Los descomunales gastos de las legislaturas provinciales
El costo que tienen los parlamentos provinciales por legislador resulta un verdadero escándalo frente al empobrecimiento constante de la población
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LA NACION
Aunque las provincias replican el sistema de división de poderes establecido por la Constitución nacional, en no pocos casos se trata de una ficción. Los ejemplos de Formosa y Santiago del Estero son emblemáticos. Su baja calidad institucional hace que, merecidamente, sean calificadas de feudos o autocracias. Pero no menos llamativo y preocupante es el costo que implican algunas legislaturas provinciales. Uno de ellos es la relación respecto del gasto total medido por legislador. Por ejemplo, en Formosa, el presupuesto 2021 de la Legislatura por casi 1400 millones de pesos contrasta con el de Ciencia y Tecnología provincial, que ronda los 46 millones.
Si tomamos el caso de Tucumán, su Legislatura es unicameral y la integran 49 legisladores. Los gastos ascendieron el año pasado a 134,6 millones de pesos anuales por legislador. No es que las dietas puedan ser desmesuradas, pero sí ciertamente lo es la cantidad de empleados de la planta de personal. El presupuesto del poder legislativo tucumano equivalió al 4,5% del presupuesto provincial. Incluso, a pesar de la enorme diferencia económica entre los aportes al PBI nacional, el presupuesto por legislador de Tucumán superó al de las legislaturas de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Otro escandaloso caso es el de Chaco, con un presupuesto que ascendió a 102,9 millones de pesos anuales por cada integrante de su Legislatura, sumado a que hay, en promedio, 63 empleados por diputado. Chaco integra con Formosa y Santiago del Estero el grupo de provincias con peores índices sociales del país, dependiendo casi totalmente de recursos nacionales para financiarse. Tucumán gastó en su Legislatura siete veces más que la provincia de Jujuy, mientras que Chaco le asigna cinco veces más. Otra provincia caracterizada por el desorden fiscal y la demora en pagar sueldos a su administración es Chubut, con 77 millones de pesos de presupuesto al año por legislador.
Las tres provincias con los presupuestos más reducidos son las de Mendoza, San Luis y Santiago del Estero. San Luis gasta por legislador poco más de 8 millones de pesos al año y Santiago del Estero 4,5 millones por cada integrante de un órgano que se ha vuelto simple apéndice del Ejecutivo provincial. La Legislatura bicameral mendocina insume un gasto de 18 millones por legislador al año, siete veces menos que Tucumán a pesar de que tiene más legisladores.
El presupuesto de la Legislatura bonaerense en relación con el presupuesto total alcanza el 1%, lo cual no implica que no haya excesos en personal. Las dos cámaras tienen un presupuesto de 17.000 millones de pesos.
Estos datos confirman que el problema no radica ni en la cantidad de legisladores ni en que el sistema sea unicameral o bicameral, pues a los efectos presupuestarios los desbordes en provincias con unicameralidad dejan en evidencia que los extremadamente excesivos gastos son la consecuencia de una dirigencia que ha perdido, más allá del discurso tribunero, su auténtica vocación de servicio asociada a la racionalidad en el gasto.
Es indudable que estos excesos se vinculan con personajes de la política que han encontrado en los presupuestos provinciales una manera de favorecer a familiares y amigos. Los ejemplos de nepotismo prebendario se vuelven más escandalosos en momentos difíciles como los que hoy transitamos, bajo los duros efectos sanitarios y económicos de la pandemia de coronavirus, fruto de numerosos errores del gobierno nacional.
Salvo contadas excepciones, no hubo gestos, ni siquiera simbólicos, de las legislaturas para ayudar a paliar los efectos de la pandemia sobre el sistema de salud, como la aceptación de alguna reducción en las dietas, cuyo ahorro se destine a la adquisición de respiradores o a la compra de vacunas, materializando el espíritu y la vocación de servicio público que debiera primar para desmentir a quienes sostienen que integran una casta que solo defiende sus privilegios, habiendo convertido burdamente a la política en un camino de promoción personal y bienestar para sus familias y allegados.
Lo que ocurre en las provincias es clara consecuencia de la falta de ejemplaridad de los líderes nacionales, que en su afán de impunidad no vacilan en erosionar los pilares institucionales de la república, inmersos en la dilapidación de los recursos de todos cuando no en prácticas corruptas. Las declaraciones de altos funcionarios, incluido el ministro de Economía, en el sentido de que el gasto público no bajará, sino que subirá, nos indica lo que podemos esperar: más presión impositiva.
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