Las PASO 2019, un despropósito nacional
La dirigencia política debe evaluar seriamente y con sentido común la continuación de un sistema electoral que la mayor parte de ella rechaza
LA NACION
Es cierto que ningún argentino debería restarle valor a la posibilidad de ejercer el voto. Especialmente después de un siglo XX que en buena parte estuvo dominado por autoritarismos de diverso tipo y por prolongados períodos en los cuales las urnas estuvieron "bien guardadas", como alguna vez refirió el dictador Leopoldo Galtieri cuando alguien se animó a preguntarle por una posible apertura democrática. Las elecciones libres son indudablemente uno de los pilares en los que se sostiene el sistema democrático y, como tales, deben ser cuidadas.
Lo dicho no impide que se puedan formular observaciones críticas hacia una costumbre que es inhabitual en otros países democráticos, como la que nos impone a los argentinos concurrir a las urnas cada dos años, cuando el período presidencial es de cuatro. Se trata de una situación derivada de los artículos 50 y 56 de la Constitución nacional reformada en 1994, que ha demostrado no ser el mejor mecanismo para que nuestros representantes se ocupen más de las próximas generaciones que de las siempre inminentes elecciones.
Ese cuadro se ha visto agravado desde que, en 2009, por impulso del gobierno kirchnerista, se sancionó una reforma electoral que, entre otras cosas, creó el sistema de primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO), cuyo propósito es dirimir las candidaturas a cargos electivos nacionales (presidente y vicepresidente, senadores y diputados de la Nación) dentro de cada partido o alianza electoral, con participación de toda la ciudadanía. La instrumentación de este sistema, en años como el actual, en que debe elegirse al primer mandatario, ha alargado el proceso electoral, incluidas las negociaciones políticas para la conformación de coaliciones y listas de postulantes y las sucesivas campañas electorales. El hecho de que la mayoría de las provincias desdoblaran sus comicios locales de los nacionales -algo que en sí dista de ser negativo- contribuyó a que prácticamente todo 2019, desde marzo hasta noviembre, si hubiese segunda vuelta presidencial, esté signado por un clima electoral que si bien hace a cualquier democracia dificulta los acuerdos para la sanción de leyes y para el buen gobierno.
Claro que este año se ha llegado demasiado lejos. No solo por el prolongado fragor electoral, sino además porque la ciudadanía argentina deberá concurrir el 11 de agosto a unas PASO nacionales vaciadas de contenido y muy alejadas del propósito para el que fueron concebidas. En efecto, hay nueve coaliciones políticas inscriptas para la selección de la fórmula presidencial, pero en ninguna de ellas habrá competencia interna. Habrá nueve fuerzas y nueve binomios presidenciales que han sido designados por el dedo de sus líderes. Algo prácticamente similar sucederá, al menos en los principales distritos del país, con las nóminas de diputados y senadores nacionales: en la gran mayoría de los casos, se presentarán listas únicas, acordadas por las cúpulas partidarias.
De este modo, las PASO nacionales de este año no serán mucho más que una encuesta de magnitud, con el triste agregado de que nos costarán a los argentinos entre 4000 y 4500 millones de pesos que podrían direccionarse a otros destinos. Apenas podrían servir para depurar algo la oferta electoral, por cuanto toda fuerza política que aspire a participar de las elecciones generales deberá cosechar en las primarias abiertas al menos el 1,5% de los votos válidamente emitidos en todo el territorio nacional.
Fuera de ese objetivo, las citadas elecciones primarias constituirían un auténtico despropósito y será menester que la dirigencia política evalúe seriamente continuar con este sistema que, al menos en la práctica, la mayoría de sus representantes parecen rechazar.
En los últimos días, se conocieron diversos proyectos de ley de legisladores del radicalismo para modificar la ley que regula las PASO. Se propicia que, en el caso de que no exista pluralidad de listas que compitan en forma interna por las candidaturas a cargos electivos nacionales, no se lleven a cabo esas elecciones. También, que si existiese más de una lista para algunos de los cargos en disputa, solo se efectúen las elecciones primarias en el distrito correspondiente, a fin de definir exclusivamente esas categorías.
La iniciativa resulta razonable, aunque podrá discutirse si es el actual el momento más indicado para modificar las reglas de juego en medio de un proceso electoral que ya ha comenzado. Del mismo modo, es cierto que los primeros en quebrantar las reglas y el fin para el que fueron concebidas las PASO son los líderes partidarios que siguen sintiéndose más cómodos resolviendo la ocupación de lugares en las listas con su propia lapicera y entre cuatro paredes.
Lo cierto es que los citados proyectos de ley para suspender las PASO encontraron oposición en el kirchnerismo y cierta resistencia en algunos de los propios representantes del oficialismo, entre quienes pareció cundir el temor de que tal movida pudiera ser interpretada como una señal de miedo a perder. Una vez más, el debate se alejó del foco: no se trata de hacer conjeturas políticas o de discutir si alguien tiene miedo a perder en una elección que apenas tendrá el valor de un enorme sondeo de opinión pública, sino de analizar una cuestión de sentido común. Como bien ha puntualizado el periodista Marcelo Longobardi, se es valiente cuando se toman decisiones de fondo y no cuando se torean en la esquina. "Si se quieren torear en la esquina, que lo hagan; pero con la plata de ellos y no con la de los contribuyentes", concluyó.
Independientemente de la oportunidad de este debate, inevitablemente la dirigencia política deberá reflexionar sobre el sentido futuro de unas PASO en las que ni quienes las impulsaron en su momento parecen creer.
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