La reforma constitucional en Jujuy
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LA NACION
El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, presentó un proyecto de ley de reforma de la Constitución provincial, que ya tomó estado parlamentario. La oposición en el distrito cuestiona la iniciativa por considerar que “avanza hacia una concentración desmedida del poder”. Sin embargo, las propuestas que ha dado a conocer Morales se diferencian de otros intentos reformistas que, bajo el disfraz de incorporar supuestos nuevos derechos, solo buscan la prolongación, cuando no la perpetuación, de los gobernantes en el poder.
Son numerosos los ciudadanos jujeños que coinciden en la necesidad de reformar la Constitución, cuya última actualización fue en 1986. Quienes impugnan la propuesta argumentan que no es el actual un buen momento para instalar esta reforma, cuando la provincia se encuentra inmersa en una grave crisis, al igual que el país en su conjunto, y critican que cambiar la Carta Magna provincial costará millones de pesos.
Morales aseguró enfáticamente que no busca un tercer período como gobernador, por lo que no propicia una nueva reelección consecutiva, sino consolidar un plan de reformas que consoliden la paz social en una provincia que fue sometida durante años a las extorsiones violentas de una organización mafiosa, la Tupac Amaru, amparada por el régimen kirchnerista.
No solo no se establece la posibilidad de un tercer período consecutivo para el gobernador, sino que se limita a dos la cantidad de mandatos de los legisladores provinciales, intendentes, concejales, comisionados y vocales municipales.
Es de valorar la inclusión de la autonomía del Ministerio Público y dar jerarquía constitucional al Consejo de la Magistratura para asegurar la transparencia en el proceso de selección de jueces, como su remoción en caso de incurrir en inconductas.
Otra propuesta digna de interés es la de terminar con las especulaciones de alterar el sistema electoral, según conveniencias momentáneas. De allí que el proyecto en debate prohíba la ley de lemas. Se trata de un verdadero avance en el camino de asegurar la calidad del acto electoral en el que se ejerce, nada menos, que la soberanía del pueblo.
Por otra parte, la idea de prohibir el ejercicio de la facultad de indultar que tiene el Poder Ejecutivo en los casos de delitos de corrupción y enriquecimiento ilícito también constituye un paso positivo para concluir con la impunidad de un mal enquistado que afecta los recursos de los contribuyentes tanto como degrada moralmente a la sociedad y desprestigia a la política corroyendo el sistema institucional.
También se prevé incluir mayores garantías para el libre tránsito a fin de evitar usurpaciones del espacio público y de propiedades privadas y estatales, como sucede cuando se realizan cortes de rutas. Según el gobernador, no se trata de conculcar derechos, sino de regular las manifestaciones: que se deba pedir autorización y anunciar cuándo y dónde se harán para que el resto de los ciudadanos pueda ejercer sus propios derechos, entre ellos, los de circular y trabajar.
Además de incorporar a la Constitución los tratados internacionales que garantizan los derechos humanos, sociales y ambientales, merecen señalarse las referencias a promover una educación que capacite para el trabajo.
Más allá de los cuestionamientos sobre la oportunidad y el costo de la iniciativa, si no se aparta de los valiosos enunciados, Jujuy podría dar un paso positivo en la senda del mejoramiento institucional, única manera de asegurar los derechos y garantías individuales que consagran formas superiores de civilizada convivencia. El proceso de transformación que vive la provincia incorpora cambios positivos aun cuando resulten muchas veces insuficientes frente al enorme peso del Estado.
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