La tragedia de la Justicia (Última parte)
LA NACION
Debemos remontar años de profundo deterioro judicial: el país debe contar con un órgano imparcial que proteja derechos, resuelva disputas e imponga sanciones
En nuestros dos últimos editoriales sobre la Justicia, explicamos la naturaleza, los fines y objetivos del putsch o golpe de Estado que soportan el Poder Judicial y otros organismos de control, reconociendo en su origen la necesidad que tienen la vicepresidenta y otros ex y actuales funcionarios procesados de quedar indemnes de sus causas sorteando la acción regular de la Justicia y consolidando un poder hegemónico, incluida la venganza. En este intento, está claro que se ha sumado el presidente Alberto Fernández para respaldar la acción de quien lo ha ungido.
Remarcamos la importancia de comprender la naturaleza del embate, los reales objetivos que tiene esta acción contra de la Justicia y otras instituciones, y la forma y modo con que están actuando quienes propician esos arteros ataques, desproporcionadamente superiores a la defensa que ensaya la oposición.
Desde estas columnas, desnudamos las letanías de la funcionaria procesada, que se queja de ser víctima de un inexistente lawfare y objeto de persecución política, situación que comparte con otros funcionarios corruptos condenados o procesados a los que llama "presos políticos", en lugar de lo que son: "políticos presos". Lisa y llanamente, intenta que en el imaginario colectivo se confunda a la Justicia con la basura que tiró frente a la sede de los Tribunales el grupo que pugna por la liberad de la condenada Milagros Sala.
Son horas dramáticas, que los ciudadanos, ni las instituciones deberíamos ignorar
Por todo ello, es momento de reflexionar si no estamos frente a una falta gravísima o, incluso, un nuevo delito cometido por la vicepresidenta. En efecto, no es otra cosa que la actitud de una persona con máxima responsabilidad en el Gobierno que no trepida en degradar las instituciones para obtener un beneficio personal, impulsar un cambio desatinado por el costo y por las implicancias en toda la justicia penal del país y la creación de un tribunal intermedio con la esperanza de coparlo y que le resuelva las apelaciones de sus causas judiciales. En fecha reciente, la Comisión Bicameral de Monitoreo del Código Procesal Penal que claramente responde a sus intereses, agregó un requisito más para demorar la ejecución de las sentencias condenatorias. En efecto, al volver operativa una norma de un Código que aún no rige en el ámbito de la Capital, que es donde se tramitan los juicios que a la vicepresidenta realmente le importan, será imposible cumplir con cualquier sentencia condenatoria mientras exista algún recurso pendiente, por más disparatado que este sea, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Es también grave proponer candidatos políticamente adictos y sin calificaciones de peso para cubrir cargos sensibles –una alta magistratura en la Cámara Nacional Electoral, un juez federal en la Plata, también con jurisdicción electoral, por ejemplo– o en puestos claves en comisiones bicamerales, o de Acuerdos, y colocar a su abogada personal como la directora de Asuntos Jurídicos del Senado, en este caso, para retribuirla con recursos públicos. También lo es impulsar moratorias fiscales para salvar a sus cómplices o presionar a los jueces para que le autoricen percibir sus dos pensiones millonarias, cuestión momentáneamente en suspenso.
Se están creando las condiciones para arrasar con la Justicia
Muchos ciudadanos e instituciones privadas han levantado sus voces, desde instituciones políticas empresariales y del agro; agrupaciones especializadas como Será Justicia, que ha presentado una denuncia internacional; el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, que puntualmente ha criticado cada una de las medidas que se adoptan, y el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (Fores), que ha impugnado candidatos, ha participado de audiencias en el Congreso, ha convocado a un comité de verdaderos expertos como alternativa de la comisión oficial y que ha pedido una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar lo que está ocurriendo. Y, naturalmente, innumerables especialistas que, en artículos de opinión, en los medios de prensa independientes, en las secciones Cartas de Lectores y en las redes sociales han ido denunciando estas desmesuras.
Importantes instituciones y medios de prensa del exterior se preocupan también sobre lo que ocurre en la Argentina con el accionar de Cristina Kirchner y su ambición de sortear la acción de la Justicia. Más tardíamente, los partidos políticos de oposición han comenzado a repudiar estas acciones con la gravedad y extensión que merecen, abandonando las primeras quejas insustanciales.
En este panorama se extrañan reacciones de muchas de las instituciones públicas de la abogacía y de la Magistratura. Denunciar estas acciones no implica apoyar la gestión anterior, tampoco se trata de volcar opiniones partidistas, sino de opinar sobre el plan de destrucción del sistema que se está llevando a cabo. Es algo que está por encima de los intereses personales, sectoriales o corporativos.
Puede ser que la clase política quiera preservarse, pero se está quedando sin país. El día que perdamos el Poder Judicial, quedaremos a un paso de la tiranía
Es cierto que, en palabras de Hannah Arendt, podemos reconocer gestos de "banalidad" cuando el avance sobre los derechos se hace rutinario, adormeciendo la capacidad de juzgar públicamente. Cuando el delito es cotidiano, decrece la visión objetiva que se tiene sobre él o merma el discernimiento sobre su naturaleza.
Administrar justicia es la función más esencial del Estado moderno, es el presupuesto último de su existencia. Un país no puede existir sin un órgano imparcial que proteja los derechos, resuelva las disputas públicas y privadas e imponga sanciones. Además, en nuestro sistema constitucional, la Justicia tiene la última palabra en la interpretación de la Ley Fundamental. No puede existir un sistema constitucional sin un órgano que supervise que la legislación se empareje con la Constitución.
Son horas dramáticas que los ciudadanos no deberíamos ignorar. En lo inmediato, el escenario político está dominado por la pandemia y la crisis económica y social, pero el drama es que en estos días se están creando las condiciones para que, con el tiempo, exploten las consecuencias del sobreseimiento de los corruptos, les permita consolidar un poder que ya parece hegemónico y un supercontrol que permitirá concretar las venganzas.
En importante aclarar el panorama, realizar acciones de esclarecimiento y difusión, reunir voluntades y elaborar una estrategia en conjunto. Por las mismas razones, no es momento de cruzarse de brazos o de discutir los tecnicismos ni de considerar los temas separadamente perdiendo la visión de conjunto.
El problema está al tope de las prioridades pues, si perdemos la Justicia, perderemos la República. Si la institucionalidad de nuestro país ha caído en las últimas décadas, no podemos descuidar lo poco que nos queda. Puede ser que la clase política quiera preservarse, pero se está quedando sin país. El día que perdamos el Poder Judicial, quedaremos a un paso de la tiranía. Como siempre, la Argentina da la nota en el mundo: ¡pretender una reforma judicial planificada por procesados!
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