La transparencia electoral, en manos de un juez procesado

En el marco de la investigación llevada a cabo por la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, el juez federal Walter Bento fue procesado como líder de una asociación ilícita que brindaba beneficios judiciales a cambio de dinero. Los gravísimos hechos probados revelan la magnitud del delito: asociación ilícita, cohecho activo, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, violación de secretos, violación de deberes de funcionario público y falso testimonio. Además del juez, se imputó también como responsables a un grupo de abogados, intermediarios judiciales y despachantes de Aduana, un total de 24 personas.

El procesamiento que le cabe a Bento en su carácter de responsable impone la prisión preventiva, pero no podrá hacerse efectiva ya que el magistrado goza de fueros. Su esposa también ha sido procesada por enriquecimiento ilícito y lavado de activos y se ha trabado embargo a ambos por más de $177 millones de pesos.

Se trata de una situación judicial por demás escandalosa que ha quedado en manos del Consejo de la Magistratura, que demora su resolución, y de la Cámara Nacional Electoral, que podría determinar que Bento dé un paso al costado. Mientras tanto, el acusado anuncia que recurrirá a instancias internacionales y denuncia falta de imparcialidad en las actuaciones.

Lo verdaderamente obsceno es que Bento, quien desde hace décadas lleva adelante los procesos electorales en tierra cuyana, continúe en el ejercicio de sus funciones y conserve sus privilegios. A su cargo está formar, corregir y hacer imprimir las listas provisionales y los padrones definitivos, atender los reclamos de los ciudadanos y apoderados de los partidos políticos sobre los datos en ellos consignados, disponer su exhibición y ordenar las tachas de los electores. A pesar de encontrarse procesado, su competencia para entender en las cuestiones que se originen en el ámbito de su distrito es inexplicablemente plena.

La ciudadanía asiste atónita al desenvolvimiento del juez aún en funciones que deshonra la magistratura, quebrando gravemente la credibilidad y la confianza en la Justicia. Que el Consejo de la Magistratura no destituya sin más demoras a este magistrado, imputado como jefe u organizador de una asociación ilícita, acusado de prevaricato, omisión y retardo de justicia, enriquecimiento ilícito, diez hechos de cohecho pasivo y lavado de activos de origen delictivo, constituye otro escándalo.

En un ejemplo de cultura cívica ante una situación insostenible, numerosas organizaciones de la sociedad civil mendocina se pronunciaron en defensa de la transparencia electoral que Bento no garantiza. Trece prestigiosas organizaciones sociales y empresariales que promueven la participación ciudadana presentaron un reclamo ante el Consejo de la Magistratura, requiriendo la urgente suspensión del juez Bento, fundada en que su desempeño no garantiza un proceso eleccionario ni imparcial ni transparente.

En un año de elecciones, el valioso aporte de la ciudadanía mendocina reivindica un principio elemental: la autoridad judicial debe cimentarse sobre el prestigio y el reconocimiento social que avalen su desempeño.

Celebramos que, en ejercicio de sus convicciones republicanas, los ciudadanos independientes se comprometan activamente en defensa del valor de la justicia. La voz de la ciudadanía se alza para denunciar que resulta inaceptable que un juez sometido a un proceso criminal con tantas abrumadoras pruebas continúe en funciones.

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