Las inundaciones y la protección de los humedales

Si hay algo que ha caracterizado a la política local nacional durante esta última década ha sido la ausencia de planificación. Lo coyuntural es lo importante, el resto puede esperar. Eso refleja la reciente inundación en la p’rovincia de Buenos Aires, que dejó cinco víctimas mortales y 30.000 personas afectadas, entre las cuales 6000 debieron abandonar sus hogares.

Esta ausencia de Estado en la provincia que supo ser el emblema de la riqueza argentina ocurre hace demasiados años. No ha existido una verdadera sensibilidad para advertir la magnitud del problema que está en juego y las políticas preventivas, que hubieran impedido que esta situación se volviera incontrolable. Para ello se habría requerido una mentalidad atenta al mediano o largo plazo, algo que prácticamente resulta desconocido en nuestros dirigentes. Las intensas lluvias recientes y varios problemas estructurales, cuya solución ha sido reiteradamente postergada, hicieron más evidente un fenómeno cuya recurrencia pone al descubierto la necesidad de una política que vaya mas allá de "entubar" o "polderizar" ciertas zonas.

La reacción, propia de una metodología cortoplacista en plena época de elecciones, no se hizo esperar: la legislatura bonaerense aprobó un proyecto de ley que ratifica el decreto de emergencia hídrica para los municipios afectados, autorizando al Poder Ejecutivo a endeudarse hasta 4500 millones de pesos para realizar obras en la cuenca del Río Luján. La iniciativa contempla exenciones en el pago de los impuestos inmobiliario, a los automotores, ingresos brutos y sellos para los afectados. Hay que disimular la inacción de tantos años en menos de dos meses.

Ocurre que la urbanización no se ha ejecutado en consonancia con el medio y un gran porcentaje de los humedales bonaerenses ha sido ocupado por la construcción de barrios, lo que implicó el relleno de áreas que actuaban como "esponjas" y de ese modo se afectó el normal desarrollo de estos ecosistemas. Algo que se agrava en la provincia de Buenos Aires debido a la ausencia de pendientes, que impide el rápido escurrimiento de las aguas.

Es por eso que una de las medidas más estratégicas debería ser la protección de estos humedales que, entre varios servicios ecosistémicos, amortiguan los excedentes hídricos. Se trata de funciones esenciales que, al momento de realizar una evaluación de impacto ambiental de los proyectos de obras de infraestructura, son prácticamente ignorados.

En ese sentido, cabe mencionar que existe un proyecto de ley de presupuestos mínimos para la conservación, protección y uso racional y sostenible de los humedales mediante el cual se busca establecer un piso mínimo de protección de estos ecosistemas. La iniciativa, aprobada por unanimidad en el Senado durante el año 2013, nunca fue aprobada por la Cámara de Diputados. Mediante su aplicación se procuraba la armonización de las actividades productivas con los servicios ambientales que brindan los humedales. Su aprobación hubiera fortalecido el mantenimiento de los procesos ecológicos tales como la provisión de agua y la regulación del régimen hidrológico de las cuencas nacionales. Asimismo promovía la conservación, el uso racional, y la limitación de las actividades que resulten una amenaza para la conservación de dichos ecosistemas.

Es cierto que la relevancia de los humedales está poco difundida. La sociedad desconoce sus funciones así como los bienes y servicios que éstos proveen: además de actuar como amortiguadores de los excedentes hídricos, los humedales proveen de agua potable, contribuyen al filtrado y retención de nutrientes y contaminantes, disminuyen el poder erosivo de los flujos de agua y su velocidad de circulación hacia el mar, mitigan la pérdida y salinización de los suelos, ayudan a la estabilización de la línea de costa y controlan la erosión costera, almacenan carbono en el suelo, contribuyen a la carga y descarga de acuíferos y sirven a la estabilización del microclima. Al no contemplarse estos servicios ambientales, las acciones antrópicas que los dañan acarrean consecuencias que luego debe afrontar la comunidad con sus impuestos.

Nuestro país cuenta con aproximadamente 600.000 mil kilómetros cuadrados de humedales, lo que representa el 21 por ciento del territorio nacional. Por ello es importante incorporar a nuestro ordenamiento jurídico una ley de presupuestos mínimos para la conservación, protección y uso racional y sostenible de estos ecosistemas. Es cierto, no es la única solución para poner freno a estas inundaciones, pero mas allá de una necesaria planificación y de las obras de infraestructura que fueran necesarias, la aprobación de esta norma contribuiría a poner en valor los humedales. Sería un instrumento que ayudaría a planificar las actividades en zonas inundables, de modo de evitar o mitigar los posibles daños que la inacción, como hemos visto, no va a evitar.

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