La impunidad que derrama sangre en Rosario
El escandaloso juez Marcelo Bailaque afronta varias acusaciones que lo ligan al narcocrimen; sospechan que recibió amplia cobertura política
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El fenómeno criminal en Rosario, caracterizado por una violencia extrema durante los últimos 12 años, es fruto de complicidades. De lo contrario, es difícil entender cómo organizaciones narco marginales, rústicas y poco sofisticadas llegaron a tener el control de varias zonas de esa ciudad y provocar un pánico que, en marzo último, traspasó todos los límites cuando cuatro trabajadores fueron asesinados al azar.
Detrás de la sombra de esos atentados narcoterroristas, como coincidieron en calificarlos el gobierno de Santa Fe y la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, aparece la sombra del jefe narco Esteban Alvarado, preso bajo un régimen de aislamiento en el penal de Ezeiza.
El escandaloso juez federal Marcelo Bailaque está acusado de demorar la investigación, por lo menos tres años, contra ese jefe narco. En 2013, la Policía de Seguridad Aeroportuaria envió un detallado informe sobre las maniobras de Alvarado, que se encargaba de que llegaran a la zona centro del país grandes cargamentos de cocaína desde Paraguay. El oficial Emilio Lencina pidió al juez que ordenara la intervención de varios teléfonos para investigar a Alvarado. Bailaque lo rechazó. Alvarado fue condenado recién en 2022, en el fuero provincial, por un homicidio y asociación ilícita y, en el federal, por narcotráfico. Para un criminal de esa calaña el tiempo significó dinero, con el que construyó una fortuna que aún no se pudo calcular. El testigo Carlos Argüelles, asesinado tras declarar, afirmó que él mismo había acompañado a Alvarado a enterrar “varios millones de dólares” en fosas de hormigón. La impunidad en este caso también provocó que murieran decenas de personas por orden directa del jefe narco.
Bailaque está siendo investigado en el Consejo de la Magistratura, que analiza desde hace cuatro meses el llamativo comportamiento del juez. A lo largo de este tiempo se fueron sumando otras sospechas sobre su accionar. El 11 de junio pasado LA NACION reveló que el contador de Bailaque, Gabriel Mizzau, era el mismo que firmaba los balances de las empresas Sagrado Corazón y Logística Santino, de las que la expareja de Alvarado Rosa Capuano figuraba como testaferra. Sebastián Mizzau, hijo del contador, ingresó a trabajar en el juzgado de Bailaque, que instruía la causa contra este jefe narco.
El Consejo de la Magistratura agregó este capítulo a su investigación, pero además provocó que tres fiscales federales acusaran a Bailaque de incumplimiento de deberes de funcionario público y de prevaricato. Se sumaron otros dos casos. El magistrado federal ordenó que los fondos de la Cooperativa de Estibadores de Puerto General San Martín –que representaban unos 1000 millones de pesos– fueran manejados por los cuestionados financistas Fernando y Guillermo Whpei, investigados por lavado de dinero. En una reunión con los estibadores, los financistas, que son la cara visible del Museo de la Democracia en Rosario, dijeron que se iban a quedar con el manejo de los fondos y de la cooperativa porque eran “amigos” del juez.
Los fiscales investigan un tercer caso, que se centra en las maniobras oscuras del extitular de la AFIP Rosario Carlos Vaudagna respecto del manejo de información confidencial para perjudicar a empresarios.
Estas tramas oscuras que comenzaron a investigarse confirman las versiones que desde hace años existían sobre este magistrado, que se las arreglaba para evitar investigar a personajes poderosos, desde Alvarado hasta los financistas que en Rosario están sospechados de mover dinero narco. Bailaque contaba con una protección política casi transversal.
Durante los últimos días, Bailaque quedó en el centro de la escena con las tres acusaciones que desplegaron en una audiencia los fiscales federales. El juez mantuvo el perfil bajo en lo que parece una estrategia. Fue el abogado de Vaudagna quien, con un planteo técnico, promovió la recusación del juez de garantías Eduardo Rodrigues Da Cruz. Ese magistrado integró el tribunal que juzgó a Alvarado, por lo que ya tenía contacto con las evidencias. Luego de que el juez rechazara ese planteo, los abogados apelaron y recusaron a otro magistrado. En definitiva, Bailaque gana tiempo y nadie descarta que saque un as de la manga para seguir ocupando su cargo hasta que se jubile, dentro de dos años.
Por ahora, la investigación está en una impasse. Los teléfonos secuestrados, tanto del juez como del extitular de la AFIP, pueden aportar más evidencias para desentrañar esta madeja de supuesta impunidad que cubrió una ciudad que sufrió en carne propia una violencia extrema, que llevó a que Rosario tuviera una tasa de homicidios de 24 cada 100.000 habitantes, cuatro veces más que la media nacional.
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