Los impulsores del riesgo país

Es ya una historia conocida. Luego de cada crisis se sucede un programa de estabilización. Desde 1901 se contabilizan 22, la mayoría por déficit fiscal. Como siempre han fracasado, salvo durante la convertibilidad, es una rutina ver la llegada a Ezeiza de banqueros, asesores, analistas y periodistas, tratando de indagar si “este programa”, por fin, será duradero. Llegan con la agenda repleta de reuniones para entrevistar funcionarios y políticos, oficialistas y de la oposición, sindicalistas y fuerzas vivas, con un manual de preguntas que se repiten a través de los años, procurando evaluar la sustentabilidad de las medidas hacia el futuro. Concretamente, si tienen suficiente apoyo como para durar más allá de un mandato presidencial.

Se necesita un cambio cultural, pues si el peronismo continúa aferrado a banderas históricas de 1946, bloqueando las privatizaciones, la personería gremial por empresa, la reforma de las obras sociales, la desregulación sectorial y todo el largo inventario de privilegios corporativos, lo que se logra es impedir que el riesgo país descienda aún más y que se concreten las inversiones

Cuantos más fracasos acumulados en nuestro historial, menos creíble la promesa de cambio. Lo mismo se preguntó Børge Brende, presidente de Foro Económico Mundial (el “Foro de Davos”) en un encuentro reciente en el antiguo Correo Central, con la presencia de Javier Milei: “¿Continuarán las reformas y habrá paciencia para atravesarlas?”. Los economistas enfatizan que el éxito dependerá de “una fuerte inyección de divisas en la cuenta capital”, pues para crecer al 5% anual se necesita invertir el 25% del PBI: 15% para reponer el capital y 10% para aumentarlo. Y la inversión requiere de confianza en la elusiva continuidad.

Ante la grata sorpresa de mileístas y desazón de opositores, el “riesgo país” de la Argentina se ha reducido notablemente. Ese índice o Emerging Markets Bonds Index (EMBI), calculado por J.P. Morgan Chase refleja la capacidad de un Estado para atender puntualmente su deuda soberana. Y no es solo una abstracción para financistas, sino que tiene incidencia en la ansiada recuperación económica. Pues antes de aumentar el capital de trabajo, de incorporar maquinarias o de proyectar alguna expansión, las empresas calculan cuánto tiempo tardarán en recuperar su dinero. En los países estables, basta con confiar en un recupero lento, pero seguro. En los volátiles, como el nuestro, se pretende recuperarlo muy pronto, en dos o tres años. Para hacer ese cálculo financiero o Discounted Cash Flow (DCF) se utiliza el dichoso índice que determina el costo del capital en la Argentina para compararlo con la rentabilidad de cada proyecto. Cuanto más bajo sea, más atractivo será invertir. Cuanto más alto, lo mejor será “mirar de afuera”, aunque crezcan la pobreza y la desocupación. No es culpa de los inversores, sino de sus inveterados causantes.

La caída del riesgo país, aunque alentadora, es insuficiente dado el potencial de la Argentina y la comparación con los vecinos, mucho menos dotados por la naturaleza. Y aquí está el quid de la cuestión. El enorme gasto público y las distorsiones del sector privado, causas de nuestras crisis recurrentes, fueron creados y “atornillados” por décadas de gobiernos militares y peronistas de derecha o de izquierda. Por eso son necesarias reformas profundas que enderecen nuestra estructura y la liberen de deformaciones útiles para algunos, pero intolerables para el conjunto.

Para eliminar la pobreza, otorgar empleos genuinos y contar con recursos con el fin de dar vuelta la historia a través de la educación, salud, agua potable, cloacas, transporte, seguridad y tantas otras prestaciones incumplidas es necesario realizar reformas de fondo

¿Y por qué son indispensables? Para que el programa de déficit cero sea sustentable, la Argentina debe ser más competitiva y ello requiere eliminar la inflación, reducir la presión fiscal y cambiar los precios relativos, aunque duela. En buen romance, las empresas deben redefinirse y apuntar a ser world-class para colocarse en mercados mundiales y defenderse de las importaciones, por si solas. Y ello requiere bajar el costo argentino, sumatoria de cargas agobiantes impuestas por el Estado y por sindicatos, servicios u otros sectores protegidos, además de la falta de crédito para financiar la reconversión.

Para eliminar la pobreza, dar empleos genuinos y contar con recursos para dar vuelta la historia a través de educación, salud, agua potable, cloacas, transporte, seguridad y tantas otras prestaciones incumplidas –aunque siempre prometidas– es necesario realizar reformas de fondo. No se puede continuar tirando la plata para mantener estructuras estatales redundantes ni sectores que generan ganancias para sus miembros y costos intolerables para la población gracias a subsidios o ventajas seculares. Ni con provincias “barriles sin fondo” gastadoras de dinero que son incapaces de generar por culpa de un régimen de coparticipación perverso.

No se puede continuar tirando la plata para mantener estructuras estatales redundantes ni sectores que generan ganancias para sus miembros y costos intolerables para la población gracias a subsidios o ventajas seculares

Si continuamos debatiendo las ideas perimidas de Raúl Prebisch, Aldo Ferrer, José Ber Gelbard o Marcelo Diamand, el mundo nos dejará atrás. Son tiempos de cambios climáticos, caída de la natalidad, crisis previsionales, repliegue de la globalización, nuevas matrices energéticas e impensados riesgos bélicos a los que podríamos sacar provecho si mandásemos al desván el palabrerío de la “liberación o dependencia” o de “vivir con lo nuestro”. Con inversiones genuinas gracias a un bajo costo del capital, sin créditos del Bicentenario, ni otros enjuagues que desfondan las arcas públicas, seríamos el Franco Colapinto de la década.

Y aquí vamos al título de esta opinión editorial. En la raíz del riesgo país (valga la eufonía) se encuentra la política y, tras ella, el sistema de ideas y creencias de la población. Por eso se necesita un cambio cultural, pues si el peronismo continúa aferrado a banderas históricas de 1946 (y muchos radicales a la Declaración de Avellaneda) bloqueando las privatizaciones, la flexibilidad laboral, la personería gremial por empresa, la reforma de las obras sociales, la desregulación sectorial y todo el largo inventario de privilegios corporativos, lo que logra es impedir que el riesgo país descienda aún más y que las inversiones se concreten.

Es una estrategia sin sentido, porque luego de la crisis terminal de 2023, no hay otro programa económico posible. Aunque Milei tropiece o se lo empuje, ningún modelo alternativo podrá soslayar las reformas que se están realizando y las mayores, que aún faltan. Es retrógrada la propuesta marxista, cuyo resultado sería replicar el drama cubano o pretender que la “economía popular” reemplace al capitalismo, pues, sin inversión privada, nunca habrá fondos públicos para subsidiarla.

Aunque Milei tropiece o se lo empuje, ningún modelo alternativo podrá soslayar las reformas que se están realizando y las mayores que aún faltan concretar

Si corremos el telón del oportunismo político, advertimos que, en realidad, la defensa de lo indefendible tiene por objeto –precisamente– lograr que aumente el riesgo país y verificar la profecía autocumplida. Pues, en cada caso, como el financiamiento universitario o el ajuste jubilatorio, no están en juego ni los sueldos de los unos ni los ingresos de los otros. Es una pulseada de dirigentes aturdidos para demostrar que la regla del déficit cero puede quebrarse movilizando los actores sociales más efectivos: los estudiantes y los jubilados. Pero como prevaleció el veto, el riesgo país bajó.

Es momento de lograr consensos respecto de las transformaciones que la Argentina necesita para eliminar la pobreza, dar empleo regular y educar para la inclusión. Ello requiere que Børge Brende tenga una respuesta afirmativa de todos los consultados. Habrá siempre temas para la discusión política, los nuevos derechos, la inserción internacional, la edad penal, el acceso universitario, los pueblos originarios, la salud pública, etcétera. Pero respetando un nuevo acuerdo fundacional para crecer con inversiones, sin que el bochornoso riesgo país provenga de la decisión de sus propios dirigentes.

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