La violencia narco, un problema sin solución
La grave situación que vive desde hace años Rosario anticipa lo que podría ocurrir en otras zonas del país ante el fracaso de las políticas de seguridad
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LA NACION
Nadie pudo hasta ahora frenar la violencia que estalló a partir de 2012 en Rosario como consecuencia de una guerra despiadada entre narcotraficantes, que cada vez escala en formas más cruentas y deja a toda una ciudad a merced de grupos mafiosos.
El fracaso de las políticas de seguridad y este nuevo recrudecimiento de la violencia narco que azota a Rosario alimentan actualmente el miedo en una ciudad fragmentada, con una periferia cada vez más empobrecida, que aporta –en la mayoría de los casos– las víctimas y los victimarios que se mueven por la franja de una economía de subsistencia y en crecimiento permanente que garantiza la venta de estupefacientes a pequeña escala.
El problema de Rosario parece no importar más que a quienes lo sufren, salvo cuando la sangre derramada deja al descubierto la magnitud de la crisis, y la preocupación social aumenta sin el debido correlato gubernamental.
Hace un año la situación era similar a la actual. El 27 de febrero de 2020, día en que se celebró la primera vez que Manuel Belgrano enarboló la bandera argentina, el presidente Alberto Fernández fue claro: “Vengo a poner la cara. Soy un rosarino más a la hora de reclamar más seguridad y más justicia, pero no estoy aquí para reclamar, sino para solucionar los problemas que el narcotráfico ha creado en Rosario y en toda Santa Fe”.
Un año después, las soluciones no llegaron, sino todo lo contrario. Durante las últimas semanas, la violencia empezó a hacerse visible también en el centro de la ciudad, con distintas formas, pero siempre generando temor.
En 2020 se cometieron 214 crímenes en Rosario, un 20 por ciento más que el año anterior. En lo que va de marzo se produjeron 13 asesinatos en 13 días
El sábado 13 de marzo se vivieron momentos de pánico en el barrio de Pichincha, la zona donde están ubicados decenas de restaurantes y bares del centro de la ciudad, donde a la vista de centenares de personas un joven de 18 años fue atacado a balazos. La gente que disfrutaba de la noche sentada en las mesas en la vereda tuvo que correr despavorida a refugiarse dentro del restaurante ante el temor de ser herida por las balas.
La cantidad de balas que se usan en los ataques dejan víctimas inocentes en el camino, entre ellas, niños que nada tienen que ver con los conflictos entre narcotraficantes. En enero, diez menores fueron alcanzados por la violencia narco.
En 2020 se cometieron 214 crímenes en Rosario, un 20 por ciento más que el año anterior. En lo que va de marzo se produjeron 13 asesinatos en 13 días. Subió también la cantidad de heridos de bala: 871 personas fueron atendidas en plena pandemia por la salud pública. Según un informe del Observatorio de Seguridad Pública, solo el 20% de los sicarios que disparan aciertan en la víctima que buscan ejecutar. No es una mera cuestión de mala puntería, sino una maléfica estrategia para generar terror en la comunidad.
Esta crítica situación impacta en una ciudad que, a pesar de la crisis, posee un dinamismo económico importante, a partir de la producción y exportación agropecuaria a través de los puertos de la región, y también es considerada un faro en materia cultural en el país. Una sociedad civil que en 2016 expresó su hartazgo en marchas multitudinarias bajo el lema Rosario Sangra hoy no parece contar con el mismo respaldo social.
La presión política que generaron las multitudinarias manifestaciones de Rosario Sangra derivaron en la firma de un acuerdo de seguridad que rubricaron la entonces ministra Patricia Bullrich y el entonces gobernador Miguel Lifschitz, que consistió en el envío de gendarmes a Rosario, como ya había pasado en 2014 con el “desembarco” de 3400 efectivos al mando del entonces secretario de Seguridad Sergio Berni. En los últimos siete años, cuando estalló la violencia narco, desde el gobierno nacional enviaron cinco veces contingentes de efectivos federales para apaciguar las recurrentes crisis de inseguridad.
El sicariato se transformó en salida laboral, como la venta de drogas
El sociólogo y criminólogo David Garland señala que “uno de los patrones de las agencias estatales es darle mayor prioridad a trabajar sobre las consecuencias del delito más que sobre sus causas”, y señala que esa estrategia “mitiga los costos, enfrentando los miedos de la gente, más que intervenir sobre el delito en sí mismo”.
El sicariato se transformó en una salida laboral, como la venta de drogas. Ese rasgo es demoledor, porque confirma que hay una economía aceitada que gira en torno al crimen y a la droga.
El fenómeno de la violencia en Rosario no se puede explicar sin tener en cuenta la cantidad de municiones y de armas que los grupos narcocriminales utilizan y obtienen de un mercado ilegal que abastece con cierta facilidad a estas bandas.
Este punto generó tensión entre el verborrágico ministro de Seguridad Marcelo Sain, cuya renuncia se concretó días atrás, y el intendente de Rosario, Pablo Javkin, quien pidió que haya una estrategia para sacar las armas de la calle.
Desde hace siete años, la receta ante cada situación crítica es siempre la misma: el envío espasmódico de un refuerzo de efectivos de fuerzas federales para custodiar el centro de Rosario
El fracaso de la gestión socialista, clave para que en sus 12 años de gestión este sangriento fenómeno se expandiera, dio paso a una nueva decepción, tras el paso de Sain por la cartera de Seguridad, un académico que teorizó en varios ensayos sobre los problemas que debía enfrentar en la práctica, pero que en el terreno colisionó contra su propia soberbia y arrastró a una sociedad ya muy golpeada. Llegó a decir –en un diálogo privado viralizado por las redes sociales– que los santafesinos que le pagan su sueldo son “negros pueblerinos” y enfatizó que por suerte “Dios atiende en Buenos Aires, porque de lo contrario la Argentina sería Uganda”.
Los cambios propuestos, como las modificaciones a las leyes de seguridad, chocaron con la negativa de la oposición, y en vez de tender puentes para generar consensos el ministro de Seguridad se dedicó a caer una y otra vez en escandalosas y desubicadas afirmaciones.
La falta de coordinación entre los gobiernos de Santa Fe y el nacional fue más profunda que nunca en esta etapa, por una disputa permanente entre Sain y su par de la Nación, Sabina Frederic, con quien había compartido horas cátedra en la Universidad de Quilmes.
Desde hace siete años, la receta ante cada situación crítica es siempre la misma: el envío espasmódico de un refuerzo de efectivos de fuerzas federales, como ocurrió a mediados de marzo con el despliegue de 300 agentes de la Policía Federal y Prefectura Naval, para custodiar el centro de Rosario. Ciertamente, una maniobra más complaciente que efectiva a la hora de combatir el crimen organizado, que no hace más que tender sus tentáculos sobre una ciudad como Rosario, que no encuentra en su dirigencia la cura para la mortal gangrena que representa hoy el narcotráfico. Mañana será muy tarde.
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