La voluntad de recaudar supera a la del ahorro
Pese al categórico mensaje de la ciudadanía en las últimas elecciones, muchos gobernadores e intendentes insisten en aumentar o crear tasas e impuestos
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Es alto el número de gobernadores e intendentes de diversas provincias que parecieran vivir en otro mundo. Comparten la incomprensión enajenada de muchos otros políticos y de algunas franjas ciudadanas habituadas a respirar a expensas del Estado sin nada o poco a cambio de su parte. Pasan por alto así que el 19 de noviembre último una apreciable mayoría ciudadana dijo basta a la larga regresión de varias décadas del país.
No entendieron que aquello de que “no hay plata” ha sido, más que una feliz consigna del presidente de la Nación, la verificación pública de un gobernante sobre el estado de cosas que se prolongaba, por lo menos, desde la instauración del Estado populista, con la asunción de Juan Domingo Perón en 1946. Y que se aceleró, sin remedios efectivos, desde el retorno de ese populismo al poder entre 1973 y 1976.
No hay plata, en efecto, y por lo tanto la situación heredada del final de fiesta del kirchnerismo ha urgido –por no decir obligado– a cortar partidas y giros discrecionales del Estado federal a las provincias, encarando una limpieza a fondo de empresas públicas de la inutilidad manifiesta de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio.
La situación heredada del final de fiesta del kirchnerismo ha urgido a cortar partidas y giros discrecionales del Estado federal a las provincias
Se necesita coraje cívico para tomar este toro del Estado por las astas y es eso lo que venía faltando por un tiempo devastador en la dirigencia política local.
Como si nada hubiera ocurrido, como si la sociedad no hubiera expresado después de tantas vacilaciones un apoyo resuelto al verdadero cambio, que no es el que se detiene en mera cosmética, gobernadores e intendentes se han aunado en respuestas asombrosas: en lugar de acortar sus gastos, los mantienen, y hasta algunos los acrecientan, y suplantan la reducción inevitable de recursos con nuevos impuestos o exacciones de otro orden.
Expertos en tretas de toda índole, algunos jefes comunales han utilizado, además, la aplicación de tasas sin ton ni son, como si ignoraran que estas no son remedo de ningún impuesto, sino un procedimiento requerido de contraprestaciones concretas de los poderes públicos. En Pehuajó, había trascendido que el intendente Pablo Zurro, kirchnerista que suele protagonizar resonantes dislates, había logrado del Concejo Deliberante local la autorización para gravar con dos litros de gasoil por hectárea las aplicaciones de fitosanitarios en los campos de su jurisdicción, aunque horas atrás, en una solicitada, el propio jefe comunal aseguró que no tomará ninguna medida contra los productores y trabajadores agrícolas, al tiempo que no avalará ninguna tasa municipal que grave la aplicación de agroquímicos.
No es de extrañar que el campo figure otra vez a la cabeza de los sectores principalmente expoliados
No es de extrañar que el campo figure otra vez a la cabeza de los sectores principalmente expoliados por tan novedosas respuestas generadas, sin embargo, por políticas absolutamente anacrónicas.
Tampoco debe llamar la atención que hayan aparecido en estas circunstancias papanatas inspirados en la literatura latinoamericana de izquierda con la que el ensayista uruguayo Eduardo Galeano divagó con más éxito continental que otros en su tiempo. Afirman que las bondades de la cosecha de este año, en principio promisoria, deberían servir para que los “gauchos ricos” se hagan cargo de las penurias derivadas del colosal fracaso de cuatro gobiernos kirchneristas. La perseverancia en la cizaña no alcanza para ocultar la vulgaridad intelectual y el desconocimiento sobre el sector más dinámico de la economía argentina, que la sostiene hasta donde puede.
Más que contestarle a aquel atrevido por el descaro con el que habla ahora después de haber cambiado drásticamente de opiniones respecto de lo que, en 2008, durante la crisis provocada por la resolución 125, le costó un irónico cuestionamiento de La Cámpora, los productores de Azul –grandes, medianos y chicos– resolvieron interponer una demanda colectiva a raíz de la tasa que el municipio ha resuelto aplicar de un litro de gasoil por hectárea. De paso, la ha extendido a los frentistas y comercios de Azul, cobrándoles el disparate de dos litros de gasoil por mes.
El gobernador Kicillof, rápido para gastar y recaudar, y moroso para hallar fórmulas de eficiencia administrativa, madrugó a no pocos intendentes en aquello de aumentar el costo de las gabelas
Estas gabelas representan una porción alta de la renta del productor, y el Estado se habría apropiado aún más del resultado de su esfuerzo de haber prosperado el proyecto retirado del Poder Ejecutivo en el Congreso tendiente a que las retenciones a las exportaciones de maíz y trigo subieran del 12 al 15 por ciento.
En la provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof, rápido para gastar y recaudar, y moroso para hallar fórmulas de eficiencia administrativa, madrugó a no pocos intendentes en aquello de aumentar el costo de las gabelas. Llevó al 200 por ciento el aumento del impuesto inmobiliario al cabo de negociaciones con la Legislatura y, si no logró todo lo que pretendía en materia recaudatoria, introdujo incrementos considerablemente mayores en ejidos urbanos.
Como pocas veces, ha cundido así un sentimiento de rebelión fiscal entre los contribuyentes del distrito bonaerense ante las demasías de sus gobernantes. En Pilar, controlado por Federico de Achával, de Unión por la Patria, la fuerza cuya jefa acaba de pretender aleccionar en términos cívicos a los argentinos después de los sucesivos y estruendosos fracasos que encarnó en sucesivas gestiones, se dispuso un recargo, a favor del municipio, de 2,5 litros de combustible expendido en estaciones de servicios.
No debe confundirse el grado de rechazo ciudadano que pueda haber por el estilo del Presidente con el apoyo del que es acreedora una política de reordenamiento de un Estado exhausto
Nadie puede anticipar de qué manera se cerrará el ciclo de gobierno abierto el 10 de diciembre último, pero el shock de sinceramiento cívico que se produjo a lo largo de 2023 anticipa que muy difícilmente las cosas vuelvan a ser como eran antes de aquella fecha. Si hay, pues, una recomendación plausible para formular a funcionarios, dirigentes, analistas políticos y académicos mareados por los vaivenes inusuales y vertiginosos de la actual situación nacional, es que no confundan el grado de rechazo ciudadano que pueda haber por el estilo del presidente Javier Milei con el apoyo del que es acreedora una política de reordenamiento de las conductas administrativas, de cese del derroche de recursos de un Estado exhausto y de apertura a quienes quieran invertir aquí y generar de tal modo nuevas fuentes de trabajo, que necesitamos con desesperación.
En esto, el respaldo conferido a la inmensa mayoría de las propuestas económicas presidenciales vinculadas con la intención de ponerles fin al Estado elefantiásico y a las políticas dilapidadoras de la casta política debería hoy ser igual, o incluso más rotundo, que antes de los comicios que consagraron al nuevo presidente de los argentinos.
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