Libertad de prensa: semestre desolador
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LA NACION
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), entidad que nuclea a 1300 publicaciones de América, concluyó su reunión semestral con un documento pesimista en el que sostiene que “la violencia creciente contra los periodistas es el principal desafío de la prensa libre en las Américas”.
Según las conclusiones del encuentro, desde octubre de 2021 fueron asesinados 15 periodistas (diez en México, tres en Haití, uno en Guatemala y otro en Honduras) y 13 de esos crímenes ocurrieron en los tres primeros meses de 2022. La impunidad frente a esos delitos sigue siendo preocupante. Este año prescribirán nueve casos de asesinatos contra periodistas, ocurridos en 2002 en Colombia.
Sobre Cuba, Nicaragua y Venezuela el informe señala que periodistas y medios de comunicación son con inusitada frecuencia víctimas de la persecución y represión de gobiernos totalitarios. Las agresiones incluyen el encarcelamiento de ocho comunicadores: seis de Nicaragua –tres reporteros y tres directivos de La Prensa– y dos de Cuba. Otros 77 periodistas fueron forzados al exilio: 75 de Nicaragua y dos de Cuba.
Respecto de las atrocidades perpetradas por el régimen dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo la SIP señaló que el gobierno encarceló a opositores, persiguió a disidentes, cerró organizaciones de la sociedad civil, expulsó a periodistas y confiscó universidades y medios de comunicación.
Respecto de Venezuela, el informe destacó que la dictadura del presidente Nicolás Maduro bloqueó portales de internet y censuró el acceso a la red en forma general, valiéndose de compañías de telecomunicaciones internacionales. De Cuba se mencionó que la reforma al Código Penal agrava las penas por desacato a la autoridad, crea delitos para penalizar a usuarios de redes sociales y castiga con cárcel y multa la clandestinidad de publicaciones.
También generaron preocupación los atentados incendiarios contra cuatro medios: dos en la Argentina y dos en Colombia. Periodistas de Cuba, El Salvador y Venezuela fueron objeto de vigilancia digital. El gobierno de Nayib Bukele, en El Salvador, usó el software Pegasus para vigilar a periodistas y medios de comunicación.
Otro foco de atención fue la multiplicación de estigmatizaciones presidenciales, practicada también por otras autoridades y dirigentes en la Argentina, Aruba, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Perú y Venezuela. Las restricciones de acceso y de cobertura informativa proliferaron en Aruba, Bolivia, Canadá, Costa Rica, Cuba, Estados Unidos, Guatemala, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela
Sin el control crítico ejercido por los periodistas, se pone en riesgo el imperativo ético y moral de absoluta transparencia que debe guiar la función pública. Los gobiernos deben ser conscientes de que lo que aquí está en juego constituye la piedra angular de la democracia.
Por ello, una prensa activa, vigilante y crítica del ejercicio del poder político es la mejor garantía para impedir que quienes lo ostenten incurran en excesos o abusos. Que son precisamente los que buscan acallarla.
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