La protesta social, un derecho que viaja por red
En América latina, el uso de las redes sociales da cuenta de ciudadanos cada vez menos contemplativos con la corrupción y más exigentes con sus gobiernos
Numerosos gobiernos de nuestra región están siendo fuertemente cuestionados por reclamos populares expresados mediante las redes sociales. La presión ciudadana contra la corrupción en varios países de América latina es el tema predominante de las protestas. La contundencia de esas voces ha llegado a socavar los cimientos políticos de dirigentes, incluso de los que llegaron a la función pública por caudales electorales nada despreciables.
El fenómeno no es nuevo en el mundo. Las redes sociales no lo son. Pero en América latina se advierte un humor ciudadano cada vez menos contemplativo, más exigente. Así como se unge a un candidato, rápidamente se le exige que rinda cuentas de sus actos y que pague por sus errores. Hay quienes hablan de una indignación popular creciente. Otros intentan minimizar el fenómeno. Pero nadie se atreve a decir que no existe. La censura social en América latina avanza minando creencias férreamente arraigadas, como la que sostiene que es imposible luchar contra la corrupción porque está demasiado enraizada, contra el "roban pero hacen", contra la vista gorda y el consentimiento tácito de quienes, por conveniencia o fatiga, garantizan que todo siga igual.
Varios ejemplos ilustran sobre ese mayor grado de compromiso social. En Brasil, el caso Petrobras se ha llevado puestos a numerosos funcionarios y empresarios. Por cierto que no es el primer escándalo de corrupción en ese país -no puede olvidarse el "mensalao" de 2005- , pero sí el que mayor descontento social ha provocado. Muchísimos brasileños le quitaron su apoyo a la presidenta, Dilma Rousseff, cuya imagen navega corriente abajo en los sondeos de opinión, donde arrecian pedidos de explicaciones y de castigo a los responsables de fraudes, manipulaciones y lavado de dineros públicos. Las redes sociales han sido el canal principal para expresar esas demandas.
Más que conocido es el caso venezolano. Numerosas manifestaciones sociales han sido reprimidas y sus protagonistas, heridos y encarcelados por un gobierno autoritario empecinado en acallarlas. Las consecuencias están a la vista: no lo ha logrado, ni siquiera mediante el ardid de cortar Internet o bloquear sitios web usados por los manifestantes para organizar sus reclamos.
En Chile, la presidenta Michelle Bachelet tardó más de dos semanas en admitir el caso en el que se investiga a su hijo mayor por posible corrupción y tráfico de influencias por un crédito que éste, valiéndose de información privilegiada, obtuvo del Banco de Chile para favorecer a una empresa de su esposa. Como le ocurrió a Rousseff, la caída de la imagen de Bachelet fue brutal.
El miércoles pasado, Bachelet desmintió que fuera a renunciar como consecuencia de la crisis desatada en su gobierno. En Chile, también las redes sociales tienen un papel preponderante como expresión del descontento ciudadano.
En México, se cuestiona al presidente, Enrique Peña Nieto, por el conflicto de intereses suscitado al revelarse que una lujosa propiedad de su esposa pertenecía a una empresa constructora favorecida con contratos de obra pública, un caso parecido al de nuestro país, con las vinculaciones cruzadas entre el matrimonio Kirchner y el pseudoempresario Lázaro Báez, principal beneficiario de la obra estatal patagónica.
En Panamá, por ejemplo, el ex presidente Ricardo Martinelli es investigado por corrupción, espionaje a correos electrónicos y peculado.
Si bien, como hemos dicho, la corrupción es uno de los reclamos predominantes, no sólo refiere a aspectos económicos. La masiva marcha del 18-F en nuestro país, en homenaje al fiscal Alberto Nisman, fue también un reclamo por una justicia independiente del poder político. Las convocatorias a las marchas del 13 de septiembre y del 8 de noviembre de 2012, realizadas también por medio de las redes sociales, tuvieron, entre otros disparadores, diversos reclamos, como el rechazo a la posibilidad de reformar la Constitución con el fin de habilitar a Cristina Kirchner para competir por una segunda reelección consecutiva, la inseguridad, la inflación y la libertad de expresión.
Todos esos llamados a participar, plasmados en las calles con asistencias disímiles, tienen un denominador común: el acceso y uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), que dan a los ciudadanos la posibilidad privilegiada de ser parte de los procesos gubernamentales no sólo a la hora de votar, sino mientras transcurren.
En muchos lugares del mundo, y muy especialmente en los países menos desarrollados económicamente, la tecnología está llegando antes que algunos servicios básicos como la energía eléctrica y el agua potable. Gloria Álvarez, la politóloga guatemalteca que revolucionó las redes sociales con su fuerte discurso antipopulista (https://www.youtube.com/watch?v=xkYEXS16dZA), dio un ejemplo contundente en una entrevista reciente: en su país, hay aldeas donde la gente no tiene electricidad, por lo que va a cargar sus teléfonos celulares a la municipalidad. He allí la diferencia sustancial respecto de otras épocas de iguales o peores condiciones de vida: hoy muchísima gente tiene mayores posibilidades de expresarse y de participar de debates, y los gobiernos, cada vez menos justificaciones para desestimar esas opiniones.
Decía Gloria Álvarez en aquel video: "Desmantelemos el populismo a través de la tecnología, porque el debate de izquierdas y derechas ya es más utilizado por los populistas que por las personas que estamos tratando de rescatar a las instituciones, basadas en la lógica, los argumentos y el intercambio de ideas".
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