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La toma de una comisaría, impune
A poco de cumplirse dos años de la toma de la comisaría 24a de la Boca, encabezada por el ex piquetero y ahora funcionario nacional Luis D´Elía, la Justicia ha dado sobradas muestras de inacción, falta de iniciativa e ineficiencia para avanzar con la causa. Como si nadie quisiera hacerse cargo del asunto, dos jueces se declararon incompetentes y hasta ahora, como la Cámara del Crimen de la Capital no ha resuelto el conflicto de competencia, el expediente está paralizado.
A pesar de haber sido D´Elía quien encabezó el copamiento de la sede policial, hasta el momento no ha sido indagado, primero amparado en sus fueros de diputado provincial y desde diciembre último, cuando dejó ese cargo electivo, protegido bajo el cobijo que le brinda su cercanía con las máximas autoridades del país.
Es necesario para la salud de la República que de una vez por todas se revierta, con la acción eficiente de la Justicia, la sensación de impunidad que queda en la sociedad argentina cuando determinados personajes de la política utilizan sus fueros y relaciones para escabullirse de la ley.
El 26 de junio de 2004 un grupo de piqueteros encabezado por el dirigente de la Federación Tierra y Vivienda (FTV) copó la comisaría del barrio porteño de la Boca, furioso por el asesinato del dirigente social Martín "Oso" Cisneros. Ante ello, la jueza María Angélica Crotto ordenó el desalojo de la seccional y la detención de sus ocupantes, pero su disposición no fue acatada. Por ese motivo los ex funcionarios de la Secretaría de Seguridad del Ministerio de Justicia -los fiscales Norberto Quantín y José María Campagnoli- fueron acusados de desobedecer la orden judicial para proteger a D´Elía, aliado del Gobierno.
Desde que se inició la causa, cinco jueces han tenido participación en ella por diferentes motivos. También intervinieron cinco fiscalías: la de la Boca, de turno aquella noche en la que fue ocupada la comisaría; una federal; dos de instrucción (entre ellas la de Campagnoli, quien se excusó por haber tenido participación en los hechos), y, finalmente, una de menores. En diciembre último el fiscal Adrián Giménez reiteró un pedido de declaración indagatoria, pendiente desde noviembre de 2004, pero ninguno de los magistrados se pronunció al respecto.
A pesar del importante número de magistrados y funcionarios de la Justicia que tuvieron participación en la investigación de los hechos ocurridos en la comisaría, los avances han sido poco alentadores. Hasta el momento sólo fue indagado el comisario Vicente Grecco y no se conocen otras medidas procesales que hayan tenido lugar. Esta falta de iniciativa e inacción judicial en nada contribuye a disipar las dudas acerca de la manera en que actúa la Justicia cuando quien resulta ser sujeto de una investigación tiene alguna vinculación con altos funcionarios oficiales.
Es vergonzosa la utilización de los fueros para esquivar a la Justicia en la investigación de acciones reñidas con la ley. En el caso de D´Elía, la protección de los fueros como diputado provincial le garantizaron una vida tranquila mientras su mandato estuvo vigente. Una vez vencido, se aseguró la protección gubernamental al ser designado subsecretario de Tierras para el Hábitat Social por el presidente Néstor Kirchner, un premio por los favores que le hizo al Gobierno.
Es de esperar que este privilegio desaparezca a la brevedad y que el ex piquetero pueda ser sometido a un proceso judicial transparente e imparcial, donde se le permita ejercer plenamente los derechos que garantiza el debido proceso, y se determine su responsabilidad en los graves episodios que culminaron con el copamiento de la comisaría 24a.
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