La privatización del Banco Nación
Resulta tan inteligente como indispensable encarar el proceso de manera progresiva, abriendo el capital accionario sin una venta unificada del control
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La primera versión de la Ley Bases enviada al Congreso en los comienzos de la gestión del presidente Javier Milei incluía al Banco Nación en la lista de privatizaciones. En las negociaciones posteriores, necesarias para hacer posible su sanción, el Poder Ejecutivo debió quitarlo de la lista. Sin embargo, el decreto de necesidad y urgencia 70/2023, que logró mantener su vigencia al no ser rechazado por la Cámara baja, contiene una disposición que habilita al Gobierno a la venta de activos y acciones de empresas y entes estatales. Apoyado en esta autorización, el directorio de la entidad dispuso “la preparación de la documentación legal correspondiente y necesaria para llevar adelante un proceso de reconversión del Banco de la Nación Argentina en sociedad anónima”. Este sería el primer paso para cotizar públicamente sus acciones e incorporar capital privado por esa vía.
No se hicieron esperar las reacciones sindicales y de la oposición política, canalizadas mediante una acción ante el Juzgado Federal N° 2 de La Plata, a cargo de Alejo Ramos Padilla. Este juez, de reconocida filiación política, resolvió que las normas vigentes no permiten la privatización del Banco Nación y que se requiere una ley para ello. Tanto este juez como aquellas personas que consideran una traición a la patria la apertura del Banco Nación al capital privado deberían saber que el Banco do Brasil abrió su capital e hizo oferta pública de sus acciones en la Bolsa de Nueva York durante la presidencia de Lula da Silva, un líder socialista que, en este caso, dispuso de suficiente sentido común.
Vale también recordar que el Banco Nacional, antecesor del Banco de la Nación Argentina, fue creado como una sociedad por acciones en 1872 durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento. Se emitieron entonces acciones por diez millones de pesos fuertes, que se asignaron por mitades al gobierno nacional y a las provincias para que las suscribieran o las colocaran a inversores particulares. En 1891 Carlos Pellegrini creó el Banco de la Nación Argentina sobre la base de la liquidación del Banco Nacional. Su capital se estableció en 50 millones de pesos con una distribución similar a la de su antecesor. Había accionistas privados y no existía ninguna limitación legal que impidiera al gobierno nacional ni a los provinciales vender sus tenencias a particulares.
El avance exponencial de la tecnología ha modificado en forma impensada el anclaje territorial de una gran parte de las actividades económicas. Esa avanzada ha alcanzado particularmente a los servicios y más intensamente a los financieros y a los mercados de capital. En cualquier lugar del mundo y a cualquier hora se puede comprar o vender una acción o un bono emitido por una empresa que opere en algún otro lugar del globo terráqueo. Ya sean depósitos, transferencias o pagos, hoy no encuentran más obstáculos que los impuestos por las regulaciones o los riesgos de confiscación. No hay aduanas y las medidas preventivas están reduciéndose exclusivamente a aquellas dirigidas a prevenir el fraude o el delito.
Solo los países de economías intervenidas son los que imponen limitaciones y controles, dañándose a sí mismos. De esa forma los ahorros del mundo buscan oportunidades de inversión y su mirada no se limita al país donde se generan. Esto lo han aprendido gran cantidad de empresas de todo tipo y país que concurren a la Bolsa de Nueva York y a otras para colocar sus acciones o títulos. Las principales empresas y bancos argentinos lo han hecho, con varias ventajas. Logran capitalizarse sin tener que ceder el control y se sujetan a normas internacionales apropiadas para emitir y colocar deuda en condiciones mejores que las obtenidas por el propio gobierno argentino.
La operación de la banca comercial no es una actividad que, en la óptica de una democracia liberal, se corresponda con las funciones esenciales del Estado. La decisión de privatizar el Banco Nación es consecuente con esta visión. No son atendibles los argumentos referidos al fomento y apoyo a las pymes, al agro u otros sectores. El Gobierno dispone de multiplicidad de instrumentos para esos fines sin tener que abocarse a evaluar y tomar riesgos crediticios, dispuesto a enfrentar pérdidas sistemáticas. Es inteligente encarar la privatización en forma gradual, abriendo el capital accionario sin una venta unificada del control. La capitalización del banco ya no sería un problema presupuestario que implique detraer fondos de la educación, la salud y de otros destinos sociales más acuciantes.
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