La fiesta inolvidable
El descarado e irrefrenable dispendio electoral de recursos públicos por parte de Sergio Massa tendrá efectos económicos gravísimos para todos los argentinos
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LA NACION
Alguien va a pagar la fiesta a todo tren de Sergio Massa, candidato presidencial, ministro de Economía y factótum desde hace un tiempo del Gobierno, como lo fue el coronel Juan Perón durante la revolución de 1943. Hay una diferencia entre ambos, y curiosamente es a favor de Perón: este renunció a los cargos oficiales a partir del momento en que se lanzó a conquistar por los votos el poder que había conquistado dos años antes por las armas.
Alguien va a pagar la fiesta, decimos, porque no se puede gastar alrededor del 1,2% del producto bruto interno a fin de hacer lo posible, y hasta lo prohibido por la ley, para que el candidato de Unión por la Patria triunfe en el balotaje del domingo 19. Hay fechas establecidas por normas vigentes a fin de que los postulantes que se hallen en funciones públicas cesen en el uso de los recursos públicos con objetivos proselitistas. Aquellos son, además, recursos obtenidos por exacciones no pocas veces confiscatorias, y siempre compulsivas, contra los contribuyentes.
No ha habido en la historia electoral de la Argentina un caso parecido al de Sergio Massa, quien ha comprometido en términos fabulosos la economía nacional, haciéndolo al servicio de sus exclusivos intereses personales
No ha habido en la historia electoral de la Argentina un caso parecido al de este candidato que ha comprometido en términos fabulosos la economía nacional, haciéndolo al servicio de sus intereses personales. El ministro sobre cuya gestión pudo decir uno de los dirigentes de la oposición que elevó en 4 millones el número de pobres de la Argentina y subió en un año el costo del dólar de 300 a 1000 pesos ha agotado con planes demagógicos, y una política desenfrenadamente patrimonialista, las últimas reservas de un Estado en toda la línea quebrado.
Ha comenzado por dejar al campo en un suspiro con su insinuación de que se extienda a los bienes rurales en explotación el vulgarmente llamado impuesto a los bienes personales. Luego, lo acotó en un día a quienes poseen propiedades rurales en el exterior; otro día, lo ciñó a 450 explotaciones que seguramente estarán en Uruguay, Paraguay, y algo en Brasil y los Estados Unidos. Terminó, por el momento, en su interminable variación de trucos dialécticos, haciéndoles decir a sus voceros de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca que han sido instruidos para que analicen hipótesis de reducción impositiva al campo desde la perspectiva de una Argentina dispuesta a afianzar las exportaciones.
Todo este enredo ha sido consecuencia del compromiso adquirido con el Fondo Monetario Internacional de alcanzar en 2024 un déficit primario del 0,9 por ciento. ¿Cómo alcanzar un porcentaje tan estricto cuando a la mala praxis económica de un largo año habrá que sumar en adelante el pago de una fiesta preelectoral que será, por los montos en juego, no menos inolvidable que la de la película de Peter Sellers, como estrella central, que han celebrado por más de medio siglo audiencias de todo el mundo?
Las consecuencias del escándalo por la terrorífica exacción al Estado para hacer campaña con el fin de arrimar votos a la fórmula presidencial del oficialismo deberán pagarlas el propio ministro-candidato y sus amigos políticos y no quienes vienen padeciendo la brutal mala praxis que deja al país más endeudado que nunca y sin reservas en el Banco Central
Sí, quién pagará esta fiesta, como se preguntaron los integrantes de la Mesa de Enlace de las entidades agropecuarias, al descalificar el “insoportable despilfarro de dinero de los últimos días en pos de lograr acompañamiento electoral”. No juegue con el campo, Massa, los productores saben distinguir las picardías porque las han conocido de todo tipo; con la ganadería, desde antes de que hubiera patria, en 1810 y 1816, y más tarde, con esa implantación extraordinaria de cultivos que arrancó con los gringos de Esperanza, en Santa Fe, y que desde se allí se extendió a casi todo el territorio nacional.
Usted, Massa, conoce la entereza de los productores. Pusieron el pecho y dijeron basta al atropello inaudito del gobierno de Cristina Kirchner y su ministro de Economía Martín Lousteau, en 2008, con aquella absurda resolución 125 que pretendía esquilmarlos con la apropiación casi por entero de la renta sojera a partir de un cierto precio. Ese “yuyo”, que la entonces presidenta y hoy vicepresidenta en las sombras calificó con improcedente desprecio en aquella encrucijada política es el rubro de mayores ingresos de divisas para la Argentina.
Se queda el Estado por retenciones o derechos de exportación con el 33 por ciento de su precio y se apodera, entre tantos otros valores, del 12 por ciento del trigo y del maíz. Después se aplican las otras gabelas, porque aquellas constituyen un verdadero asalto político, con consecuencias económicas mediatas gravísimas para todos, y directamente para la actividad agropecuaria. Por las carnes, el Estado se queda también con un alícuota discriminatoria: del 9 por ciento, en su caso, y así con otros productos.
El campo sabe distinguir entre los verdaderos timadores y los que usan el tipo de prepotencia que sentó reales en el poder con los dos Kirchner como presidentes. En lo que no puede ni debe distinguir es en las políticas que ignoran en los hechos, cualquiera fuere la forma de su expresión, lo que el campo representa para el interés general del país. Haber enviado a la Cámara de Diputados de la Nación una separata a la ley de presupuesto 2024 con las exenciones a todo tipo de impuestos o jubilaciones, regímenes de excepción industrial, como la monstruosidad que lleva a desarmar y armar electrodomésticos en Tierra del Fuego, o subsidios que han desangrado la economía real, no legitima en modo alguno ninguna intención de extender el gravamen a los bienes personales a la propiedad rural en explotación. Ni siquiera con el camelo de que eso se deja a la consideración de los legisladores.
Por comenzar, se trata de un impuesto que se emparienta con la eliminación en su tiempo, pero no reconocida por Buenos Aires y alguna otra provincia, del impuesto a la herencia. Si se extendiera a los bienes personales –las sociedades ya están gravadas–, habría una superposición de contribuciones inadmisible con lo que cobran las provincias, por impuestos inmobiliarios, y los municipios, por tasas a la mejora y mantenimiento de caminos que con más frecuencia de la deseada se hallan en regulares o pésimas condiciones. Eso sin contar el peso de las retenciones y otros impuestos que agobian al campo.
Erró fiero el secretario de Estado del área, Juan José Bahillo, cuando contestó las aprehensiones públicas de las entidades agropecuarias, diciendo que “intentan sembrar miedo innecesario”. Olvida que el gato escaldado teme hasta del agua fría. El campo alza la voz una vez más para reclamar que lo dejen trabajar sin sobresaltos, sin “miedos innecesarios”, justo ahora que comienza a hacerse sentir El Niño y con él la promesa de dejar atrás una gravísima sequía y lograr para el país una gran campaña agrícola, a pesar de los reveses sufridos a esta altura por el trigo a raíz de la adversidad de diversas condiciones climatológicas.
El escándalo por una fiesta sin duda inolvidable, pero por lo terrorífica, lo deberán pagar el candidato- ministro y sus amigos políticos. No quienes sufren en su actividad hasta por el freno a las importaciones de fertilizantes y fitosanitarios como derivación fatal de un gobierno que ha dejado al país más endeudado que nunca, y sin reservas en el Banco Central.
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