Las violaciones y el fracaso de la gestión gubernamental
En 2021, hubo 305 asesinatos por razones de género, una realidad ante la cual las autoridades parecen meras observadoras o comentaristas
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LA NACION
La aberrante y a todas luces condenable violación a la que fue sometida una joven de 20 años en Palermo, presuntamente por seis jóvenes, dentro de un automóvil y a la luz del día, no es un hecho aislado. La creciente violencia contra mujeres se ha venido cobrando muchas vidas a lo largo de los años. No es disparatado pensar que, de no haber socorrido comerciantes de la zona a la joven víctima de Palermo, podríamos estar en presencia de un nuevo caso Yaconis, como se conoció el brutal ataque y asesinato que, en 2003, terminó con la vida de Lucila Yaconis, de 16 años, en el barrio de Núñez. Transcurridas casi dos décadas y pese a la inclaudicable lucha de la madre de Lucila por llegar a la verdad, nunca se encontró al culpable y la causa se encuentra hoy al borde de la prescripción.
Al lento andar de una Justicia que, abrevando en un mal entendido garantismo, pone el ojo más en la víctima que en el victimario, se suman hoy las inadmisibles declaraciones de la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, en el sentido de que quienes violan no son bestias ni animales ni tienen instintos irrefrenables, sino que responden a una misma raíz cultural. Según esa funcionaria que hace más de dos años maneja una cartera con un presupuesto de 17.582 millones de pesos anuales con mucho gasto y poca eficacia, violadores pueden ser nuestros hermanos, nuestros vecinos, nuestro padre, hijo, amigo o compañero de trabajo. Pésima fórmula discursiva para intentar tapar con palabras el fracaso de una gestión en la materia. Repartir folletos, adherir a marchas o escribir tuits en defensa de los derechos de las mujeres no garantiza ni prevención ni educación. Lo confirman las numerosas ONG que desde hace mucho vienen reclamando soluciones a las autoridades y que se fijen prioridades como, por ejemplo, un más rápido y ágil acceso al patrocinio jurídico gratuito de las víctimas.
Según datos de La Casa del Encuentro, el año pasado hubo un asesinato por razones de género cada 29 horas. Fueron 305 en 2021, una cifra que asusta y cuya baja debería ser una prioridad entre quienes están encargados de elaborar políticas públicas sobre este grave problema que, sin dudas, reconoce una matriz cultural de un arraigo tan fuerte como nefasto. Sin embargo, centrarse solo en ese punto no alcanza. Tampoco contribuye sembrar el odio en la sociedad, asimilándonos a todos a delincuentes en potencia, ni lanzar tuits u opiniones públicas con el mismo valor que las que se emiten en una mesa de café.
Las declaraciones del presidente de la Nación en apoyo de los provocadores dichos de Gómez Alcorta se asemejan a las de quienes observan el problema desde afuera, a las de un espectador de la realidad y no de un protagonista que debería estar preocupado y ocupado en buscar soluciones de fondo.
Del Presidente se espera más que reflexiones de entrecasa. Por ejemplo, que no avale las excarcelaciones masivas de presos peligrosos ni siga fomentando un garantismo ciego, que ya se ha visto dónde nos ha llevado.
Educar a padres y maestros en una cultura de la tolerancia es uno de los caminos, pero no el único. Profundizar la enseñanza de educación sexual en las escuelas, sin que ello importe una ideologización ni se pretenda adoctrinar, es otra de las herramientas necesarias para ir desandando la senda de la violencia, uno de cuyos máximos exponentes se verifica precisamente en el ámbito intrafamiliar.
Pero eso solo tampoco es suficiente. La dirigencia política en general y quienes ostentan el poder en particular deben dar a la sociedad ejemplos de respeto, paciencia y apego a la ley. Pero, por el contrario, seguimos asistiendo a abusos inusitados, a revanchismos inadmisibles que provienen de las propias autoridades. La templanza es un bien sumamente escaso, no hay respeto por el que piensa distinto, no se apuesta al diálogo sincero como herramienta insustituible para arribar a posibles consensos y la norma no parece regir para todos por igual. Hasta se percibe cierto gozo destructivo en la cada vez más habitual práctica de agredir al otro hasta dejarlo fuera de combate, incluso con mentiras flagrantes pero repetitivas en la ruta del “vamos por todo”.
No hace falta que la ministra nos llame la atención, como suscribe el Presidente. La evidencia abunda. Ya estamos largamente anoticiados. Necesitamos que quienes deben asumir la responsabilidad de hallar soluciones asuman su rol de protagonistas y no de meros relatores de un partido que no parecen estar jugando en bien de todos.
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