor ya realizado o por concretarse.
Cuesta encontrar en el clan Moyano algo que no esté relacionado con escenas dignas de la serie gansteril Los Soprano. Desde hace más de 20 años, ese apellido aparece asociado a lo peor del sindicalismo argentino, invariablemente vinculado a hechos sospechosos de corrupción, con matrices que se repiten y fortunas desviadas de los gremios afines hacia los personalísimos bolsillos de los dirigentes.
Se sienten poderosos frente a un poder político que, por acción, omisión o complicidad, los deja jugar en una cancha inclinada, sin reglas ni sanciones, por lo que ganan siempre
Los Moyano han estado y siguen estando ligados a la violencia política, las patotas sindicales, las barras bravas del fútbol, las amenazas, las extorsiones, los insultos, las contrataciones sospechosas, los bloqueos de empresas, las operaciones de lavado y la persecución de los periodistas que osan denunciar tales prácticas.
El Sanatorio Antártida, propiedad de Camioneros e inaugurado con toda pompa por el presidente Alberto Fernández en plena cuarentena, sin barbijos ni distanciamiento, es un claro ejemplo del poder y la impunidad del clan. Hugo Moyano en persona, a pesar de ser parte de un grupo de riesgo por su edad, participó de la cuarta inauguración como lo había hecho en todas las anteriores. Adquirido por el gremio en 2005 para dar servicios a los trabajadores del sector, se reinauguró en 2009 tras muchas “refacciones”, pero no llegó a funcionar. Así volvió a suceder en 2017 y en 2018, sin que hasta entonces ni un solo camionero pudiera atenderse jamás en sus instalaciones, a pesar de estar supuestamente equipado merced a cuantiosas inversiones. Cuando el sanatorio pasó a manos del gremio, Moyano ordenó una megarrefacción convenientemente a cargo de Aconra SA, empresa de la familia a cuyo frente se encuentra Liliana Zulet, esposa del líder sindical. Millones de dólares circularon por esta calesita donde todos los que giraban eran parientes del dueño de la sortija.
Solo cuando la Justicia se ponga firme, sin dejarse amedrentar, y las conductas corruptas sean condenadas, tendremos chances de convertirnos en una república en serio
Durante un allanamiento en una causa por presunto lavado, la Justicia le encontró a Karina, hija de Hugo, más de 434.000 dólares y 600.000 pesos, que ella se niega a devolver, pese a que está vigente una intimación tras un fallo de la Cámara Federal de la ciudad de La Plata. Karina Moyano sostuvo que ese dinero le había sido donado por un hermano y por su anterior abogado, Daniel Llermanos. Un dato más que llamativo: según su declaración, el abogado, en lugar de cobrarle honorarios, le donó esa fortuna.
La Justicia en lo Penal Económico investiga a Pablo Moyano en otra causa por lavado de dinero a partir de la relación comercial entre un grupo de empresas que giran alrededor del líder sindical y su hijo con OCA. Una defraudación que, según la Justicia, rondaría los 4000 millones de pesos. Tal vez por eso, cuando la AFIP los cuestionó por medio millón de dólares, Hugo Moyano dijo que eran “dos mangos”.
Solo la denuncia del exlíder de la barra brava de Independiente Pablo Álvarez sobre una cuenta bancaria en un paraíso fiscal, una mesa de dinero vinculada con Pablo Moyano y la adquisición de futbolistas alcanzaría para estremecer a cualquiera, pero no a esta particular familia.
Una sociedad que premia al mafioso y castiga al honrado no puede salir adelante. Sin igualdad ante la ley no tendremos remedio
Durante el allanamiento del gremio, Hugo Moyano vociferó una severa advertencia: “Si me quieren meter en cana, que lo hagan, pero después que se la banquen”. Su hijo Pablo no se quedó atrás y dijo que el procedimiento era “un atropello… son peor que los milicos” y amenazó con una nueva medida de fuerza.
Afines y opositores a todos los gobiernos, según convenga, los Moyano son un modelo de marginalidad que desnuda de manera brutal el verdadero problema de la Argentina: la impunidad. Solo cuando una justicia independiente esté en condiciones de superar amedrentamientos y amenazas de neto corte mafioso y pueda condenar severa y ejemplificadoramente las conductas corruptas de personajes como estos y de muchos otros, tendremos chances de ser una república en serio. Una sociedad que premia al mafioso y castiga al honrado no puede salir adelante. Sin igualdad ante la ley no tendremos remedio.
“Todos somos iguales, pero algunos son más iguales que otros”, señalaba George Orwell en Rebelión en la granja. En este sentido, los funestos Moyano confirman ser más iguales e impunes que ninguno.