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La salud es un derecho prioritario
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No hay ninguna duda de que, desde el derecho natural y la Constitución nacional, pasando por todas las leyes nacionales y provinciales, garantizar la salud de la población es una de las principales obligaciones del Estado. Está por sobre toda otra preocupación o tarea, pues sin salud no hay vida o por lo menos no hay vida plena. El gobernante debe mirar por encima de todo a la salud física, moral y espiritual de sus gobernados.
No es de extrañar, entonces, la indignación creciente de la opinión pública ante el conflicto gremial que paralizó al hospital Garrahan y y que ayer afectó a los nosocomios Teodoro Alvarez, Ramos Mejía y Ricardo Gutiérrez. El paro en el Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan causó la postergación de tratamientos y operaciones urgentes. Una vez más, se hicieron prevalecer reclamos gremiales -sin duda justificados- por sobre el derecho constitucional a la salud de los ciudadanos. Con todo hubo casos individuales de enfermeras que no se plegaron al cese de actividades por considerarlo indigno de su vocación.
El colmo llegó cuando se supo del caso de la familia Barrios Ayala, que tenía turno para la operación de su hija Miriley, de dos años, que sufre de una cardiopatía congénita y que había solicitado ser operada desde hacía más de un año. La niña tenía fecha para su operación, pero ésta coincidió con el conflicto gremial; de allí que la solución fue reprogramar la intervención para dentro de un año, en mayo de 2006. La indignación de quienes se enteraron de este disparate no tuvo límites.
Tres veces se postergó la operación de Miriley debido a los paros en cuestión, y sólo cuando la madre de la niña recurrió a la Justicia, mediante una denuncia penal, el ministro de Salud, Ginés González García, decidió recibirla y tomar una medida al respecto. Así se logró que la niña fuera operada, tal como ocurrió el lunes último.
Dos son las reflexiones a las que mueve este hecho insólito. La primera es una sensación de profunda tristeza al ver cómo, con honrosas excepciones, el personal de este hospital y de aquellos que aspiran a seguir sus pasos ha ido perdiendo el fuego sagrado de una profesión que participaba de la vocación y el sacrificio de los médicos, de quienes son apoyo y recurso imprescindible. Por cierto que los médicos no se plegaron al paro en cuestión.
Indudablemente estamos frente a un conflicto de derechos, como tantos que debe dirimir permanentemente la autoridad política si realmente asume la voluntad de gobernar un pueblo. Por un lado, el de huelga o protesta gremial por reclamos salariales, y por otro, el deber de proteger la salud de los ciudadanos por encima de toda otra consideración. Hay mil maneras razonables y equitativas de conciliarlos, que sólo requieren un mínimo de imaginación y buena voluntad. Es claro para cualquier mente desprejuiciada cuál es el derecho que prima y cuál el que debe postergarse.
La segunda reflexión es que resulta inadmisible que no haya modo de resolver un conflicto tan claro y de solución tan obvia sin tener que recurrir a la Justicia. ¿O es que las únicas personas del país que no estaban escandalizadas con este dislate eran las autoridades sanitarias? Hay quienes se quejan del llamado gobierno de los jueces, del abuso de los amparos, del intervencionismo judicial, pero es evidente para cualquier observador que la desidia y el desgobierno en algunos sectores hacen imprescindible encontrar amparo en alguien. Los jueces, que no son gobernantes, por lo menos no hacen oídos sordos al clamor de los ciudadanos y se ocupan, mal o bien, de los problemas que son de competencia del poder administrador.
La salud es una de las funciones irrenunciables del Estado y deber impostergable de quienes tienen la obligación de proveerla, cueste lo que cueste. El problema puntual de esta niña tuvo, felizmente, solución. Confiemos en que otras "reprogramaciones" no generen ninguna desgracia, padecida por quienes no tienen la posibilidad de acudir a la Justicia para lograr aquello a lo que tienen clarísimos derechos.
