Lo que Guzmán no puede decir
El fondo de los principales males que afectan a la Argentina son los intereses que configuran el costo argentino y que motivan nuestra decadencia
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LA NACION
En la XII Reunión Extraordinaria del Consejo del Mercado Común, que convocó recientemente a los cancilleres del Mercosur, también participaron ministros del área económica. El objetivo era discutir la flexibilización comercial y la reducción del arancel externo común para facilitar la integración con otros bloques que, como condición para abrir sus mercados, exigen un esfuerzo simétrico del Mercosur.
Han tomado estado público las diferencias internas que separan a la Argentina de los otros miembros. Uruguay, Brasil y Paraguay se inclinan, con diferentes matices, por una mayor apertura para avanzar en esos acuerdos extrarregionales. La Argentina prefiere dilatarla hasta que se supere la crisis sanitaria y, en todo caso, considera que el propósito del Mercosur es el desarrollo del mercado interno común y, de ese modo, aumentar la competitividad y las exportaciones del sector industrial.
El ministro de Economía, Martín Guzmán, en su escaramuza doctrinaria con su par brasileño, el liberal Pablo Guedes, sostuvo que “la mano invisible no existe”, ya que “en todos los casos de desarrollos exitosos, el Estado tuvo un rol muy importante para poder transitar ese sendero virtuoso”. Y concluyó: “El Estado contribuye a una economía de mercado que funcione mejor”.
En nuestro país, el Estado tiene una tarea titánica para “contribuir a que el mercado funcione mejor”. El fondo del debate no es Adam Smith ni Kenneth Arrow, ni ninguna doctrina, escuela o dogma. El fondo de la cuestión son los intereses, puros y duros, que configuran el costo argentino y que motivan nuestra decadencia. Son grupos corporativos, como sindicalistas, políticos, burócratas, contratistas, empresarios prebendarios y todos quienes abrevan del gasto público y de las regulaciones de privilegio que asfixian la economía argentina.
Martín Guzmán no dijo, pues ello contraría el “libreto” del Instituto Patria, que la mayor dificultad para abrir la economía radica en la imposibilidad política de enfrentar a esos grupos de interés para “transitar ese sendero virtuoso”. El costo argentino refleja la mano visible del Estado populista, aliado de aquellos, con un objetivo electoralista.
La Argentina ya vivió ensayos fracasados de apertura económica que no contemplaron en forma simultánea las reformas indispensables para hacerla exitosa. Se han visto parches, como reducción de cargas sociales, devolución de impuestos u otros incentivos de gran costo fiscal, para evitar esa gran batalla, siempre postergada.
La apertura debe integrarse en un plan amplio, de baja de costos y disponibilidad de capital, que sea creíble y sostenido en el tiempo. Ningún empresario se embarcará en costosas transformaciones sin saber si las nuevas reglas de juego serán mantenidas por los gobiernos siguientes. En un país tan poco serio como la Argentina, se requiere un amplio consenso político, pues, de lo contrario, la falta de credibilidad hará que se acumulen presiones sectoriales para abandonarlo y regresar el statu quo anterior. En palabras de Guzmán: debe ser sostenible y sustentable.
Es indispensable que el sector privado cuente con un mercado de capitales accesible para realizar las inversiones que cualquier transformación productiva exige. Y con crédito abundante y barato para financiar el capital de trabajo sin fundirse. En la Argentina ese mercado de capitales no existe y el riesgo país veda la inversión externa. En cuanto al crédito interno, el sistema financiero es minúsculo y el Estado absorbe todos sus activos para esterilizar la emisión que el populismo exige. Eso Guzmán lo sabe.
Tampoco se puede hablar de competitividad si no hay una reforma laboral profunda, que elimine la industria del juicio, modifique el régimen de personería gremial única, se revean convenios colectivos con cláusulas abusivas y se reduzcan los impuestos al trabajo para que los sindicatos y sus obras sociales no perciban, en forma compulsiva, aportes inmensos cuyo destino no es auditado por nadie.
El presidente Alberto Fernández ha recibido en la residencia de Olivos al sindicalista Hugo Moyano y su familia como símbolo de una alianza política que impedirá cualquier transformación en materia laboral o sindical. Eso Guzmán lo sabe.
El desborde fiscal impulsa la inflación y, para combatirla, se controlan precios, se cierra el mercado de cambios, se esteriliza el crédito bancario y se aumentan los impuestos. La voracidad de provincias y municipios es otro obstáculo para remover, en pos de la competitividad. Pero el pacto fiscal de la gestión anterior fue abandonado, dándose rienda suelta a más impuestos distorsivos, como Ingresos Brutos o Sellos. Al igual que el abrazo con Moyano, es otro símbolo de una alianza política que obstaculiza la producción en nombre del federalismo. Eso Guzmán también lo sabe.
La Argentina carece de un programa económico, pues toda la gestión del Gobierno gira alrededor de la impunidad de Cristina Fernández de Kirchner. No es compatible ninguna medida de gobierno que, a juicio del Instituto Patria, pueda tener impacto negativo en la intención de voto. No existe en la agenda de ningún ministerio encarar reformas para mejorar la competitividad de nuestra industria. Y en el debate regional se ocultan esas falencias tan obvias tras un telón de palabras que solo explican la larga decadencia argentina.
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