La irresponsabilidad oficial agravó la inseguridad
Durante el último año hubo más víctimas de delincuentes excarcelados por el coronavirus que muertos afectados por la pandemia en unidades penales
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LA NACION
En la Argentina, murieron más personas atacadas por presos a quienes se les concedió la detención domiciliaria con la excusa del Covid que presos afectados por el virus en la cárcel. Entre quienes no acusaban comorbilidades se habrían registrado apenas cuatro muertes por Covid-19 durante el año pasado, dentro de los 55 establecimientos penitenciarios bonaerenses que alojan a unas 43 mil personas. Vale señalarlo como contrapartida al controvertido fallo del juez del Tribunal de Casación Penal bonaerense Víctor Violini, quien en abril 2020, invocando razones humanitarias, concedió un habeas corpus colectivo supuestamente en beneficio de detenidos por delitos leves, sin definirlos, considerados como grupo de riesgo ante el avance del virus, aunque en la práctica se liberó también a muchos que no los integraban.
De forma unánime y con un criterio unificado, la Corte provincial acotó luego la medida colectiva y fijó que cada juez analizara caso por caso, pero ya muchos reclusos habían ganado las calles y, salvo cuando hubo reincidencia, nada se sabe a la fecha sobre el paradero de 168 excarcelados. El Sistema Penitenciario Bonaerense cuenta con unas dos mil tobilleras electrónicas, cantidad insuficiente por cierto. Pretender reemplazarlas por la figura de un “garante” del detenido pierde asidero si este fuera persona cercana o familiar.
Lo que entre nosotros exacerbó el descontento ciudadano fue que las liberaciones incluyeran no solo a condenados por delitos graves como violación, sino también a personajes como el exvicepresidente Amado Boudou, con condena firme a cinco años de prisión por corrupción y hoy vergonzosamente cercano a la libertad condicional. La falta de claridad en cuanto a los mecanismos de exclusión adoptados generó también expectativas entre los reclusos y alimentó potenciales consecuencias de violencia o exigencia de liberaciones injustificadas.
El 51% de la población del conurbano bonaerense se encuentra por debajo de la línea de pobreza, confirmando una fuerte polarización y fragmentación social, en palabras de Agustín Salvia, al frente del Observatorio Social de la UCA. Esa falta de horizontes ha disparado también los índices de delincuencia que terminan cruelmente enfrentando a pobres con pobres. Un reciente relevamiento a partir de publicaciones periodísticas registró un aumento del 70% en las muertes en ocasión de robo – incluidos víctimas y ladrones– en la provincia de Buenos Aires durante el primer trimestre de 2021 respecto del año anterior, caracterizado por el escaso movimiento impuesto por el ASPO. La Matanza revela ser el distrito más castigado, seguido por Moreno, Quilmes y Merlo.
Cada hecho tiene nombre y apellido, vidas e historias dolorosamente truncadas por una violencia que asume distintas modalidades. La estadística da cuenta de que al asalto en vía pública o a comercios le siguen las entraderas: 6140 contabilizadas por el Sistema Informático del Ministerio de Seguridad bonaerense en 2020. Los ataques protagonizados por motochorros, tristemente célebres en las últimas semanas, son los terceros en el ranking, con excarcelados por el Covid involucrados que debían haber estado presos.
La Facultad de Psicología de la UBA había revelado hacia fines del año pasado que nueve de cada diez argentinos temía ser víctima de un delito en el futuro cercano; con un 68% de los encuestados que describían la inseguridad en la Argentina como “muy grave” (30%) o “extremadamente grave” (38%). Otro relevamiento, hecho en marzo por la Universidad de San Andrés, ubica como uno de los principales problemas a la delincuencia, los robos y la inseguridad (43%), seguido de la corrupción (42%) y la inflación (40%).
Como en otros países, la excarcelación de reclusos para evitar brotes de coronavirus debió priorizar, en el mejor de los casos, a quienes cumplían prisión preventiva, un número por demás alto dado su uso local extendido, y a los acusados por delitos no violentos. Estas medidas transitorias deberían reverse cuanto antes, ya que solo tendrían que haberse dispuesto asegurando las condiciones de monitoreo o garantizando los arrestos domiciliarios.
La percepción que cada uno tiene de la inseguridad afecta la propia calidad de vida y no hay dudas de que esta es hoy una de las mayores preocupaciones ciudadanas. Lamentablemente, no hablamos de sensaciones sino de vidas en serio riesgo, con una Justicia alejada de las necesidades de la gente y con políticas públicas peligrosamente ausentes en este delicado terreno.
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