La Justicia bonaerense, en descomposición (Última parte)
Urge revertir la tan notoria como preocupante degradación y vaciamiento de la Suprema Corte provincial por parte del gobierno de Axel Kicillof
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LA NACION
Máxima autoridad del Poder Judicial bonaerense, la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires supo gozar de gran prestigio jurídico e institucional. Como comentábamos en nuestra columna editorial de ayer, el alto tribunal viene sufriendo un proceso de virtual vaciamiento que amenaza esa tradición con solo cuatro de sus siete integrantes, tras el fallecimiento de quien fue su ministro decano, Héctor Negri, y la jubilación de Eduardo de Lázzari, luego fallecido, y de Eduardo Pettigiani.
La afectación a su funcionamiento es evidente. El sistema de rotación anual en la presidencia, previsto por la Constitución bonaerense, lleva a que cada uno de sus vocales asuma ese rol cada siete años. La reducción del número de miembros provoca una aceleración en la frecuencia de esa rotación que impacta y distorsiona el sentido previsto constitucionalmente para su orden y funcionamiento.
Otra anomalía derivada de la anterior es la necesidad de convocar a los jueces de la Cámara de Casación Penal en los casos en que los fallos precisen de una mayoría que sus actuales integrantes no pueden alcanzar por sí solos. Una responsabilidad que este año recayó en Víctor Violini: el autor del vergonzoso fallo que, en 2020, facilitó la salida indiscriminada de detenidos peligrosos con el genérico e infundado argumento de la pandemia.
Las tres vacantes en el Supremo Tribunal bonaerense deberían ser cubiertas por juristas calificados, asegurando que las designaciones no se transformen en prenda de negociación política
La conducta de Violini fue denunciada por la Asociación Civil Usina de Justicia y también por los legisladores Juan Pablo Allan, José Andrés De Leo, Claudia Rucci y Sandra Paris. A raíz de esas actuaciones, el magistrado tiene en curso un proceso de juicio político, además de una demanda en su contra iniciada por el diputado nacional Alberto Asseff ante su resistencia a entregar la declaración patrimonial de bienes.
En 2016, la Corte bonaerense modificó el régimen de presentación de declaraciones juradas en el Poder Judicial. Desde entonces, sus funcionarios están obligados a entregar anualmente dos versiones de ese documento, una reservada y otra de público acceso. Violini se negó a presentar su declaración patrimonial confeccionada en este último formato pese a estar obligado a hacerlo. Esa reacción le valió el pedido de jury de parte de Asseff y el inicio de una causa penal por presunto enriquecimiento ilícito.
Violini aparece citado reiteradamente, junto con otros nefastos personajes, en las escuchas que derivaron en la detención de una banda mixta liderada por funcionarios policiales y judiciales dedicada al vaciamiento de viviendas en City Bell. Las investigaciones de este caso, conocido como la causa Melazo por ser el exjuez de Garantías quien está acusado de liderarla, condujeron a la suspensión de Martín Ordoqui, su colega en el Tribunal de Casación bonaerense.
Es inevitable que las debilidades de un tribunal desintegrado graviten en el Consejo de la Magistratura y que las disputas que allí se dirimen puedan incidir directamente en la selección de los magistrados, imponiéndose el poder político por sobre la búsqueda de consideraciones éticas y estrictamente profesionales
Las tres vacantes en el Supremo Tribunal bonaerense deberían ser cubiertas por juristas calificados, asegurando que las designaciones no se transformen en prenda de negociación política. Versiones periodísticas dan cuenta de que uno de los cargos podría ser cubierto por el juez federal Daniel Obligado, del Tribunal Oral Federal 5, quien votó, junto a Adrián Grünberg, el sobreseimiento de Cristina Kirchner en las causas Hotesur y Los Sauces. De confirmarse, tamaña contraprestación constituiría otra gravísima descalificación para el alto tribunal provincial y para los responsables políticos de integrarlo con personas intachables, idóneas e independientes.
Advertíamos ayer en este espacio editorial sobre los efectos que adquiere la degradación remuneratoria del Poder Judicial bonaerense, de la que no están exentos los miembros de la Suprema Corte. Desde hace años que destacadas personalidades del ámbito jurídico y la propia Corte insisten en la necesidad de alcanzar un sistema de autarquía presupuestaria. Incluso llegó a existir un proyecto de ley que proponía ese régimen que logró obtener estado parlamentario. Lamentablemente, fue desechado sin la menor consideración en una muestra más de desprecio institucional a iniciativas de esta naturaleza que, sin dudas, fortalecerían la autonomía e independencia del Poder Judicial.
Como es dable esperar, las dificultades que atraviesa la Corte provincial impactan sobre el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, cuya presidencia es ocupada por uno de los ministros del alto tribunal. Es inevitable que las debilidades de un tribunal desintegrado graviten en el Consejo, y que las disputas que allí se dirimen puedan incidir directamente en la selección de los magistrados, imponiéndose el poder político por sobre la búsqueda de consideraciones éticas, profesionales y de independencia.
De manera más directa, el raquitismo estructural de la Suprema Corte incide severamente en la virtual parálisis del procedimiento de enjuiciamiento de magistrados. Tal como lo fija la Constitución bonaerense, ante la denuncia contra un magistrado se debe sortear la integración de un jurado de cinco legisladores y cinco abogados de la matrícula para evaluar la probabilidad de avanzar con un jury en su contra. Quien ejerza en ese momento la presidencia de la Corte preside ese jury.
En los hechos, dichos procedimientos llevados a cabo virtualmente se paralizaron durante más de un año y solo algunos registran algún avance. Cabe señalar que las conductas de dos jueces de la Cámara de Casación provincial, de un fiscal general y de fiscales vinculados a casos resonantes de conocimiento público, además de los de otros magistrados, se encuentran actualmente en trámite de enjuiciamiento. Claro que el kirchnerismo se halla más preocupado por promover sin fundamento alguno un juicio político contra el procurador general provincial, Julio Conte Grand, uno de los funcionarios más probos y honestos de la Justicia.
Con la más alta jerarquía de la organización judicial en semejante estado es poco lo que puede esperarse; menos aún requerírsele. Solo cabe ratificar y denunciar sin descanso el estado de descomposición institucional del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires. Nada indica que no se trate de otra situación deliberada con el solo fin de mantener subordinada la Justicia a la voluntad de un poder político comprometido en numerosas causas de corrupción y que encuentra en estos procederes la forma de continuar bregando por su impunidad.
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