Las urgencias parlamentarias y la boleta única de papel
Es hora de que el Congreso Nacional siga el ejemplo de provincias que, como Mendoza, apuestan a la transparencia y a la calidad institucional
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LA NACION
La reciente aprobación de la ley de boleta única en Mendoza confirma la vocación por la transparencia de la política en general y del acto electoral en particular que esa provincia viene demostrando desde que, en noviembre de 2020, aprobó la ley de ficha limpia, por la que se bloquea el acceso a cargos electivos, entre otros casos, a personas con condenas por hechos de corrupción, por delitos como el homicidio, la privación ilegítima de la libertad, la explotación del trabajo infantil y la extorsión, y a las que se les exige un certificado de antecedentes penales a la hora de la presentación de las listas.
En esta oportunidad, la Legislatura mendocina ha dado otro paso relevante en la misma dirección al convertir en ley la opción que asegura al elector la posibilidad concreta de elegir a la persona o partido de su preferencia, dando por tierra con la adulteración, los faltantes y el robo de papeletas, y con el nefasto voto cadena, que facilita el uso de la perimida lista sábana, foco de corrupción que resta eliminar todavía en muchísimas provincias y de los comicios que se realizan en el orden nacional.
La modalidad de boleta única rige ya –aunque con distintas características– en Córdoba, Salta y Santa Fe, en elecciones municipales de San Luis, en las cárceles y para el voto de argentinos en el exterior.
Que Mendoza se haya sumado a esta tendencia, que además abarata costos –por la menor impresión de papeletas electorales–, es una noticia que debe ser más que bienvenida y que debería actuar como un factor motivador determinante en el resto de los distritos que se resisten a poner un punto final a la corrupción electoral derivada de los oscuros entresijos que facilitan la comisión de múltiples delitos de los que mayoritariamente se benefician las fuerzas políticas numéricamente más poderosas, ya que cuentan con mayores recursos para llevarlos adelante.
No es novedad la existencia de numerosos proyectos de ley en la materia en el Congreso Nacional, presentados por legisladores de varios espacios. El más reciente corresponde al diputado nacional Emilio Monzó (Encuentro Federal-Buenos Aires), quien recientemente presentó una serie de iniciativas que van desde la instauración de la boleta única de papel hasta disponer que las PASO puedan ser optativas para los ciudadanos en condiciones de votar.
A pesar de esa insistencia de algunos legisladores por poner el tema en agenda, la mayoría de los miembros del Congreso de la Nación se ha mostrado reacia a cambiar de sistema electoral. Uno de los sectores que más se ha opuesto ha sido el justicialismo, en sus diversas formas y matices. Es lo que ha ocurrido incluso en Mendoza, donde los legisladores del Frente de Todos, a pesar de estar de acuerdo con las líneas generales del proyecto, votaron en contra. En los fundamentos de su oposición hicieron constar que el cambio no contempla la posibilidad de votar con este sistema en la provincia el mismo día que se realicen los comicios nacionales, por lo que se deberían utilizar dos urnas.
Ciertamente, aunque todavía es temprano para saber cuándo comenzará la instrumentación de la nueva metodología de sufragio en esa provincia, mientras el Congreso Nacional no sancione una ley en el mismo sentido, Mendoza podrá aplicar la boleta única solo en oportunidad en que se desdoblen los comicios distritales de los nacionales.
Suele decirse, no sin cierta lógica, que los años que no son electorales ofrecen un contexto privilegiado para el tratamiento de este tipo de iniciativas, porque habilitan debates más calmos e incluso más profundos, alejados de las urgencias de las campañas políticas. Sin embargo, no siempre ha sucedido así. Muchas veces depende del interés de los legisladores por encarar y defender un tema tan importante como este. Baste recordar la modificación de la ley de financiamiento de los partidos políticos, aprobada en mayo de 2019, año de elecciones presidenciales.
No hay razones para que el Congreso Nacional siga demorando la implementación de este nuevo sistema que, además de favorecer la transparencia de los comicios, es claramente mucho más práctico, económico y transparente, y representa un gran impacto sobre los derechos políticos de los ciudadanos y su representación electoral.
Sin dudas, la Argentina pasa por un momento sumamente crítico en el que se necesita priorizar esfuerzos. Encarar la reforma del sistema electoral para instaurar la boleta única de papel en todo el país no escapa a la resolución de los problemas más acuciantes. Terminar con la corrupción electoral y fomentar una cada vez mayor calidad institucional redunda en beneficio de todos: de quienes aspiran a representarnos y de los más de 45 millones de representados.
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