La ideología del fundamentalismo
Es lamentable que en sectores del oficialismo se vea como acción xenófoba el uso de la fuerza pública contra el vandalismo secesionista en la Patagonia
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LA NACION
Desde que un grupo de encapuchados, pertenecientes presuntamente a una agrupación mapuche, incendió una casilla móvil de Gendarmería Nacional que se había instalado en Villa Mascardi para custodiar un predio vandalizado en agosto último, han sucedido varios hechos que merecen una profunda reflexión.
El ataque había sido perpetrado con piedras, palos e incluso disparos –según lo que afirmaron algunos vecinos de la zona–, y los uniformados, por “razones de prudencia”, se retiraron para no resultar heridos y a sabiendas de que, en caso de aplicar la ley, ninguna otra autoridad hubiera salido en su apoyo. La zona ha sido escenario de usurpaciones, incendios, robos y daños a propiedades desde la primera ocupación violenta, que ocurrió el 10 de noviembre de 2017, en un predio de Parques Nacionales. Estos hechos fueron ejecutados por personas que se identificaron como miembros de una supuesta comunidad mapuche y que alegaron la recuperación del territorio mapuche.
De estas ocupaciones existen decenas de expedientes, relacionados con hechos violentos ocurridos en los últimos años en Villa Mascardi, casi todos cometidos por encapuchados. En ningún caso las organizaciones de derechos humanos se pronunciaron. Como si los derechos de los propietarios usurpados no fueran derechos humanos. Tampoco lo han hecho los ministerios de Seguridad. Estas víctimas han sido abandonadas a su propia suerte.
Días después del ataque al puesto de Gendarmería, vecinos de Villa Mascardi marcharon para reclamar el fin de las usurpaciones en el área. En otras palabras, se unieron para defender la Constitución burlada. El fin de lo que podríamos llamar la abolición completa del derecho de la propiedad y de la soberanía nacional. ¿Qué es lo que debe ocurrir para que aquellos que nos gobiernan se solidaricen con quienes sufren a diario la vulneración de los derechos reconocidos en nuestra carta magna? Se trata de una indiferencia incomprensible en un régimen que pretende ser democrático.
Claro que, para sus detractores, el accionar de las fuerzas federales y provinciales que cumplieron con su propio deber institucional y llevaron a cabo el desalojo, días después de la marcha, constituye, en este caso sí, una provocación, una violación de los derechos humanos de quienes con violencia usurparon, incendiaron y robaron a quienes legítimamente vivían allí. Invocan un conflicto étnico, como si todos los mapuches fueran usurpadores y violentos, cuando en realidad se trata de un reducido grupo de delincuentes sediciosos (no detenidos en el desalojo) que actúan con la cara cubierta, violando nuestras leyes e ignorando que la verdadera comunidad mapuche se encuentra integrada a la sociedad pacíficamente
Hugo Yasky, diputado del Frente de Todos, por ejemplo, cuestionó el operativo de las fuerzas de seguridad de la Nación, manifestando que el conflicto sobre las tierras reclamadas por pueblos originarios se resuelva por “vías pacíficas e institucionales”. Ignora Yasky que hay argentinos que no pueden entrar a sus propiedades o a lo que ha quedado de ellas desde hace un lustro sin que él ni muchos otros se hayan preocupado por su situación. La Cámpora, organización a la que pertenece el incompetente ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nacion –que abandonó la querella de Parques Nacionales en la causa por la ocupación de tierras en Villa Mascardi– emitió un comunicado de repudio a “la militarización y la vulneración de derechos que se vienen desarrollando”. Y la exministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta –quien asistió como abogada a Facundo Jones Huala en la causa por su extradición a Chile–, presentó su renuncia en disconformidad con la actuación de las fuerzas federales.
Resulta evidente que estamos ante personas con intereses contrarios a nuestra comunidad, que pretenden que se vea el indispensable uso de la fuerza pública como una acción xenófoba o racista. Su fundamentalismo busca profundizar una fractura en el interior del pueblo argentino a través de la construcción de víctimas, una técnica constitutiva y típica de todo populismo.
Siempre será tiempo de apostar por el diálogo, aun cuando la violencia y la cómplice pasividad de nuestras autoridades se combinen fatalmente. Pero ante acciones vandálicas, la Constitución habilita a nuestras fuerzas a actuar en el marco de la ley para evitar daños mayores. Restaurar la legalidad y el Estado de Derecho debe ser la consigna.
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