Ley de abastecimiento, el camino hacia Venezuela

Con extrema celeridad, haciendo uso de las mayorías oficialistas tanto en las comisiones como en ambas cámaras, el Congreso Nacional sancionó un paquete legal que incluye la creación de una nueva instancia de resolución de conflictos para el consumidor y de un observatorio de precios en la Secretaría de Comercio, y la modificación de la vieja ley de abastecimiento. Se ha logrado así confirmar el otorgamiento de poderes permanentes, discrecionales y abusivos al Poder Ejecutivo para avasallar el ámbito de decisión propio de las empresas y afectar nueva y severamente el derecho de propiedad.

La ley de abastecimiento ahora modificada tuvo origen en 1974, durante la gestión económica de José Ber Gelbard. En aquel momento campeaban las mismas ideas e interpretaciones erradas del fenómeno de la inflación que, ahora, cuarenta años después, son sostenidas por el kirchnerismo. Otro notable retorno del populismo intervencionista. Lo curioso es que durante las últimas cuatro décadas, bajo gobiernos de diferentes signos ideológicos, esa ley nunca fue derogada totalmente. Un decreto de 1991, convalidado luego por una ley, suspendió su vigencia plena, pero mantuvo la de algún artículo para situaciones de emergencia económica. Fue durante esos años un garrote escondido detrás de la puerta que ahora se pone en uso activo en manos del secretario de Comercio.

De no ser declarada inconstitucional, esta norma tendrá consecuencias fuertemente negativas sobre la actividad privada y la inversión. Si la finalmente fracasada resolución 125 era un atropello porque sentenciaba a muerte al campo, este cuerpo de leyes resumidas bajo el engañoso título de regulación de las relaciones de producción y de consumo será todavía más destructivo, pues comprende a toda la economía del país.

Con la sanción de estas leyes y, en especial, la de abastecimiento, el Estado se ha procurado el armamento necesario para disparar al corazón de la empresa privada, a la que acusa burdamente de ser la generadora de inflación por medio de la concentración económica en determinadas etapas de la cadena de comercialización. El Gobierno se siente amparado para seguir negando que la inflación es el producto de las políticas que ha llevado adelante en los últimos años, en particular el aumento inconcebible del gasto público financiado con una emisión monetaria creciente. ¿Acaso no es éste el mismo empresariado que actuaba en el país durante los primeros años de gobierno kirchnerista cuando la inflación estaba lejos de ser un problema? ¿Son las empresas privadas las que de golpe empezaron a cometer abusos provocando el caos o son la destrucción de la seguridad jurídica, los pésimos errores de gestión y las malas políticas los que ahuyentaron la inversión, provocaron la fuga de capitales y generaron el déficit energético?

Después de once años de mala praxis, el Gobierno intenta más intervencionismo y busca culpables. Con las leyes que acaban de sancionarse, lejos se está de garantizar mayor protección a los consumidores. La ley vigente de defensa de la competencia es un instrumento suficiente para actuar frente al uso abusivo de posiciones dominantes. No hace falta una nueva legislación, ni siquiera la creación de un fuero especial, centralizado y burocrático. El Gobierno tuvo más de diez años para avanzar en la consagración de los derechos de los consumidores reconocida hace más de 20 años por la propia Constitución y por leyes previas, y no lo hizo. No sólo desoyó ese mandato, sino que violentó la competencia con la acción patoteril y mafiosa del ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno. Tampoco en los últimos once años hizo nada para que se integrara el Tribunal de Defensa de la Competencia que curiosamente la nueva ley se encargó de derogar.

En cambio, el Poder Ejecutivo se ha asegurado, por medio de la sanción del nuevo paquete, una serie de facultades que pueden resumirse en los siguientes puntos:

• Poderes omnímodos y permanentes para establecer márgenes de utilidad, precios de referencia y niveles máximos y mínimos de precios.
• La creación de un observatorio de precios con el mismo fin.
• Una herramienta legal para intervenir en forma excesiva en el mercado, otorgando facultades discrecionales a la Secretaría de Comercio, al concentrar en un solo funcionario las decisiones de control y sanción.
• Carta blanca para institucionalizar los aprietes a empresas y a empresarios que no comulguen con el relato oficial.
• La posibilidad de que el Estado siga colonizando la actividad privada amparado bajo el paraguas de una legislación a la que sólo dieron su decisivo, aunque solitario apoyo en el Congreso, los representantes del oficialismo y sus habituales aliados.

La reacción legislativa opositora no alcanzó para frenar esta sanción y un amplio sector de esos dirigentes prometen derogar la ley en caso de acceder a la presidencia en 2015. Otros anunciaron públicamente que presentarán demandas de inconstitucionalidad por entender que viola el artículo 17 de la Constitución Nacional, en lo que se refiere a derechos de propiedad, y el artículo 14 respecto del derecho de trabajar y ejercer libremente toda industria lícita, amén de haber delegado nuevamente en el Poder Ejecutivo facultades que son propias del Parlamento y del Poder Judicial.

La sola sanción de la ley ha desalentado inversiones al aumentar el riesgo de encararlas. El apuro demostrado en la sanción hace pensar en el deseo del Gobierno por acelerar su aplicación.

Pero queda aún tiempo hasta los comicios de 2015 o para lo que finalmente decida la Justicia sobre eventuales demandas de inconstitucionalidad y un rápido avance en el uso de las atribuciones de esta legislación generaría daños irreparables y daría, una vez más al Gobierno, una gestión en retirada y sin escrúpulos, la posibilidad de entrometerse en las empresas accediendo a información privilegiada.

No habrá una defensa del consumidor, como se declama falazmente, sino una herramienta para perseguir y traspasar culpas. Así se agravará la herencia que dejará una gestión que sigue considerando como paradigma al gobierno de la castigada Venezuela.

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