Legislatura bonaerense: encarar su reconstrucción
El silencio político frente al flagrante caso de corrupción descubierto por el cobro de decenas de haberes de “ñoquis” y prestanombres es apenas la punta del iceberg
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LA NACION
En los cuatro años del primer gobierno de Axel Kicillof, la Legislatura bonaerense prácticamente no trabajó. Podría decirse con mordacidad que, si hubiera trabajado, tal vez habría sido peor para los intereses de la provincia. Pero esa Legislatura, con un papel relevante por cumplir como institución contemplada por el orden constitucional de Buenos Aires, es demasiado onerosa para los contribuyentes como para admitir su ociosidad. Su lamentable comportamiento institucional de las últimas décadas la ha erigido en el símbolo más rotundo de la degradación política en la principal provincia de la Argentina.
Juntos por el Cambio, la fuerza en estado de disolución que pudo haber triunfado en los comicios generales de 2023 ha perdido intendencias y también bancas en el Parlamento local. Ahora, la oficialista Unión por la Patria está en el Senado y en Diputados en una situación de mínima ventaja frente a la suma de escaños, en principio dispersos, de quienes fueron elegidos por JxC. La relación de fuerzas se ha modificado respecto de los últimos años, pero las viejas mañas de los legisladores permanecen intactas.
Llamativamente, ni el massismo ni la UCR ni Pro pidieron las imprescindibles explicaciones por el caso Chocolate. Eso lleva a pensar que hay mucha gente comprometida en el desfalco y que ocupa lugares mucho más determinantes en la estructura que el del puntero Rigau
El gobernador ha logrado, después de algunas concesiones, la aprobación de la ley de impuestos para este año –una norma importante para los contribuyentes– a mano alzada, sin que quedara registrada la identidad de cómo lo hicieron unos y otros. Un mal comienzo cuando, además, siguen ausentes en dicho ámbito las voces que reclamen una limpieza a fondo después de haberse destapado el caso Julio “Chocolate” Rigau, un puntero político del justicialismo, de quien se supo que cobraba por cajero los haberes de 48 empleados de la Cámara baja provincial, comprometiendo necesariamente a más gente, y a mucha con mayor gravitación política que la suya.
Federico Guillermo Atencio es el juez de Garantías que tiene a su cargo la causa que se instruye con motivo de la utilización irregular de esas tarjetas bancarias. En una resolución dictada en una instancia inicial del procedimiento, fue rotundo al destacar que el avance de la investigación podría develar “un acto de corrupción de inmensurable trascendencia”.
La información que llega a la opinión pública confirmaría los dichos del magistrado. Videos que acreditan los movimientos y decenas de retiros de fondos por parte de Rigau –y no solo de él– de cuentas de terceros en cajeros del Banco de la Provincia, titulares formales de tarjetas bancarias que niegan esa titularidad o su uso, declaraciones testimoniales confusas, detalles del contenido del teléfono de uno de los involucrados en los que queda admitida una operatoria contraria a la ley, entre otros instrumentos de prueba son solo algunos de los elementos analizados en la causa.
Es imprescindible avanzar en la recomposición de la Legislatura, que incluya una investigación profunda, una reorganización administrativa, la correspondiente racionalización de gastos, la profesionalización de cuadros técnicos y mecanismos internos de selección basados en criterios rigurosos
Ciertamente, y aun considerando que la investigación que lleva adelante la fiscal Betina Lacki se encuentra en una instancia preliminar y que la información que le llega es insuficiente, al punto de que podría ordenarse un allanamiento a la Legislatura, se encontraría acreditada una modalidad de malversación de caudales públicos a partir de una estructura manifiestamente irregular de ese cuerpo legislativo. La fiscalía enfrenta la reticencia y rebate argumentos sobre protección de datos personales y apunta contra el área de Personal para identificar a los legisladores que pidieron contratar a decenas de ñoquis y prestanombres cuyas tarjetas estaban en poder de Rigau. Claudio y Fabián Albini, que responderían al diputado massista Rubén Eslaiman, están presos al igual que Rigau, pero se presume que los verdaderos responsables estarían más arriba en la pirámide delictiva.
Llamativamente, ni el massismo ni el radicalismo ni Pro pidieron muchas explicaciones. Sea por la vinculación de los máximos responsables del cuerpo legislativo con la presunta operatoria de pago a personas que no prestaban servicios, sea por la flagrante omisión en la custodia de los mecanismos correspondientes al manejo de los fondos públicos o por situaciones alternativas vinculadas con los hechos que se vienen acreditando en el proceso, ha quedado al descubierto que la Legislatura bonaerense se encuentra sumida en una profunda descomposición.
La investigación judicial se encuentra en curso y avanzando, por lo que se estima que habrá de ampliarse con la acumulación de elementos de prueba que, a su tiempo, permitan convocar al juicio y materializar la correspondiente sentencia determinando las responsabilidades, encuadrando las conductas en las figuras penales pertinentes y aplicando las penas que correspondan. Siendo así, podrá decirse que, dentro del comprobado nivel de putrefacción, un fragmento institucional reacciona y actúa adecuadamente.
Es imprescindible generar una recomposición de la Legislatura bonaerense que incluya una investigación interna, una reorganización administrativa acompañada por la racionalización de los gastos, la profesionalización de los cuadros técnico-profesionales y la adopción de mecanismos de selección para acceder a las distintas categorías laborales sobre la base de criterios tan rigurosos como profesionales.
No bien trascendió el escándalo de las tarjetas, ante el estruendoso silencio cómplice de Kicillof, la bancada opositora presentó un proyecto de unificación de las dos Cámaras que, si bien parecía una reacción ante el golpe mediático y judicial al que la Legislatura había quedado expuesta, podía constituir también una oportunidad para el debate a fin de reconsiderar cuestiones de funcionamiento y jerarquización que eventualmente pudieran contribuir a que ocupara el rol protagónico que merecen los ciudadanos de la provincia. Sin embargo, a poco que disminuyeron o se acallaron los ecos mediáticos, se fue abandonando el debate sobre dicha propuesta, confirmando que se podría haber tratado simplemente de un intento de desviar la atención y no de promover los necesarios cambios. Tampoco formó parte del debate por el endeudamiento en el que la oposición pudo haber retomado esa idea ante la necesidad del oficialismo.
La Legislatura bonaerense enfrenta una crisis terminal. Por tratarse de un órgano esencial y constitutivo del sistema republicano, urge encarar en forma inmediata una reconstrucción integral de su estructura y funcionamiento. No asumir esta tarea, además de las responsabilidades que la Justicia asigne a sus integrantes derivadas de la construcción, por acción u omisión, de un sistema perverso de funcionamiento interno, los obligará a afrontar su enorme responsabilidad política, tratando de explicar a una ciudadanía particularmente harta la perdurabilidad durante demasiado tiempo de tantos mecanismos irregulares, anacrónicos y putrefactos de un poder crucial del sistema republicano de gobierno.
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